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Entrevista a Jesús Lizcano Álvarez

Abr 30, 2011 en 53, ENTREVISTA, Hemeroteca | 0 comments


Jesús Lizcano Álvarez
Presiente de Transparencia Internacional España
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid


» Eficacia y transparencia son los grandes desafíos para los próximos años en todas las instituciones públicas»


Transparencia Internacional (TI) es la única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción. A través de sus capítulos en el mundo (entre los que se encuentra TI España) y su Secretario Internacional. Transparencia Internacional, aborda las diferentes facetas de la corrupción. Para la consecución de sus objetivos, «monitorea» el desempeño de algunas instituciones claves y ejerce presión para la adopción no-partidista de las reformas que sean necesarias. Por una parte, realiza una evaluación del nivel de trasparencia de las distintas Administraciones, y por otra, impulsa y propicia el aumento de la información que estas instituciones ofrecen a los ciudadanos y a al sociedad en su conjunto.

PERFIL
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 Auditoría Pública.- Como presidente que es de Transparencia Internacional España, ¿podría decirme si la transparencia es la antítesis de la corrupción, o algo más?

La transparencia es efectivamente algo más que la antitesis de la corrupción; como conceptos realmente antitéticos de corrupción podríamos mencionar el de integridad, o el de honradez. La transparencia es  una actitud, una filosofía, y en definitiva, constituye el mejor antídoto contra la corrupción; en la medida en que una entidad pública u otra organización sea más transparente, más difícil será que haya en la misma prácticas de corrupción, porque existirá un mayor nivel de información, y por lo tanto un mayor control, tanto desde dentro como desde fuera de la institución, dificultando ello la proliferación de la corrupción.

A. P.- Cuando desde esta ONG hablan de información, ¿hacen referencia sólo a la económico-financiera?

La transparencia económico-financiera es muy importante, pero constituye sólo una de las áreas en las cuales entendemos que una institución pública ha de ser transparente; es por ello que dentro de nuestros índices de transparencia además de este área económico-financiera evaluamos otras áreas, como pueden ser las de información sobre la propia institución pública, las relaciones con los ciudadanos y la sociedad, las contrataciones de servicios y suministros, así como las materias de de urbanismo, obras públicas, ordenación del territorio, etc. Estas áreas de transparencia las evaluamos tanto en Ayuntamientos como en Comunidades Autónomas, así como en los organismos responsables de la Gestión del Agua, que son las instituciones sobre las que proyectamos nuestros Índices de Transparencia. En todo caso se da la circunstancia de que la transparencia económico-financiera es precisamente en la que normalmente obtienen peores resultados las instituciones evaluadas, lo cual es significativo, ya que se proyecta sobre la forma en la que se administra el dinero procedente de las aportaciones de los ciudadanos. 

A. P.- En esta realidad mundial en que estamos inmersos, de información al minuto y mercados globalizados ¿la transparencia adquiere mayor trascendencia para los poderes políticos, económicos y ciudadanos, como oferentes y demandantes de información que son?

Efectivamente vivimos actualmente en una Aldea Global permanentemente interconectada, por lo que existen unas posibilidades realmente espectaculares de obtener y proporcionar ingentes cantidades de información prácticamente en tiempo real dentro de esta Red mundial en la que estamos integrados. Es por ello que la sociedad y los ciudadanos poseen y demandan cada vez más información, sobre todo de las instituciones que les representan y que administran el dinero que aportan en forma de impuestos, y ello constituye un verdadero y continuo desafío para los poderes públicos, y también para las empresas, que tienen una relación cada vez más estrecha e importante con todos sus stakeholders, así como para la sociedad civil, que es cada vez más exigente y más participativa, lo que se evidencia en el gran desarrollo que están teniendo las redes sociales.

A. P.- TI España publicó en diciembre de 2010 el Barómetro de la corrupción a nivel mundial, o, lo que es lo mismo, cómo percibe el ciudadano el índice de corrupción en su entorno, con resultados muy negativos para los países más desarrollados. ¿Se pueden relacionar estos resultados con la crisis financiera mundial?

