La Cámara de Cuentas de Andalucía organiza los X Encuentros Técnicos y el V Foro Tecnológico de los Órganos de Control Externo

La Cámara de Cuentas de Andalucía organiza los X Encuentros Técnicos y el V Foro Tecnológico de los Órganos de Control Externo

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Dentro de los actos organizados con motivo de la celebración de su XXV Aniversario la Cámara de Cuentas de Andalucía organizó en el mes de mayo los X Encuentros Técnicos y V Foro Tecnológico de los Órganos de Control Externo (OCEX). Más de 200 personas provenientes de todas las Comunidades con tribunales de cuentas regionales (Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Madrid, Baleares, Castilla y león, Asturias y Aragón) se han reunido en estas jornadas, para profundizar en el conocimiento y desarrollo de las herramientas de trabajo de todos aquellos profesionales que tienen asignadas las funciones de fiscalización y control de  la actividad económica financiera del sector público.

Los grupos de trabajo han tratado los siguientes temas: La contribución de los OCEX a la transparencia en la gestión pública; La calidad de los informes de los OCEX; El control externo en el marco de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera; Control y evaluación de las políticas públicas; y por último, Experiencias prácticas de los OCEX en nuevos ámbitos de fiscalización.

Coincidiendo con la celebración de estos Encuentros, y de forma paralela, se ha celebrado el V Foro Tecnológico de los OCEX un espacio destinado a debatir temas como gestión de la información, las herramientas informáticas de auditoría, la experiencia en la auditoría de sistemas de información y los avances en los sistemas de rendición de cuentas y/o contratos.

Los encuentros son una gran oportunidad para que los profesionales de la fiscalización de fondos públicos intercambien las experiencias que proporciona el desempeño de unas funciones homogéneas en el contenido, para recapacitar sobre la mayor idoneidad de los diversos métodos empleados ante problemáticas comunes a través del necesario contraste de opiniones entre los profesionales.

Las principales conclusiones de cada uno de los grupos son las siguientes:

GRUPO I: LA CONTRIBUCIÓN DE LOS OCEX A LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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CONCLUSIONES:

