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Los órganos de control y la lucha contra la corrupción en Argentina

Sep 1, 2010 en 51, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Fernando Roberto Lenardón
Auditor
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos

Los órganos de control y la lucha contra la corrupción en Argentina

Resumen

La corrupción se ha convertido en el principal enemigo de las democracias. No como un frente tangible, corporizado en uno o más actores de la sociedad sino, por el contrario, como el reflejo amplio y ambiguo de todo un desarrollo cultural defectuoso que, la mayoría de las veces, no puede comprobarse fehacientemente pero que, sin embargo, se percibe clara y expresivamente cuando se analizan las deficiencias en salud, educación y, sobre todo, la falta de seguridad, no solo personal sino también jurídica.

En esta realidad preocupante y condicionante del desarrollo económico, social y político de los territorios de América no anglosajona, el rol de los organismos de control debe convertirse en reserva de honestidad y signo de esperanza para todos los hombres buenos que quieran habitar nuestro suelo pero, decididamente, en un espantapájaros gigante para los corruptos.

Palabras clave: democracia – corrupción – control – modelos de contro

Introducción

Existe una relación antagónica entre corrupción y democracia que puede expresarse en la fórmula: C = M + D – T; en donde Corrupción es igual a Monopolio más Discrecionalidad menos Democracia (Klitgaard, 1994).

Ante el creciente fenómeno de la corrupción y para contrarrestarla, es necesario generar herramientas que prevean la complejidad del problema a enfrentar y consideren la integralidad de las aristas que las maniobras de ese mal endémico asumen actualmente.

Dentro de la complejidad enunciada, también es preciso advertir, aunque hoy ya no se dude al respecto, que la corrupción atañe tanto a la esfera pública como a la privada y que, aún en lo que concierne a la primera, tiene una fuerte influencia y necesaria participación, el gestor privado, ya sea en su carácter de corruptor ya sea en calidad de beneficiario de los actos irregulares.

De estas dos, el trabajo se referirá a la corrupción administrativa, aquella que se da dentro de la esfera de gobierno y que, por ende, daña el patrimonio del Estado y, por esa vía, no solamente cercena las capacidades de gestión pública sino también que debilita el contrato social a partir del cual la ciudadanía delega en los gobernantes el manejo de los fondos pero con la consigna implícita de administrarlos sabia y prudentemente.

Como esa habilidad para dirigir los destinos de todos no se da en la mayoría de los casos y como, en acumulación de falencias, tampoco es moneda corriente la habilidad para responder, tomando aquí la expresión en el sentido que la implementara Malaxacheverría[1] (1994); se hace preciso acudir al control, a la censura de los actos que se aparten del objetivo común, lo que requiere la necesaria medición y evaluación.

En este sendero resulta sumamente importante incorporar a la lucha a diversos actores que hasta hoy se tenían en un rol pasivo, de espectadores o, a lo sumo de evaluadores: la ciudadanía y los medios de comunicación. Claro que una intervención real y eficiente requiere la generación de canales válidos de participación que superen las meras enunciaciones legales.

Pero, hasta que ello suceda verdaderamente, debe centrarse la atención en los canales formales ya estructurados con todo un rodaje (que, es menester reconocer, lleva muchas batallas pérdidas, aunque tenga también ganadas). Estos instrumentos son  los organismos de control público.

Ese bagaje de herramientas y conocimientos tiene características fijadas por la ley, y que son propias de la herencia recibida de Europa, en la época en que se delinearon los trazos gruesos de la organización administrativa de nuestro país. Ese esquema preveía determinadas tareas que provenían de las prioridades que existían en ese momento histórico, relacionadas con la rendición de cuentas y el control de la legalidad en el desarrollo de las actividades del Estado.

A las tareas tradicionales, debe incorporarse otras facetas que permitan auditar con el fin de determinar si se ha gastado, recaudado, tomado en préstamo, o de otra manera, dinero y bienes; y con ello reducir el riesgo de actividades ilegales, en particular el fraude, en forma eficaz y en función de los costos.

A partir de allí, lo que se pretende es establecer reglas para enfrentar la corrupción a través de los Organismos de Control.

Para ello, es menester perfeccionar y fortalecer el proceso auditor y de control con nuevas metodologías y técnicas, así como fortalecer y unificar el sistema de indicadores de gestión anticorrupción, y profundizar la auditoría de sistemas aplicada al fenómeno de la corrupción.