El Barómetro Global de la Corrupción es efectivamente uno de los cuatro grandes índices que se elaboran y publican a nivel internacional por nuestra organización. El último Barómetro publicado, el de 2010, recoge entre otras cosas la percepción que los ciudadanos del mundo tienen sobre la corrupción, y los resultados no son nada alentadores, ya que seis de cada diez ciudadanos afirman que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, y se da la circunstancia de que este porcentaje es todavía más alto en América del Norte (67%) y sobre todo en Europa (73%), lo cual hace ver un cierto nivel de correlación (y quizá de causalidad) entre los países en los que más ha calado la crisis financiera y el aumento de nivel de corrupción percibida por los ciudadanos. En este contexto, además, no salen bien parados los partidos políticos de cada país, ya que a nivel mundial ocho de cada diez personas sostiene que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos, lo que evidencia la imagen que la ciudadanía de esta Aldea global tiene en general de la clase política.

A. P.- ¿Cómo podemos recuperar la confianza en las Instituciones?

Para que aumente el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones, éstas se lo tendrán que ganar, y una de las formas de hacerlo será que incrementen su nivel de apertura y de transparencia informativa a los ciudadanos, de forma que éstos puedan así conocer mejor a las instituciones, participar en las mismas, así como ejercer un cierto control sobre ellas; ello podría acercar al ciudadano a las instituciones y podría mejorar así su nivel de confianza en las mismas.

A. P.- ¿Cuál es el grado de aceptación de las conclusiones alcanzadas en los informes que anualmente elaboran tanto sobre el Índice de transparencia de las Comunidades Autónomas como de los Ayuntamientos?. ¿Han servido para algo, viéndolo desde una perspectiva temporal?

El grado de aceptación de nuestros Índices ha sido en general bastante positivo, aunque siempre hay excepciones por parte de algunos de los que resultan evaluados desfavorablemente en los mismos; en todo caso hay que destacar que muchas instituciones que han obtenido malos resultados en algunos Índices se ponen las pilas para mejorar el año siguiente, y en muchos casos las mejoras son realmente significativas. En el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, que lleva ya realizándose tres años, podemos juzgar muy favorablemente la actitud general de dichas instituciones en lo relativo a la transparencia, como lo muestra el hecho de que la calificación media de los ayuntamientos el primer año (2008) fue 52´1 sobre 100, mientras que en 2009 fue de 64´0, y en 2010 la media de los 110 grandes Ayuntamientos evaluados ha alcanzado 70´2 sobre 100. Ello viene a evidenciar que incluso habiendo cambiado un cierto número de indicadores, poniéndolos más difíciles, el hecho es que los resultados han ido claramente mejorando en estos últimos años, lo cual viene a poner de manifiesto que la publicación de estos Índices propicia y genera un aumento de la transparencia y la calidad informativa de estas instituciones,
por lo que en este sentido hemos de estar necesariamente satisfechos.

A. P.- Últimamente ha surgido el debate político sobre la conveniencia de que coexistan instituciones de control, a nivel nacional y autonómico, de naturaleza semejante., como el caso del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control autonómicos. ¿Qué opinión le merece?

En este caso, y como economista que soy, lejano a la política, opino que la coexistencia de instituciones de control a nivel nacional y autonómico será conveniente o no en función de que puedan cumplir su trabajo de forma eficiente, transparente y míninamente rápido. Ya sea de forma centralizada o descentralizada, lo importante es que la red de controles funcione eficazmente, evitando solapamientos, conflictos de intereses, gastos superfluos, etc. y buscando el máximo de sinergia, transparencia y operatividad; cumpliendo estos objetivos, opino que el control se podría ejercer adecuadamente desde las instancias cercanas a los ciudadanos e instituciones, y sin que por definición haya que descabalar o suprimir el conjunto de las instituciones existentes. La eficiencia y la transparencia son los grandes desafíos en estos próximos años en todas las instituciones públicas, y no solamente en éstas de control.

A. P.- ¿Considera que los Informes que publicamos los Ocex y el Tribunal de Cuentas son información “transparente”?. ¿Cómo se podrían mejorar?

Los informes de los Ocex, al menos los que he tenido ocasión de ver en estos últimos años, son bastante diferentes y tienen distintos niveles de detalle y de delimitación de sus contenidos. A mi juicio lo más importante de estos informes es que sean lo más puntuales, detallados y cercanos a las necesidades informativas y al lenguaje que demandan los ciudadanos, y también que sean más rápidos e inmediatos respecto a los hechos acaecidos y controlados, que no es lo que sucede ahora en algunas ocasiones, por ejemplo, con los informes del Tribunal de Cuentas. También es cierto que algunos de estos retrasos dependen de factores de carácter jurídico, de la actitud de los sujetos controlados, y de la laxitud en algunos casos de las autoridades competentes para atajar estos retrasos.

A. P.- ¿Hacia donde debe ir el legislador para garantizar el derecho a la información de los españoles, respecto a la gestión de los fondos públicos por parte de sus gobernantes?