  1. La transparencia de la información y la participación activa de la ciudadanía en las decisiones públicas son herramientas para mejorar la confianza de ésta, la interacción con las entidades, la mejora de la gestión de los recursos y la identificación de las necesidades públicas y, en consecuencia, son elementos fundamentales en la lucha contra la corrupción.
  2. La accesibilidad de los ciudadanos y otras partes interesadas a la información mediante nuevas tecnologías precisa de la localización de la información, la identificación de su elaborador, la utilización de distintos idiomas, la adopción de formatos electrónicos adecuados y la posibilidad de interactuar con ellos.
  3. La información de las entidades públicas debe ser accesible, transparente, comprensible y, también, comparable. Si bien se han conseguido avances en contratación administrativa, también se ha producido en esta materia un proceso de  fragmentación de la información, por lo que sería deseable la existencia de una  plataforma de contratación única. En otras materias tales como gastos de personal, transferencias, subvenciones, ayudas, convenios, endeudamiento, privatizaciones,  etc. falta mucho por hacer.
  4. La introducción de nuevas tecnologías en el sector público aporta notables ventajas: su propia transformación, haciéndolo más eficiente y transparente, el aumento de la calidad de los servicios, la reducción de la burocracia, la mejora de la receptividad  de las necesidades de los ciudadanos y de los procesos de rendición de cuentas, el fomento de la participación ciudadana y la restitución de la confianza en las instituciones. Por el contrario plantea inconvenientes en cuanto a la seguridad y al coste de mantenimiento.
  5. En los últimos años se ha desarrollado un importante esfuerzo en materia de contabilidad pública, tanto en medios técnicos como personales. Sin embargo, los resultados obtenidos no han sido especialmente relevantes para la mejora de la gestión de las entidades públicas y, por otro lado, no aporta información en términos de economía, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
  6. Las entidades públicas deben incrementar la información que rinden de carácter contable o presupuestario, facilitando otro tipo de documentos en unidades distintas a la monetaria: estadísticas, encuestas de satisfacción, objetivos y su cumplimiento, informes, etc. En este sentido sería deseable una normalización de la clasificación funcional del presupuesto que favoreciera la realización de análisis comparativos por los órganos fiscalizadores y que permitiera a la ciudadanía claramente conocer el destino de los recursos que han aportado mediante indicadores de economía, eficiencia, eficacia, equidad, ética, excelencia y ecología.
  7. Los OCEX, cuyas leyes de creación y reglamentos de funcionamiento, suelen prever la iniciativa de modificaciones legislativas, deben recomendar a las respectivas cámaras legislativas la aprobación de leyes específicas de transparencia. 
  8. Es necesario reforzar la independencia y la apariencia de independencia de los OCEX, mediante una mayor exigencia respecto a los criterios de selección, la integridad y la calidad profesional de su personal y de sus responsables, cuyo número debería ser lo más ajustado posible. Por otra parte, para lograr una mayor independencia sería deseable que los auditores pudieran mostrar su discrepancia profesional sobre los informes aprobados.
  9. Los OCEX, por su papel central en la rendición de cuentas, deben tener un comportamiento ejemplar en el cumplimiento de todas estas exigencias. Deben comunicar, además de los informes en un lenguaje cercano a los ciudadanos y en el menor tiempo posible, sus planes estratégicos, los criterios de selección de actuaciones, la plantilla, los expedientes de contratación y  los gastos más relevantes, los Consejeros responsables de cada informe, etc.
    Pero además, profundizando en este criterio, ratios comparativos con otros OCEX, la agenda de sus responsables o el coste y resultados de los viajes oficiales, “bajo el convencimiento de que el buen gobierno no sólo tiene que ser fomentado e implementado en las entidades públicas, sino que también debe ser visto por éstas para que sea efectivamente practicado”  según lo expresado por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). En este sentido se deben tomar en consideración los documentos de esta organización relativos a la Directriz de Comunicación y al Código de Buenas Prácticas.
  10. Es necesario que los OCEX aporten en sus informes la información más completa posible cuantitativa, cualitativa y oportunamente. Esta debe ser objetiva, pública y relevante para ofrecer a los ciudadanos una perspectiva neutral e independiente del cumplimiento de la legalidad en el manejo de los fondos públicos, de los criterios utilizados y de los resultados obtenidos.
  11. En los últimos tiempos están proliferando en los medios las noticias sobre procesos de corrupción. En éstas se siembran dudas sobre la actuación de los gestores públicos y de los propios órganos de control. Es necesaria una respuesta contundente y oportuna de los OCEX para rebatir o confirmar lo publicado, apoyando de esta manera el prestigio de los técnicos de los OCEX y su labor neutral e independiente.
  12. Los OCEX, además de promover que las entidades públicas profundicen en la transparencia de la gestión, deben facilitar a los ciudadanos la reutilización en adecuados soportes informáticos de la ingente cantidad de información de que disponen.
  13. La incorporación de los OCEX a las redes sociales es requisito indispensable para posibilitar la participación de los ciudadanos y la interacción con los mismos, lo que favorecerá una mejora de la percepción pública de estas instituciones.
  14. La situación del control interno, particularmente en el sector local, es mejorable. Así, por ejemplo,  una proporción importante de operaciones quedan fuera del alcance de la fiscalización previa o la mayoría de entes locales carecen de técnicos de habilitación nacional. La actuación a posteriori de los OCEX viene determinada en buena medida por la existencia de un control interno que actúe con rigor.

