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El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, solicita más medios y regulación para la Unidad de Control Interno de la Universidad de Zaragoza

Oct 22, 2019 en News |

“Las entidades que tienen un buen servicio de control interno funcionan mejor que las que no tienen cubierto este flanco” Así se ha expresado en las Cortes de Aragón el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, en referencia a la Unidad de Control Interno de la Universidad de Zaragoza para la que ha solicitado más medios personales con el fin de garantizar la revisión global de la gestión. Desde 2016, cuatro personas trabajan en esta Unidad, una cifra insuficiente teniendo en cuenta que el volumen de gasto de la institución académica fue de 255 millones de euros.

Ante la ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas convocada con motivo de la presentación Informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza del ejercicio 2016, el presidente del máximo órgano auditor de la Comunidad Autónoma ha explicado  que, además de medios personales, la Unidad de Control Interno de la Institución Académica precisa un reglamento de funcionamiento para regular los procesos de control y un estatutos que garantice su independencia orgánica y funcional.

La fiscalización de la Universidad por parte de la Cámara es recurrente y se debe a la importancia de esta entidad en el conjunto del sector público de Aragón. En este sentido, la Universidad de Zaragoza es la tercera entidad pública más importante después del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, con un presupuesto, en 2016, de 290 millones de euros y un gasto reconocido de 255 millones.  “Se trata de una entidad presupuestariamente muy potente que gestiona el servicio público de la enseñanza superior y los servicios públicos de investigación académica y lo hace de manera descentralizada, a través de 79 unidades orgánicas básicas y unidades de planificación para los proyectos de investigación que, en 2016, tuvieron unos ingresos de 37 millones de euros y unos gastos de 29 millones por lo que es necesario un registro que permita hacer seguimiento de la financiación aceptada para asegurar que se aplica los gastos para los cuales fue recaudada”, ha explicado Peña.

Los gastos de personal, en torno a 200 millones de euros, constituyen la principal partida de gasto y se mantienen en una cuantía estable en los últimos ejercicios. Como aspecto a destacar para la mejor comprensión de las cuentas, Alfonso Peña ha indicado que la contratación de personal investigador, alrededor de 14 millones de euros en el ejercicio auditado, figura como gasto de inversión y no en la partida global junto al resto de gasto de personal de la Universidad de Zaragoza.

Como hecho relevante, Peña ha destacado que en 2016 la Universidad de Zaragoza canceló todas sus deudas con entidades financieras “lo que le permite afrontar la gestión de su servicio sin la carga presupuestaria derivada de los gastos de amortización”.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón ha comparecido junto al vicepresidente de la institución y consejero responsable del Informe, Luis Rufas, que ha sido el encargado de dar respuesta a las dudas y preguntas de los portavoces parlamentarios. En su intervención, ha defendido la importancia de la contabilidad como una fuente informativa de primera magnitud para el gestor y, en este sentido, se ha referido a la necesidad prioritaria de la Universidad de establecer un registro de obligaciones reconocidas con recursos afectados que complete la información que ofrece el presupuesto y que permita apreciar la aplicación de los gastos a los ingresos finalistas y calcular correctamente el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. También se ha referido a la preocupación expresada por los portavoces sobre la elevada tasa de temporalidad en el empleo, del 41,51% en 2016, por encima del límite del 40% establecido en la Ley Orgánica de Universidades, señalada por la Cámara como un incumplimiento de legalidad, si bien, ha explicado que no compete a la Cámara aportar soluciones a un ente que goza de total autonomía.

Tras la comparecencia de hoy, los grupos parlamentarios disponen de un plazo de cinco días para presentar propuestas de resolución previas a la elaboración de un informe que será debatido en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.

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