M.ª Paloma Adrados Gautier
Presidenta
Asamblea de Madrid
PERFIL
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. Diplomada en Derecho Fiscal (CETE). Diplomada en Organizaciones Empresariales (E.O.I). Diplomada en Política Social Activa (Centro de Turim). Programa Ejecutivo de Gestión para Diputados de la Asamblea de Madrid (Instituto de Empresa). Abogado en despacho profesional. Responsable del área de Relaciones Laborales Internacionales de CEOE. Asesora del Ministro de Trabajo (97-99). Jefa de Gabinete del Secretario General Nacional del PP. Coordinadora técnica de la Secretaría General del PP. Diputada auto-nómica desde la V Legislatura a 2011. Secretaria Primera de la Mesa de la Asamblea (VII Legislatura). Consejera de Empleo, Mujer e Inmigración (2008-2011). Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón desde junio de 2011 has-ta su nombramiento como Presidenta de la Asamblea de Madrid en junio de 2015.
Auditoria Pública.- ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta en este momento como Presidenta de la Asamblea de Madrid?
No solo en la Asamblea de Madrid, sino en casi todos los parlamentos autonómicos, se ha abierto una nueva etapa. Atrás han quedado los tiempos de las mayorías absolutas y, si el diálogo y el consenso son fundamentales siempre, ahora los son más que nunca. Por tanto, ése es el primer reto.
También, y no menos importante, afrontamos el reto de la modernización de la institución, para lo que nos estamos valiendo de las nuevas tecnologías para acercarnos aún más a los ciudadanos y que éstos conozcan mejor a sus representantes y el trabajo que desarrollan, y contar así con una Asamblea más moderna, más cercana y adaptada a los tiempos.
AP.- Ud. ha manifestado su convicción de que la Asamblea debe ser transparente para los ciudadanos ¿qué medidas ha puesto en marcha para garantizarlo?
Efectivamente, estoy convencida de que la transparencia tiene que ser uno de los ejes fundamentales de la actividad política. Con ese objetivo, en la Asamblea hemos incluido una sección de transparencia en la web que incorpora muchísima información relativa a los Diputados y a los Grupos Parlamentarios, pero también toda la información económica, presupuestaria y contractual; e, incluso, un formulario para que, si alguien quiere un dato concreto, lo solicite y se le pueda facilitar. Y además, toda esta información se está actualizando constantemente, lo que supone un esfuerzo añadido.
Respecto a la actividad parlamentaria, desde febrero ya se pueden seguir todas las sesiones del Pleno y de todas las comisiones en streaming, a través de un sistema que tiene muchísimos criterios de búsqueda para que cada persona pueda localizar rápidamente lo que le interese de cualquier sesión, como por ejemplo una intervención concreta de un determinado diputado. Es decir, mejorando la información para los ciudadanos.
En definitiva, queremos ser totalmente transparentes con el objetivo que le decía en la pregunta anterior: acercarnos aún más y mejor a los madrileños.
AP. La ciudadanía reclama cada vez más un mayor control sobre las finanzas públicas, ¿qué opina del papel que desempeñan en esta tarea las instituciones de control externo?
Todas las administraciones públicas tienen sus propios mecanismos de control interno que desempeñan un papel fundamental en la gestión correcta de los recursos públicos. Pero es evidente la necesidad de órganos de control independientes, que puedan desarrollar esa labor con total autonomía, independencia y, sobre todo, objetividad. Y es en este sentido en el que considero que es esencial esta labor de los OCEX, es decir, que no es una tarea duplicada de las Intervenciones, sino que viene a complementarla.
De hecho, la labor de las instituciones de control externo no es sólo de fondo, sino también de forma, ya que evalúa también las técnicas y procedimientos de los sistemas de control internos que llevan a cabo las Intervenciones.
Por tanto, creo que este segundo nivel de fiscalización de las cuentas públicas es, no sólo conveniente, sino absolutamente imprescindible.
AP.- ¿Cree Ud. que la Cámara de Cuentas debería tener capacidad sancionadora?
Lo que sí tengo claro es que cualquier reforma en este sentido debiera ser uniforme para toda España. No sería lógico que las Cámaras de Cuentas de algunas Comunidades Autónomas sí tuvieran esa capacidad, y otras no.
AP.- ¿Cómo valora el trabajo de control desempeñado por la Cámara de Cuentas sobre el Sector Público autonómico?
Creo que es esencial para todas las administraciones que hay en la Comunidad de Madrid pero, de manera singular, para los ayuntamientos más pequeños, a los que me consta que les vienen muy bien las recomendaciones que les hace llegar la Cámara de Cuentas.
No olvidemos que sus informes velan por la adecuación de la gestión al principio de legalidad, sí, pero también a los de eficacia y eficiencia y, en muchos casos, las recomendaciones van en esa línea de ser más eficientes y sirven, por tanto, para mejorar.
AP.- ¿Qué utilidad le ofrecen a la Asamblea las recomendaciones de la Cámara de Cuentas?
Tenemos una excelente relación con la Cámara de Cuentas, basada en el principio de cooperación y colaboración entre administraciones públicas. Y, además, la Asamblea es el cauce a través del cual los ayuntamientos de la región, y los propios grupos parlamentarios, solicitan la labor fiscalizadora de la Cámara de Cuentas que, también, analiza las propias cuentas de la Asamblea y de los Grupos Parlamentarios.
Un buen ejemplo de que esas recomendaciones son tenidas en cuenta y, por tanto, de gran utilidad, lo hemos tenido hace poco, cuando la Asamblea ha hecho suya una recomendación de la Cámara de Cuentas respecto a la contabilidad de los grupos parlamentarios.
AP.- Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es la corrupción, ¿cómo cree que podría reforzarse el papel de los órganos de control externo ante los casos de corrupción?
Todas las administraciones públicas han asumido compromisos firmes e inequívocos contra la corrupción, en el ámbito preventivo, con la entrada en vigor y posterior aplicación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la Ley del Alto Cargo o las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, entre otras; y ya en el ámbito punitivo, con la reforma del Código penal.
En total, 70 medidas que han supuesto un refuerzo de los sistemas de control para evitar que se produzcan los casos de corrupción que tanto rechazo provocan en los ciudadanos. Un rechazo que comprendo y comparto, como la inmensa mayoría de políticos que trabajamos honrada y seriamente con vocación de servicio público.
Por eso, creo que el mayor refuerzo es seguir trabajando con responsabilidad, haciendo un esfuerzo por aplicar estas medidas y ahí es donde creo que los OCEX tienen que jugar un papel importante, como lo está haciendo la Cámara de Cuentas de Madrid; de hecho, esta legislatura ha visto como se ha incrementado muy significativamente el volumen de los trabajos de fiscalización que realiza.