GRUPO 2: LA CALIDAD DE LOS INFORMES EN LOS OCEX
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CONCLUSIONES:

  1. La calidad dentro de cualquier organización requiere un enfoque específico dirigido por la dirección y basada en la mejora continua.
  2. Para realizar trabajos e informes de calidad es necesario que la dirección de los OCEX apruebe y difunda a todo su personal normas y procedimientos donde se defina y delimite el contenido y alcance de la calidad, y se implanten instrumentos de control que permitan evaluar, entre otros aspectos, el grado de calidad de los informes.
  3. El control de calidad debe tener carácter integral, es decir, debe desarrollarse y ponerse en práctica en cualquiera de las fases del proceso de fiscalización, y se aplicará de forma homogénea a todos los trabajos. Se considera conveniente iniciar el estudio de un sistema de calidad propio para los OCEX.
  4. Como mecanismos concretos de control de calidad de los informes se proponen los siguientes:
    –  La supervisión por el responsable del informe, de los trabajos realizados por los miembros del equipo de auditoría, al objeto de asegurarse si se han cumplido las normas técnicas y objetivos de auditoría, si se han seguido los programas de trabajo y si los papeles de trabajo soportan las conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe.
    – El control de los trabajos por auditores de la institución que no han participado en su elaboración. – Una unidad de control interno de calidad, entendida como el grupo de evaluación interno en la organización, encargado de revisar anualmente una muestra de trabajos realizados por el órgano de control. La implantación de este mecanismo de control estará condicionada por la estructura organizativa de los distintos OCEX.
    – El control de calidad externo,efectuado periódicamente por expertos independientes, que tenga por objeto verificar si su estructura organizativa, su funcionamiento y sus procedimientos garantizan una adecuada calidad de los informes. Este mecanismo de control se considera uno de los aspectos básicos para implantar un sistema de gestión de calidad y podría ser realizado por personal de reconocido prestigio en el ámbito de la auditoría pública o por auditores con experiencia de otros OCEX.
  5. Debería generalizarse la práctica de, una vez terminado el trabajo de campo y con el primer borrador del informe, comentar con los responsables de la entidad auditada los resultados del informe. Este contraste externo, también llamado trámite de prealegaciones, garantiza que un informe sea imparcial, objetivo y completo y, por tanto, repercute en su calidad.
  6. Un aspecto a tener en cuenta para mejorar la calidad de los informes es  la puesta a disposición de los auditores de adecuadas herramientas de trabajo (manuales de auditoría, guías de fiscalización, orientaciones técnicas, etc.), lo que permite además, homogeneizar los trabajos que realizan los OCEX.
  7. Se debe garantizar que el trabajo de fiscalización haya sido ejecutado conforme a las normas y procedimientos de auditoría, dando lugar a la emisión de informes útiles para los destinatarios. En definitiva, la elaboración y difusión de los informes debe realizarse en tiempo oportuno por su mayor relevancia e impacto para los destinatarios. Se consigue con ello  también, utilizar el informe como instrumento preventivo y pedagógico. Así mismo, los informes deben dar respuesta y ser sensibles a las preocupaciones de los gestores y ciudadanos.
  8. Se señalan como buenas prácticas de gestión de calidad en un OCEX, evaluar nuestro trabajo por quienes son auditados, así como la realización del seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes. Estas recomendaciones deberán ser constructivas y se redactarán de manera que provoquen una reacción favorable en los gestores de la entidad auditada, siendo conveniente trabajar junto a ellos desde el inicio al objeto de favorecer la implantación  de las recomendaciones.
  9. Las alegaciones deben formar parte del contenido del informe para que éste sea completo. Su inclusión en el informe responde a una mayor transparencia y tiene como objetivo depurar su contenido y, en consecuencia, mejorarlo. No obstante, algunos OCEX prevén (expresa o tácitamente) la posibilidad de no publicar aquellas alegaciones que carezcan de relación con el contenido del informe.
  10. Los OCEX deben orientar sus actuaciones hacia informes fáciles de leer y comprender, utilizando un lenguaje tan claro y sencillo como permita la materia auditada, describiendo los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
  11. Así mismo, la estructura que presenten los informes elaborados por los diferentes OCEX deberá ser homogénea, lo que favorecerá la transparencia de las distintas administraciones.
  12. Debe procurarse que los informes sean cortos, siendo redactados en términos precisos y concretos y facilitando una adecuada comprensión a los usuarios, sin incluir datos con excesivo detalle.

