Fernando Redondo Rodríguez
Presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias
Los órganos de control externo son los únicos que pueden fiscalizar con independencia y garantía
Fernando Redondo Rodríguez (Gáldar -Gran Canaria-, 1948) es un apasionado de la economía, de la naturaleza y seguro que también de lo público. E incluso de la política. En estos ámbitos, ya ha hecho sus pinitos. Prueba de ello es que llegó a ser consejero en el Gobierno de Canarias, con cartera en Política Territorial y Medio Ambiente. Persona respetada, querida y de brillante trayectoria en la administración autonómica, es desde 2007 presidente del CES canario, desde cuya plataforma se empeña en aportar su granito de arena al desarrollo socioeconómico del archipiélago. En esta entrevista, realizada en el marco del VIII Seminario que la Audiencia de Cuentas de Canarias celebró en la Universidad de Verano de Maspalomas de 2010, en Gran Canaria, Redondo habla de crisis, de ciudadanos y de la que cree la principal apuesta de las instituciones de control externo del sector público: la fiscalización de servicios y políticas “con independencia y garantía”.
Auditoría Pública.- Usted ha estado vinculado de alguna u otra manera al Consejo Económico y Social de Canarias (CES) desde el año 2001 y es desde 2007 presidente de esta institución, en la que están representados los agentes sociales. ¿Qué aporta el CES al desarrollo social de la Comunidad Autónoma de Canarias? Concrete, si no le importa, algunos ejemplos de planes o acciones que ha promovido el CES con resultados óptimos para la ciudadanía de las islas.
El objeto primordial del CES es propiciar la participación de los agentes económicos y sociales en la búsqueda de alternativas y soluciones a las carencias y necesidades de la sociedad canaria. Nuestra aportación se concreta en los dictámenes e informes propios sobre las iniciativas del Gobierno autónomo o sobre temas que consideramos de importancia social. En los últimos años, se ha elaborado una media de nueve dictámenes anuales sobre contenidos variados: drogodependencias, Ley de Sanidad, formación profesional, calidad alimentaria, investigación… Además, desde el año 2007, elaboramos un Barómetro de Opinión Pública que se ha convertido en una herramienta indispensable y de referencia para el análisis de las necesidades y prioridades de los ciudadanos de Canarias. Otra actuación relevante es el Informe anual sobre la situación de la economía, la sociedad y el empleo de Canarias.
A.P.- Su formación como economista y su amplia experiencia en gestión pública (llegó a desempeñar el cargo de consejero de Política Territorial en el Gobierno de Canarias) son condiciones que seguro que le permiten opinar con criterio sobre de la situación económica actual que se padece en Europa, España y Canarias (por sólo nombrar los territorios más cercanos). En el archipiélago el paro ya casi alcanza el 30% de la población activa. ¿Qué ha ocurrido y qué debemos esperar a corto y medio plazo? ¿Qué tiene que saber el ciudadano de a pie que no se ha dicho con claridad; para qué debe prepararse?
El Informe anual… contiene un conjunto de recomendaciones y análisis que intentan responder ampliamente a estos interrogantes. De forma muy esquemática, señalamos la pérdida de competitividad de la economía canaria vinculada a la baja productividad. No creemos que la persistencia de altas tasas de desempleo sea inevitable. Para evitarlo, debemos apostar por un cambio sustancial en el modelo formativo, apostando claramente por el conocimiento; por una reforma del marco institucional, en segundo lugar, y también por propiciar una administración canaria más eficaz. Por último, con el horizonte de 2013, hay que potenciar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias con objetivos hasta el 2020. El mensaje al ciudadano es que la crisis exige una adaptación a comportamientos nuevos de la economía, de los consumidores y del mercado internacional, y que ya nada será igual.
A.P.- La crisis de hoy en día, para algunos de sistema, o sea, estructural, y para otros mera recesión cíclica, ha frenado en seco la locura consumista de la población (por el cierre del grifo de los préstamos bancarios, por el paro y por el aumento del miedo, que potencia el ahorro) y ha hecho retroceder la renta per capita en las islas a niveles de varios años atrás. Se está produciendo un empobrecimiento de la población canaria. ¿Así también lo cree usted? ¿Qué está en manos de la Administración pública y qué en las del ciudadano?
Efectivamente, en los últimos años, la convergencia de la economía canaria con Europa y el resto de España ha retrocedido. Son preocupantes las tasas de paro y pobreza relativa. Creo, sin embargo, que algunas de las bases para el despegue económico están bien posicionadas. En concreto, tenemos unas magníficas infraestructuras públicas y empresas con niveles competitivos. El fallo es no apostar decisivamente por las nuevas economías. Para ello, vuelvo a insistir en la necesaria adaptación del marco institucional. A este asunto dedicamos el Informe de 2010. Simultáneamente, no podemos olvidar las políticas enfocadas a los colectivos que sufren con mayor dureza la crisis: jóvenes sin formación, mujeres y parados de larga duración y dependientes.