El legislador debería ante todo facilitar y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, lo cual no se cumple en España, ya que no disponemos de una Ley de Transparencia y acceso público a la información, tal como ocurre en la inmensa mayor parte de los países de nuestro entorno. España tiene el dudoso honor de ser el único país de más de un millón de habitantes en la Unión Europea que no tiene ningún tipo de Ley de acceso público a la Información. En Transparencia Internacional España nos hemos manifestado públicamente y dirigido por escrito a la Presidencia del Gobierno para que se pueda agilizar la publicación de una Ley de estas características; además formamos parte de una Coalición que integra aproximadamente cincuenta organizaciones de la sociedad civil, que estamos intentando propiciar desde hace algunos años la publicación de esta Ley. De hecho algunos partidos políticos, entre ellos el partido que gobierna en España, lo incluyó en el programa electoral, tanto para las elecciones generales de 2004, como el de las de 2008; la realidad es que no se ha publicado la Ley; existe un Borrador de anteproyecto desde hace meses que se ha quedado estancado, y no se ha tramitado parlamentariamente, ni siquiera se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Recientemente nos hemos reunido algunos representantes de la citada Coalición con Ramón Jáuregui, Ministro de la Presidencia, quien nos ha manifestado las dificultades y pocas probabilidades de que la ley se tramite en lo que queda de legislatura, con lo cual me temo que se va a tardar todavía un tiempo en que los ciudadanos españoles alcancen los mismos derechos en cuanto a transparencia pública y acceso a la información que la generalidad de los ciudadanos europeos.

A. P.- Por otro lado, el ciudadano-contribuyente español ¿demanda información a sus respectivas administraciones, al mismo nivel que en otros países de nuestro entorno?. ¿Ejerce algún tipo de control mas allá de su apoyo electoral a unos u otros?

El ciudadano contribuyente español demanda menos información que en otros países a sus respectivas Administraciones, porque no tiene los medios legales e institucionales para hacerlo, ya que como he dicho anteriormente no existe el derecho legal a obtener información de las entidades públicas, que son las que representan y a las que financia el ciudadano. Muy a menudo los ciudadanos piden información a las entidades públicas y éstas se niegan a facilitársela, aduciendo pretextos legales, por ejemplo, que no es parte interesada en el expediente. Precisamente Transparencia Internacional España y el Colegio de Abogados de Madrid han firmado un Convenio Pro Bono, por el que se crea un registro de abogados que de forma desinteresada pueden ayudar a los ciudadanos que se vean vulnerados en el derecho a obtener información de las instituciones públicas. Este Convenio lo vamos a firmar además con otras instancias, por lo que se podrá ir ampliando el espectro de ciudadanos que puedan al menos tener ayuda jurídica cuando no se les permita ejercer ese derecho básico a la información. Por otra parte, el ciudadano cada vez tiene una mayor conciencia de sus derechos, de la importancia y necesidad de la transparencia, y cada vez es más exigente con los políticos tanto cuanto mayor es el nivel de alarma que existe por los muy sonados y frecuentes casos de corrupción, sobre todo urbanística, que han surgido en nuestro país. En todo caso el control más efectivo que puede realizar un ciudadano en relación con los políticos supuestamente corruptos, o que estén imputados en procesos judiciales, es el que le otorga el derecho de voto en las correspondientes elecciones, tanto generales, como autonómicas o locales.

A. P.- ¿Además de los informes que de forma anual viene realizando TI, ¿en que está trabajando actualmente?

Además de colaborar en los informes internacionales relativos a la corrupción, venimos elaborando en España tres Índices, en este caso de transparencia, relacionados con sendas instituciones como son: el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) y el Índice de Transparencia de la Gestión del Agua (INTRAG). Realizamos además otro tipo de actividades como son los trabajos relacionados con el desarrollo y cumplimiento de Convención de la ONU y de los Convenios de la OCDE contra la corrupción, así como la participaci&oac
ute;n en estudios supranacionales, como el proyecto ENIS, en el que participamos veintitrés países europeos, y en el que intentamos diseñar un Sistema Nacional de Integridad en España, como en el resto de los países, y ello de una forma coordinada a nivel metodológico y operativo. Además, estamos pensando en elaborar un nuevo Índice, el de Transparencia de las Diputaciones Provinciales, de cara a llegar a cubrir así la evaluación de los distintos niveles de instituciones públicas en España. También tenemos proyectos con otros países, como Italia, en relación con la Corrupción en el deporte, etc.

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