GRUPO 3: EL CONTROL EXTERNO EN EL MARCO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
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CONCLUSIONES

  1. Unas adecuadas previsiones económicas sobre la evolución de las principales variables (PIB, tipos de interés, tipos de cambio, inflación, tasa de paro y otras), aun en un entorno de incertidumbre como el actual, son la clave para una política presupuestaria que cumpla con los principios enunciados en la LOEPSF.
  2. El fondo de contingencia previsto en el artículo 31 de la LOEPSF no puede, ni debe ser utilizado para eludir la exigencia de contar con unas rigurosas y fiables previsiones económicas
  3. En un marco de incertidumbre como el actual, el papel de los OCEX y de la nueva AIRF debería ser complementario, junto al de otras instancias como el Banco de España, las autoridades europeas y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En consecuencia, el nuevo control de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por la AIRF, está llamado a convivircon el control tradicional del ciclo presupuestario de Parlamentos y OCEX.
  4. Resulta indeseable la judicialización del presupuesto público, con recursos permanentes de las leyes ante el Tribunal Constitucional y de los actos administrativos ante la justicia ordinaria. La gestión de la política fiscal debe seguir estando reservada al Poder Ejecutivo, con el oportuno control parlamentario y la fiscalización llevada a cabo por los OCEX, sin perjuicio del oportuno control jurisdiccional y constitucional cuando sean precisos.
  5. El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto hace necesario mejorar la fiabilidad de los datos obtenidos de los sistemas de información contable del Sector Público, ya que son la base de cálculo de la capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional. La labor de los OCEX adquiere relevancia en el nuevo contexto, debiendo concentrar su labor fiscalizadora en las áreas de mayor riesgo. En particular, es necesario un mayor control de los procesos de consolidación de cuentas y del seguimiento contable de los gastos con financiación afectada.
  6. El cálculo correcto de las desviaciones de financiación en los gastos con financiación afectada adquiere relevancia por el impacto que tiene en el cálculo de la regla de gasto regulada en el art. 12 LOEPSF.
  7. El uso del remanente de tesorería como fuente de financiación, regulado por la normativa presupuestaria de las distintas administraciones públicas, produce distorsiones tanto en el cálculo de la estabilidad presupuestaria como en la regla de gasto.
  8. Resulta posible dar una nueva visión de la estabilidad presupuestaria bajo la perspectiva de los ingresos públicos. En numerosas ocasiones se pone el acento en una limitación del gasto público cuando el equilibrio está determinado tanto por éste como por el ingreso. Dada la presión fiscal de España, es imprescindible combatir el fraude y rediseñar una nueva política de beneficios fiscales.
  9. En la actualidad, la fiscalización por parte de los OCEX del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria está sometida a limitaciones que derivan de la insuficiencia de soportes documentales que avalen la razonabilidad de las cifras incluidas en los ajustes correspondientes.
  10. Sería conveniente que se habilitaran los cauces jurídicos adecuados a través de los cuales poder dilucidar las discrepancias que puedan surgir entre las Administraciones públicas y los distintos organismos encargados de fijar las principales magnitudes en términos de contabilidad nacional.
  11. Resulta imprescindible que los OCEX tengan acceso a la información financiera relevante que pueda ser tenida en cuenta a efectos de valorar estabilidad, sostenibilidad y regla de gasto en las mismas condiciones que otros organismos públicos. Para ello sería conveniente reducir los plazos de rendición de las cuentas anuales a los OCEX y establecer medidas sancionadoras más rígidas con aquellos entes que no rinden sus cuentas.
  12. Se hace necesario adaptar legalmente el actual marco conceptual presupuestario y contable para que los entes vinculados a las AAPP incluyan en sus presupuestos y cuentas anuales la información pertinente y necesaria para poder convertir los resultados ofrecidos en términos de capacidad o necesidad de financiación según la contabilidad nacional.
  13. Sería conveniente dotar de una nueva regulación legal tanto la elaboración de los presupuestos como de su estructura, contenido, criterios de consolidación y agregación de las Cuentas Generales de las AAPP, para que los ámbitos subjetivos de los Presupuestos y Cuentas Generales de tales Administraciones sean coherentes con el del subsector  que se contempla en la contabilidad nacional y la LOEPSF, o al menos los presupuestos y las Cuentas Generales deben estar acompañados, como documentación complementaria, de los presupuestos iniciales y las cuentas anuales (respectivamente) de todos los sujetos y entidades que sin formar parte de su ámbito institucional estén vinculados o sean dependientes de esas AAPP. No es coherente, si nos centramos en la Cuenta General de las CCAA, que la información a proporcionar a la AFIR, incluya la Cuenta General de la CA y las cuentas anuales de todas las entidades vinculadas o dependientes no incluidas en aquella, mientras que la remitida a las OCEX sólo incluya la Cuenta General.
  14. La medición de la capacidad/necesidad de financiación, así como del endeudamiento, es fundamental. Por ello resulta imprescindible que se modifiquen los planes públicos de contabilidad a los niveles estatal, autonómico y local, incluyendo en las cuentas anuales de las entidades “matrices”, una nota en su memoria que muestre, por unidades institucionales, una conciliación de dichos parámetros a partir de la contabilidad pública, así como las implicaciones legales que de los mismos se deriven.