A.P.- El CES, a través de estudios y encuestas que realiza a menudo en el ámbito canario, debe tener bien pulsada la opinión general de la sociedad isleña acerca de sus políticos, sus administraciones públicas y los servicios que ésta presta. ¿Qué opinión resumida nos pueda aportar al respecto, siempre según los últimos trabajos realizados por el organismo que preside? ¿Cómo quedan retratadas en esas consultas instituciones canarias como el Diputado del Común, el Parlamento de Canarias, la Audiencia de Cuentas e incluso el propio CES?
Empezando por lo último, sólo el Parlamento es ampliamente conocido. El resto de instituciones son poco conocidas. La valoración política no puede desligarse del contexto de crisis actual. La valoración es baja y la tendencia es negativa; sin embargo, se tiene una alta valoración de los servicios públicos y una muy alta valoración sobre la calidad de vida en Canarias. Los servicios a los mayores, los transportes, la seguridad ciudadana, la educación, el medio ambiente, etcétera, superan el aprobado. Los menos valorados son la administración de justicia y los servicios y programas de fomento del empleo.
A.P.- ¿Cree usted que el CES es bien conocido entre la ciudadanía isleña? ¿Saben los canarios para qué, por qué y con qué objetivos se creo este organismo? Por favor, indíquenos cuáles son los servicios esenciales que presta el CES, qué planes tiene previsto desarrollar a corto y medio plazo y cuáles son los objetivos que persigue con sus actuaciones.
El grado de conocimiento es bajo, pero la instituci&o
acute;n está bien valorada. El CES es una entidad de carácter consultivo del Gobierno de Canarias y además cumple una función que considero primordial: ser el lugar de encuentro y consenso entre todos los agentes sociales. Es posible que no se valore lo suficiente, pero la cultura de la negociación y el acuerdo (la mayoría de los dictámenes e informes se aprueban por unanimidad) es algo que escasea en la sociedad canaria. Somos una parte de la sociedad civil que indica claramente sus opiniones.
A.P.- Usted participó en la segunda quincena de julio en un debate organizado en el VIII Seminario de la Audiencia de Cuentas de Canarias dentro de la Universidad de Verano de Maspalomas. En esa mesa redonda se pedían aportaciones relacionadas con lo que los gobiernos e instituciones públicas deben pedir a los órganos de control externo; en el caso de Canarias, a la Audiencia de Cuentas. ¿Cuáles fueron sus tesis?
Mi participación se limitó a reflexionar sobre un debate que está vivo en todas las sociedades avanzadas: la representatividad de los ciudadanos en el contexto del diálogo social. Las organizaciones empresariales y las sindicales tienen cauces y ámbitos claros de participación, pero hoy la sociedad es más compleja y diversa y el llamado “tercer grupo”, con una fuerza cada vez más creciente, necesita cauces institucionales de participación. Me refiero a grupos de intereses concretos para temas específicos, ya sean medioambientales, científicos, sociales… Éstos no encajan en la tradicional división de empresario o sindicato. Si queremos que instituciones como la Audiencia de Cuentas amplíen su ámbito de actuación, debemos buscar formas de integrar a una parte de la sociedad civil que no tiene posibilidades de hacerse oír.
A.P.- Como sabe, la Audiencia de Cuentas de Canarias, tal y como ha formulado en su Proyecto Avance, se ha empeñado en reorientar sus trabajos de fiscalización hacia la auditoría operativa o de gestión; o sea, a evaluar más los servicios y las políticas públicas que a centrar en exclusiva sus actuaciones en el control de legalidad. El objetivo, dice la Audiencia de Cuentas, es aportar información más útil para el ciudadano de las islas; por ejemplo, lo que ha ocurrido con las conclusiones del informe de fiscalización sobre el gasto público en turismo (2004-07). ¿Qué le parece este camino?
Muy oportuno y necesario. Es lo que demandan los ciudadanos. Los órganos externos son los únicos que lo pueden hacer con independencia y garantía. El punto de referencia para evaluar las políticas públicas es “el cumplimiento de los objetivos fijados”. El núcleo, por tanto, es obtener de las administraciones responsables el compromiso de fijar indicadores cuantificables y objetivos en términos de impacto socioeconómico. Sólo así podremos analizar si se aplican eficientemente los recursos. Por ello, es importante profundizar en los mecanismos de participación social, y los nuevos actores sociales, en la definición de los objetivos.
A.P.- El CES canario y la Audiencia de Cuentas se relacionan a través de un marco de colaboración definido por ambas instituciones. ¿Cómo está siendo esta experiencia y qué dan unos y otros gracias al convenio de colaboración rubricado por las partes?
El pasado mes de noviembre firmamos un convenio de colaboración precisamente en la línea anteriormente descrita: institucionalizar la evaluación de las políticas públicas y su fiscalización. En definitiva, identificar los temas más relevantes de nuestra realidad en su ámbito de actuación. Hasta ahora, hemos actuado en el campo de facilitar la utilización conjunta de nuestros medios documentales y en la participación en jornadas. Actualmente, tenemos en estudio la coparticipación en un marco de colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para la evaluación de la situación actual de los municipios con vistas a la realización de un Pacto Local en Canarias.
