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Entrevista a Esther Arizmendi Gutiérrez

May 30, 2017 en 69, ENTREVISTA |

Esther Arizmendi Gutiérrez
Presidenta
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

“La vocación de la transparencia no es ser solo una ley, sino impregnar todas las leyes y actuaciones de forma horizontal”


Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Consultora de Formación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece a los Cuerpos: Superior de Administradores Civiles del Estado, Superior de Administración Local y de Técnicos Superiores de Adminis-tración General.Fue jefa de la Unidad de Servicios Generales del Ayuntamiento de Ta-lavera de la Reina, secretaria provincial de Agricultura de Madrid y jefa del servicio de Procedimiento de la subdirección general de Defensa contra Fraudes. En el ámbito del Ministerio de Administraciones Públicas fue jefa de área de Desarrollo Normativo Local, coordinadora de área del Centro de Estudios Superiores de la Función Pública, subdirectora general ad-junta de Planificación, subdirectora general de Planificación y Estudiode Recursos Humanos y de Retribuciones de la Dirección General de la Función Pública y asesora del secretario de estado de Política Territorial. Desde enero de 2012 era directora general de Modernización Administra-tiva, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Ponente de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas como Presidenta de la Subcomisión de Simplificación AdministrativaDesde diciembre de 2014 desempeña el puesto de presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.


Auditoría Pública.- ¿Qué balance general realiza de los dos primeros años de funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

El balance es muy positivo. En el año 2016, toda España estaba en transparencia. Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales asumieron su obligación de suministrar la información a los ciudadanos que ejercieran su derecho a saber. La Administración del Estado contaba con un portal en el que aparecían unos 800.000 datos y al que se asomaron 4.000.000 de personas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno conseguía un espacio en la organización administrativa, creciendo en confianza y mostrando su independencia al defender sus resoluciones incluso ante los tribunales de justicia, incluyendo si el recurrente era la propia Administración.

El Consejo de Transparencia ha crecido muy rápidamente en competencias y responsabilidades aunque no así en medios y recursos. En este momento tenemos incluso menos personal que al inicio de nuestra andadura. A pesar de eso, y con mucho esfuerzo, así como con la ayuda de las ONG, la sociedad civil, las universidades, etc. se han ido asumiendo muchos retos importantes.

También se ha elaborado una metodología propia para la evaluación y seguimiento de la transparencia de la actividad pública (MESTA), mediante un convenio de colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). MESTA permite analizar los avances de la transparencia desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Se trata de una metodología oficial propia, pegada a la ley y que el Consejo cede gratuitamente a todos los organismos públicos y a todos los territorios para conseguir una orientación común que permita comparar los avances reales en todo el territorio nacional.

En este proyecto, como en tantos otros, las relaciones con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han sido muy positivas. En el Consejo de Transparencia tenemos la convicción de que solo si todos colaboramos, el proyecto será un éxito.

También, hemos abierto la línea de relaciones internacionales con la incorporación del Consejo de Transparencia a la Red de transparencia y acceso a la información pública (RTA) que integra a todos los organismos reguladores del cono Sur. Esta incorporación del Consejo, ha tendido un puente entre dos hemisferios, convirtiendo una organización latinoamericana en una organización hispanoamericana.

Sin embargo, no queremos ser presuntuosos y somos conscientes de que aún queda mucho trabajo que realizar.

Hacer caer las barreras para el acceso a la información pública, dotar al organismo de facultades inspectoras y sancionadoras, realizar una autentica campaña de información a los ciudadanos, formar tanto a los sujetos obligados como a la ciudadanía en esta nueva responsabilidad de control y participación en lo público, son asignaturas pendientes por las cuales trabajamos todos los días.

AP.- Con la legislación puesta en marcha en materia de transparencia, ¿en qué posición considera que se encuentra actualmente España en relación al resto de los países de la Unión Europea?

 La entrada de la transparencia en España ha tardado 40 años desde la instauración de la democracia. Los países de nuestro entorno llevan de media entre 10 y 15 de años de aplicación de leyes de transparencia, salvo el caso especial de Suecia, que lleva 250 años desde la aprobación de su ley.

Nos queda mucho camino por recorrer pero esta llegada tardía no va sino a incentivarnos en un avance mas rápido para poder estar en breve plazo a los niveles del resto de los países europeos. Para ello, será imprescindible contar con el compromiso político del Gobierno, la colaboración con las Comunidades Autónomas y, por supuesto, la responsabilidad en el ejercicio del derecho de los ciudadanos, que son los destinatarios principales de la ley.

 AP.- Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en este tiempo, qué mejoras normativas o de funcionamiento considera convenientes introducir para poder reducir con mayor eficacia las zonas de opacidad de las Administraciones públicas?

 En lo que al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se refiere, reivindicamos desde hace mucho tiempo la necesidad de que se atribuya al organismo regulador competencias de inspección y sanción, que son dos vectores que impulsarán la credibilidad del organismo y la obligatoriedad del cumplimiento de la ley de transparencia.

En relación con el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado existe un amplio margen de mejora. En el Consejo de Transparencia nos hemos ofrecido como órgano asesor, que también lo es, para trabajar y pulir todos los puntos débiles del Portal. Entre ellos, sin duda, el tema del acceso que supone una dificultad extraordinaria para el ciudadano común y que, en cierta manera, tiene como consecuencia el escaso ejercicio del derecho de acceso. Solo 7000 peticiones en dos años, frente a las 45000 del Reino Unido o las 34000 de Chile en su primer año.

La necesidad de formación a todos los sujetos obligados y de compromiso con la sociedad en un proyecto de información ciudadana que haga perder el miedo al control, que gracias a la ley pueden ejercer la sociedad civil, también es otro elemento importante para poner en marcha.