GRUPO 4: CONTROL Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Se han presentado un total de once comunicaciones cuya procedencia podemos agruparla en tres ámbitos: el ámbito de la gestión, que ha estado representado por miembros de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios, entre ellos su Presidenta, y  por la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía; otras comunicaciones han sido presentadas por representantes del ámbito universitario, que desarrollan estas líneas de investigación en las Universidades públicas de Sevilla (la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide); y por último, se han presentado  comunicaciones que han tenido por objeto exponer las aportaciones efectuadas por los órganos de control externo  en este ámbito, presentando actuaciones concretas que se han llevado a cabo.
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CONCLUSIONES:

  1. Se ha efectuado un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la función de evaluación de las políticas públicas en España, tanto en la administración central como en el ámbito autonómico así como el grado de institucionalización de la misma.En este sentido, en los últimos años todos los niveles de gobierno en España han dado pasos en materia de evaluación de políticas públicas, aunque con distinta intensidad.
  2. En la Administración General del Estado la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) es la entidad encargada de incorporar la evaluación como práctica institucional. Hemos conocido de primera mano la metodología que desarrolla en sus trabajos y el enfoque aplicado en su desarrollo.
  3. La Agencia tiene entre sus objetivos estratégicos impulsar un Sistema Público de Evaluación que tiene como objetivoel diseño de estrategias comunes y complementarias para el impulso de la cultura de la evaluación en el conjunto de administraciones públicas españolas; el desarrollo de estándares y metodologías comunes para la evaluación de políticas y programas públicos; la definición de unos criterios básicos comunes para la realización de las evaluaciones y el establecimiento de sistemas de información que favorezcan la gestión compartida del conocimiento en evaluación y la realización de evaluaciones conjuntas.
  4. Igualmente, a nivel autonómico la evaluación se ha incorporado al ordenamiento de prácticamente todas las Comunidades Autónomas y  también en los gobiernos locales se configura como una herramienta a desarrollar.
    En el ámbito de la Junta de Andalucía esta incorporación tuvo lugar en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su artículo 138 establece que la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas se regulará por ley.  La ley de administración de la Junta de Andalucía, en su artículo 6, formula un compromiso expreso con la mejora continua en la prestación de servicios públicos de calidad a través de los sistemas de gestión y evaluación que se aprueben por el Consejo de Gobierno.
    Dicho compromiso se ha materializado en un conjunto de actuaciones implementadas por la Junta de Andalucía en materia de calidad, dentro del marco de la Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos.
  5. El Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos se configura como el instrumento fundamental del análisis del entorno de los servicios públicos y el estudio de la percepción y expectativas que de éstos tiene la ciudadanía.
    Facilita a los gestores un conjunto de herramientas e indicadores que ayudan a evaluar los resultados obtenidos frente a los objetivos, metas y responsabilidades que tienen asignadas.
