ENTREVISTA
FRANCISCO CAAMAÑO DOMINGUEZ
Ministro de Justicia.
“La trasparencia resulta esencial y debe ser una prioridad democrática”
A.P. En su ya larga trayectoria política, primero como Secretario de Estado y ahora como Ministro, como valoraría el control externo de la actividad financiera?
Constituye un elemento clave y esencial para el control del gasto, la valoración de la gestión pública y la transparencia de las cuentas.
A.P. Acaba de anunciarse un plan estratégico para modernización de la administración de justicia? Cuales son sus líneas esenciales?
Modernizar la Administración de Justicia es trabajar por una justicia más eficaz que atiende en tiempo a los ciudadanos. Ese servicio público de calidad requiere:
– Una justicia tecnológicamente más avanzada. Con el plan de modernización 2009-2013 nuestros Juzgados y Tribunales trabajarán en red y en tiempo real, utilizarán expedientes digitales, contarán con sistemas audiovisuales de grabación y de video conferencia; el Registro Civil será una base de datos, con información personal en línea (se desjudicializará el sistema).
– En segundo lugar se necesitan más unidades judiciales. En los próximos tres años se crearán 600 unidades judiciales y se convocarán 750 plazas de jueces, 450 de fiscales y 800 de secretarios.
– Y, en tercer lugar, se desplegará la nueva oficina judicial lo que supone una verdadera reingeniería de la organización judicial, con la creación de servicios comunes de tramitación, gestión y ejecución al servicios de varios juzgados.
A.P. Dicho plan contará con objetivos e indicadores para poder medir su eficacia, pero también su eficiencia y economía?
Desde luego que si. El plan se desagrega en programas operativos anuales en los que se establecen los plazos de ejecución y los criterios de verificación de las actuaciones programadas.
A.P. Como responsable político, en qué medida se están incorporando nuevas técnicas de gestión (sistemas gerenciales, cuadro de mando integral, etc) a la hora de la toma de decisión?
Esa posibilidad es ya una realidad en la gestión ordinaria del Ministerio desde la creación de las gerencias territoriales.
A.P.¿Ve posible a medio plazo la separación de ámbitos políticos y ámbitos gerenciales y de las consiguientes responsabilidades en los niveles más altos del gobierno?
La separación de aspectos políticos y gerenciales constituye un objetivo muy deseable porque introduce criterios de objetividad y de responsabilidad por la gestión desarrollada mas allá de la responsabilidad política. De todas formas resultará difícil de implementar en el corto y medio plazo.
A.P. Desde el máximo nivel de responsabilidad política ¿ como se valora y como se consigue la transparencia?
La transparencia resulta esencial y debe ser una prioridad democrática en la medida en que es un elemento clave para la correcta valoración de la gestión de lo público. La consecución de la misma requiere la implantación de medidas normativas que aseguren sus contenidos fundamentales, pero también una programación de la acción pública clara e inteligible para todos los ciudadanos.
A.P.¿La crisis económica ha agudizado los problemas de la justicia?
Indudablemente. El número de asuntos en los Tribunales del orden social y de lo mercantil se ha disparado por lo que se vienen diseñando “planes de choque” para esos juzgados especialmente afectados por esta circunstancia.
A.P. Siendo muchos los problemas de la justicia en España¿ se atrevería a formular un objetivo para la misma en cuanto servicio fundamental?
Yo me atrevería a señalar que el objetivo fundamental sería que la Justicia dictase sus resoluciones en un tiempo razonable y con información a los ciudadanos.
A.P. Como valora la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable y sus relaciones con la jurisdicción penal y la contencioso-administrativa?
Resulta claro que la regulación actual genera un resultado muy complejo. Acaso fuese mejor pensar en un Tribunal de Cuentas con función revisora.
A.P. Pasados más de 20 años desde la aprobación de las normas reguladoras del Tribunal de Cuentas, y habiéndose constituido ya doce órganos de control externo que no existían en aquel momento, no sería el momento de abordar una reforma de dicho marco normativo para adaptarlo a la nueva realidad?
Sin duda. La vigente regulación del control externo necesita una urgente puesta al día para incorporar las nuevas realidades institucionales -12 OCEx ya funcionando- y la ya larga experiencia de fiscalización repartida entre el Tribunal de Cuentas y y los entes autonómicos. Se debe buscar la máxima coordinación entre los distintos niveles, profundizando al mismo tiempo en la coordinación de actuaciones con el Tribunal de Cuentas Europeo.