 AP.- ¿La regulación de la transparencia deja mucho margen de interpretación a las Administraciones públicas sobre su forma de cumplimiento?

 Relativamente. Es cierto que los artículos más estratégicos,  que son los se refieren a los límites (artículo 14) y a las causas de inadmisión (artículo 18) están redactados de forma amplia utilizando conceptos jurídicos indeterminados. Por eso, el Consejo de Transparencia, con sus criterios, ha ido cerrando la interpretación y circunscribiéndola a exigencias que hagan de estos supuestos casos excepcionales.

También las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo han avanzado doctrina en la misma dirección, con lo cual, cada vez más, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su aplicación, va cerrando los nichos de opacidad a favor de una transparencia universal, amplia, configurada como un derecho subjetivo y de escasos límites.

 AP.- Los derechos de publicidad activa y de acceso a la información pública y el cumplimiento de las normas de buen gobierno representan indudablemente garantías de calidad democrática. ¿Cabe considerarlos también herramientas útiles para evitar la corrupción?

 Sin duda. No hay mejor prevención que saber que toda una sociedad responsablemente está ejerciendo el escrutinio de la actividad pública a través del ejercicio del derecho a saber.

El preámbulo de la ley de transparencia lo dice muy claramente: “Solo cuando la acción de los responsables públicos se someta a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.

 AP.- ¿Cómo valora el grado de cumplimiento de las obligaciones que establece la ley de transparencia en el conjunto de las Administraciones públicas y de los demás entes que forman el ámbito subjetivo de aplicación?

En este momento, tenemos una valoración objetiva que afecta a los órganos constitucionales, órganos de relevancia constitucional y organismos independientes. El resultado de este informe de esta evaluación se presentó en el mes de abril.[1]

Este grupo de sujetos obligados goza de una extraordinaria salud en materia de acceso a la información y transparencia. La media es un 8,5 en la transparencia obligatoria y un 5,3 en la transparencia voluntaria –que es ir más allá y, aunque la ley no lo requiera, se refiere a la publicación de aquellas cuestiones que han sido más demandadas por la ciudadanía–.

Sinceramente pienso que la realidad del resto de los sujetos obligados puede ser de menor calidad que la de los organismos en el primer informe MESTA. Este resultado supone que se puede hacer una transparencia de calidad, que otra Administración es posible y que la rendición de cuentas es ya una realidad en los organismos que lideran la estructura democrática de nuestro Estado.

 AP.- El Consejo que preside ha presentado en marzo de este año una metodología de evaluación y seguimiento como sistema de medición oficial del cumplimiento de la transparencia. ¿Permitirá medir el cumplimiento en términos cualitativos?

Por supuesto. La metodología creada por el Consejo de Transparencia, MESTA, mide los 60 ítems de publicidad actividad y los 8 indicadores de calidad en la información, que son: presentación, forma, integridad, estructuración, actualización, accesibilidad, reutilización y claridad.

La verdadera transparencia requiere una información desde la que, según mi punto de vista, es más importante la calidad que la cantidad.

 AP.- Las instituciones de control externo también están planteando dentro de su función fiscalizadora la verificación del cumplimiento de la legalidad en materia de transparencia. ¿Considera que puede haber mecanismos de colaboración entre el Consejo de Transparencia y las Icex?

Sí, y cualquier ayuda en la verificación del cumplimiento de la transparencia es muy bienvenida.

La vocación de la transparencia no es ser solo una ley, sino impregnar todas las leyes y actuaciones de forma horizontal.

 AP.- ¿Qué opinión le merece la diversidad del encaje institucional que han tenido las competencias sobre transparencia en las comunidades autónomas?

En el momento en el que se aprobó la ley de transparencia, finales de 2013, la situación de la Administración –con presupuestos prorrogados y severas normas de austeridad–obligó a buscar soluciones eficaces, pero también eficientes, para asistir a la transparencia en sus fines y en su implantación.

Por eso, algunas Comunidades Autónomas utilizaron organismos ya existentes, como por ejemplo, las agencias de protección de datos o las defensorías del pueblo. Otras Comunidades Autónomas confiaron en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y se firmaron convenios para la defensa de la ley. En este momento, hay seis Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas que han cedido al Consejo el ejercicio de esta competencia. Y, por último, algunas Comunidades decidieron crear sus propios organismos.

Lo importante es que todos estemos coordinados, que aprendamos a trabajar juntos, desde el Estado y las Administraciones Territoriales, para evitar que se creen nichos de opacidad o transparencias desiguales por razón del territorio. La experiencia del Consejo de Transparencia con las Comunidades Autónomas es excelente. De hecho, para la elaboración de MESTA hemos trabajado juntos y la interlocución es fluida y constante en las dos direcciones.

 AP.- ¿Cómo interpreta el nivel de litigiosidad contencioso-administrativa que está habiendo por parte de los organismos públicos que recurren las resoluciones del Consejo? ¿Resistencia a la transparencia o colisión de derechos?

Ambas cosas. Es cierto que, en algunos asuntos, al no haber experiencia previa, es complejo dar con la interpretación exacta y para eso están los Tribunales, que dirimen cualquier tipo de dificultad a la hora de interpretar la aplicación de las leyes.

Y también es cierto que algunos Tribunales han destacado ya que los criterios y las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pueden gustarte o no pero están refrendadas por su carácter de organismo regulador y su competencia.

Por último, también hay algún organismo que sistemáticamente niega la información y utiliza los recursos como manifestación de una voluntad de esquivar las obligaciones que contiene la ley.


 [1] http://consejodetransparencia.es/ct_Home/actualidad/noticias/hemeroteca/2017/04/20170419.html#.WPn1KEWLTcs

 

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