  6. Es preciso que todos estos sistemas de evaluación se incorporen al proceso de elaboración de los programas públicos desde el momento de su planteamiento y formulación.   Esto conseguiría que los planes estratégicos elaborados por las administraciones incluyeran unos sistemas de indicadores de seguimiento más acordes con las actuaciones concretas de prestación de servicios que se llevan a cabo. También ayudaría a la propia administración a detectar aquellos programas con mayor impacto en la sociedad, actuando y reconduciendo aquellos que no superen las expectativas de demandas.
  7. Es necesario insistir en los informes de los Órganos de control externo, acerca de la necesidad de homogeneizar y sistematizar la presentación de la información cualitativa de los programas presupuestarios: objetivos, actuaciones, memorias de cumplimiento, indicadores, etc…, para que se presenten de forma que garanticen su evaluabilidad en términos de eficiencia y de cumplimiento de los objetivos programados.
  8. La mejora de esta información ayudará a incrementar la fiabilidad de la información cualitativa que incorporan actualmente las cuentas generales y permitiría que la tarea de los órganos de control externo pudiera partir de elementos de análisis más sistematizados y  fiables que los actuales.
  9. Esto permitiría utilizar en nuestros trabajos herramientas metodológicas que han sido contrastadas en las investigaciones y trabajos realizados en el ámbito académico.  Hemos comprobado en el grupo de trabajo las ventajas de la utilización de herramientas como el análisis descriptivo y el análisis de inferencia causal que podrían utilizarse para potenciar el alcance de los trabajos de los órganos de control externo.
  10. Los órganos de control externo han ido incorporando progresivamente en sus planes de actuaciones trabajos orientados a comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas presupuestarios y para valorar la eficacia, eficiencia y economía alcanzada en la utilización de los recursos disponibles.
    Estos trabajos de auditorías, que utilizan los indicadores de gestión como principal herramienta de análisis, cuentan en muchas ocasiones con limitaciones originadas por la ausencia de esta información sistematizada.
    En la medida que las administraciones dispongan de un sistema de evaluación normalizado y estandarizado, los trabajos de auditoría operativa tendrán un marco de referencia reglado donde desarrollar su trabajo, que potenciaría el alcance y las conclusiones obtenidas y redundaría, a su vez, en una mayor repercusión de nuestros informes.
  11. Las conclusiones incorporadas en informes como las políticas de igualdad en los ayuntamientos o experiencias concretas analizadas sobre los beneficios aportados en materia de calidad y simplificación administrativa, son un buen ejemplo de la contribución de los Ocex a la divulgación de estas materias.
  12. Las conclusiones y sobre todo las recomendaciones que se incluyen en nuestros informes son las principales herramientas que disponemos para proponer a las entidades auditadas el impulso e incorporación de estos estándares de evaluación en la gestión presupuestaria.

GRUPO 5: EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EN NUEVOS ÁMBITOS DE FISCALIZACIÓN

En este grupo de trabajo han participado 37 profesionales de los distintos Órganos de Control Externo, en él se presentaron 15 comunicaciones donde se expusieron las nuevas líneas de trabajo que se están acometiendo así como los nuevos desafíos que marcaran el trabajo fiscalizador en los próximos años.
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CONCLUSIONES:

  1. Los Órganos de control no pueden permanecer insensibles a las transformaciones que la crisis esta originando en todos los ámbitos de la sociedad.
  2. Los destinatarios de nuestros informes en general están demandando instrumentos de control más efectivo, una mayor inmediatez en los resultados de los trabajos y una medición  del impacto de las políticas sobre la sostenibilidad de los servicios y sobre el nivel de endeudamiento del sector público.
  3. La simplificación de nuestros procedimientos de tramitación, el uso de un lenguaje menos técnico contribuye a acercar nuestro trabajo a los ciudadanos.
  4. En la línea que viene apuntando los organismos internacionales, deben abordarse trabajos que tengan relación con la gobernanza global, aumentando el peso de las llamadas auditorías operativas referidas tanto a las políticas de gestión privada, pública y público-privada.
  5. La realización de auditorías de gestión u operativas fortalecen la imagen de las instituciones de control en su compromiso por la mejora de la gestión pública. Igualmente aportan valor a los centros gestores en la medida que les permiten identificar las ineficacias o deficiencias de los procedimientos.
  6. Los Ocex debemos trabajar en la aplicación  de una metodología normalizada en las auditorías operativas que se aborden, en la línea ya apuntada por los organismos internacionales.
  7. Debemos diseñar indicadores que midan la utilidad, el impacto, el coste de un determinado servicio o actividad y el rendimiento organizativo en términos de objetivos alcanzados.
  8. Debemos acometer  actuaciones que refuercen el control del sector público mediante el diseño de procedimientos automatizados que acorten los tiempos de respuesta de nuestros informes y aprovechen las plataformas ya existentes de obtención de información.
  9. La realización de auditorías horizontales  permiten a los Ocex proyectar el control sobre un mayor número de entidades, para ello debe partirse de una homogeneidad de los entes a comparar y el establecimiento de un  adecuado sistema de valoración.
  10. Los Ocex deben incidir en la fiscalización de los ingresos, cuestión generalmente olvidada tanto por su carácter estimativo como por la mayor dificultad de su control.
  11. En el actual contexto económico en el que se desenvuelven las distintas entidades que conforman el sector público, los Ocex debemos abordar nuevos formas de actuación que permitan de manera sistemática diagnosticar la situación económica financiera de los diferentes entes, mediantes procedimientos analíticos y  a través de indicadores presupuestarios, financieros y de actividad, que debidamente consensuados por los distintos Ocex permitan la comparabilidad entre el sector público de cada Comunidad Autónoma.
  12. Abordar actuaciones fiscalizadoras que evalúen la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas permite adoptar a los Ocex una posición más activa anticipando problemas presupuestarios futuros.
  13. Las actuaciones que acometan los Ocex respecto a las políticas subvencionadoras deben además de verificar el cumplimiento efectivo de la actividad, medir el impacto de éstas respecto a los objetivos a conseguir y los sobrecostes que pudieran originarse en los supuestos de subcontratación de la actividad.
  14. Los Ocex deben evaluar la efectividad de los planes de racionalización que se están acometiendo en el sector público, ofreciendo una visión consolidada sobre la situación económica-financiera del sector instrumental en lo referente a: el volumen de recursos que gestionan, el grado de dependencia financiera, el gasto de personal que soportan, su incidencia, a efectos de estabilidad, en el superávit/déficit de la Administración, la solvencia a corto plazo y su nivel de endeudamiento.
  15. La evaluación de las medidas de racionalización de los gastos públicos a llevar a cabo por los Ocex, nos obliga a prestar atención a los gastos por desplazamientos y dietas existente en el ámbito de las administraciones publicas, puesto que constituyen un área crítica de auditoria por sus elevadas cuantías, las deficiencias en cuanto a su justificación y la diversidad en cuanto a su tratamiento fiscal.
  16. Las administraciones públicas escudándose en la necesidad de racionalizar los gastos están optado por fórmulas externalizadas de prestación de servicios. El papel de los Ocex ha de centrarse  de un lado, en el análisis del marco regulador de los derechos y obligaciones, penalizaciones y delimitación de riesgos de estas formulas de prestación, y de otro, en el análisis de los costes económicos que originan frente a los derivados de una prestación con medios propios.
  17. Los Ocex debemos evaluar las distintas alternativas de prestación de servicios, ya sea con medios propios, como mediante encomiendas a sus entes instrumentales. Respecto a éstas últimas, debemos evaluar los precios, la eficacia y la eficiencia de estas formulas de gestión.
  18. Las Instituciones de control deben avanzar en la utilización de un espacio corporativo común diseñado en entornos tecnológicos interoperables y dinámicos, que les permitan aunar esfuerzos en el plano de la calidad de los trabajos y en la difusión de la misión que tienen encomendada, logrando así una mayor repercusión social y credibilidad.

V FORO TECNOLÓGICO CONCLUSIONES:
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La celebración de la quinta edición del Foro tecnológico de los OCEX, con el mismo éxito de asistencia que las anteriores, es una muestra del gran interés de todas nuestras instituciones por el impacto que la omnipresente utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por parte de los entes fiscalizados, tiene sobre nuestras fiscalizaciones.

No obstante dicho interés, la utilización de herramientas informáticas específicas de auditoría todavía es minoritaria en los OCEX de acuerdo con una encuesta realizada en el Foro, a pesar de las mejoras en eficiencia que aporta su uso. En el Foro se ha expuesto ejemplos en los que se materializa esta mejora para las siguientes tareas:

–          Análisis de la información de las cuentas rendidas.
–          Análisis de integridad de datos.
–          Gestión integral de las auditorías.
–          Reutilización de los análisis de datos en aplicaciones.

Según la encuesta antes citada, la utilización de metodología de auditoría de sistemas de información en las fiscalizaciones solo es realizada actualmente por cuatro instituciones, si bien la nota positiva es que tres de ellas han incorporado dicha metodología en los últimos meses y han expuesto de forma clarificadora las razones consideradas para su decisión.

Las ideas básicas expuestas por los ponentes relacionadas con esta materia se pueden resumir en:

1ª              La necesidad de integrar metodología de auditoría de sistemas de información en las fiscalizaciones como única forma posible de realizar nuestro trabajo de una manera eficaz en un entorno cada vez más digitalizado. Para auditar es necesario conocer lo que se audita y solo se pueden conocer los procesos de gestión informatizados modernizando nuestros métodos de trabajo.

2°            La utilización de herramientas informáticas de auditoría es un complemento necesario, esencial, en la metodología de auditoría de sistemas de información. Permite incrementos muy notables en la eficiencia de nuestro trabajo al posibilitar el tratamiento de las grandes masas de datos de contenido económico-contable que se generan en las administraciones públicas.

3°                 Para extraer el máximo resultado a estos métodos y técnicas es necesario estandarizar su utilización y la documentación de la planificación y de los resultados obtenidos, ya que los beneficios de su utilización aumentan de forma notable al aplicarlos en fiscalizaciones recurrentes.

4°               El elevado perfil técnico de algunos aspectos de la auditoría de sistemas de información requiere que en la introducción de esta metodología se cuente con expertos externos que aporten sus conocimientos y experiencia en la materia.

Resumiendo: La fiscalización en el siglo XXI requiere técnicas del siglo XXI.

Dando respuesta a la creciente importancia y a la exigencia ciudadana de una pronta y completa rendición de cuentas de todos los agentes públicos, los OCEX hemos puesto a disposición de las administraciones públicas sobre las que ejercemos nuestro control, aplicaciones informáticas y plataformas tecnológicas para facilitar el cumplimiento de dicha obligación, en especial las relacionadas con la rendición de cuentas y con la remisión de información contractual.

Para obtener el máximo provecho del elevado volumen de información recogida en soporte digital y ejercer un control efectivo y oportuno, es necesario que los aplicativos implantados permitan el tratamiento de la información rendida y remitida de forma flexible, con un elevado grado de interoperabilidad y con todas las garantías jurídicas y administrativas.

En el desarrollo de nuestra actividad, los OCEX obtenemos, manejamos y almacenamos un gran volumen de información que contiene tanto datos de carácter personal como otro tipo de información de carácter confidencial. Esta circunstancia exige la implantación de normas o protocolos sobre la gestión de dichos datos y documentos por los departamentos de fiscalización y de archivo, que cumplan los requerimientos de la diversa normativa existente, como la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento de desarrollo, el Esquema Nacional de Seguridad, etc.

La problemática relacionada con la seguridad de la información incluye los sistemas de información, las redes de comunicación y el correo electrónico. Las normas a implantar deben contemplar la ubicación de los ficheros de trabajo en los servidores y en los portátiles, la documentación obtenida en soporte papel, la seguridad de los equipos y el acceso a las redes internas.

Son ya numerosos los informes de fiscalización de los distintos OCEX que se pronuncian sobre las medidas de seguridad de los entes auditados. Con ese mismo rigor profesional, los OCEX debemos evaluar nuestros sistemas de seguridad e implementar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Todas las previsiones en esta materia deben recogerse en un documento sobre las políticas generales de gestión y seguridad de los sistemas de información.

n° 60

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