Ello conlleva claramente una firme decisión política y el acompañamiento de tal postura por parte de la población toda. Claro que el cambio de actitud no es una cosa fácil de lograr ni se dará en el corto plazo.

Pero mientras tanto, el sistema por sí mismo debe asegurar el menor grado de corrupción posible en la Administración Pública. De los elementos descriptos, es indispensable que hoy los entes de control externo cuenten con algunos elementos.

Democracia vs. corrupción

Una gobernabilidad democrática sólida y legítima, capaz de atender y articular los intereses de la población, coordinar esfuerzos entre todos los actores sociales y abrir canales de compromiso y participación ciudadana es condición necesaria para enfrentar con éxito los inquietantes desafíos sociales de nuestros territorios. Es preciso decir que, si bien este trabajo se enfoca principalmente en la realidad argentina, la lucha contra la pobreza y la desigualdad y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática son objetivos que se complementan mutuamente en todos los países de la región: uno no puede existir sin el otro y ambos son la base para la promoción del desarrollo humano. (Programa de las Naciones Unidas, 2007)

La capacidad limitada y a menudo insuficiente de muchos estados para cumplir importantes funciones, como fomentar un crecimiento incluyente, proteger ecosistemas y recursos ambientales, manejar crisis y desastres, y poner en práctica la gobernabilidad en todos los niveles, amenaza con anular los logros de la democracia e incluso puede llegar a socavar los avances económicos.

Un gobierno con pretensiones de lograr un desarrollo integral e integrado de su población necesita fortalecer su capacidad de tomar decisiones legítimas, eficientes y efectivas para enfrentar los problemas que la sociedad considera importantes, capacidad que en muchos casos ha sido mermada. Además, se deben desarrollar habilidades para garantizar la permanencia de avances recientes y crear condiciones para alcanzar mejores resultados sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.

A la ausencia de pensamiento y política sobre la relación Estado y democracia, se agrega, además, otra ausencia, no menos notoria: la ausencia de un pensamiento y una política sobre la desigualdad que lacera a la región. Las diferencias entre clases sociales es un rasgo histórico y persistente. Las inequidades en la distribución de la riqueza y el ingreso, las brechas educativas, sanitarias y salariales, la fragilidad de las redes de seguridad y protección social, la pobreza misma, las violentas diferencias étnicas, sociales y de género, son sólo algunos de los rostros posibles con que la desigualdad se nos presenta. Enfrentarla exige poner ese problema en el centro de la gestión pública y, definitivamente, para atenderlo se requieren recursos, los cuales no pueden seguir dilapidándose por el desagüe de la corrupción.

Una y otra resultan elevados obstáculos para la consolidación de la democracia, para el desarrollo de la economía y, en definitiva, para el bienestar la ciudadanía. Ambas han estado ausentes en la agenda concreta del Estado en las últimas décadas, más allá de discursos, normativas y creación de organismos. Y esta omisión en la agenda política es, en buena medida, consecuencia natural de la ausencia anterior. O, dicho en otros términos, visibilizar y enfrentar la desigualdad requiere de una política que elabore y ofrezca alternativas y de un Estado comprometido con la construcción de democracia y desarrollo, lo que solamente es posible dentro de la ética.

Ese compromiso no es posible cuando la dirigencia está más ocupada en su continuidad al frente del gobierno o en la construcción de redes de poder, lo que conlleva desde manifestaciones prosaicas de corrupción, como el nepotismo o la prebenda, hasta actos identificados directamente con el injusto moral, tales como la coima, el cohecho o el peculado.

Factores que coadyuvan a la corrupción

La corrupción, en cuanto práctica social, no tiene una causa que la provoque ni pueda ser identificada y aislada. Con todo, es posible señalar hechos coadyuvantes o condiciones para su crecimiento, que impropiamente hemos denominado en las entrevistas, causas.

Se puede distinguirlas y agruparlas de la siguiente manera:

causas antropológicas: normalmente, se manifiesta “está en el corazón de los hombres, es una cosa endémica de la sociedad humana”.

  • causas culturales: generalmente, se atribuye el exceso de corrupción a un legado de la colonización española.
  • causas geográficas: se hace hincapié en el tamaño del país, a partir de lo cual, la necesidad de administrar mayores extensiones y, por ende, delegar más potestades en segundos o terceros mandos, promueve más la generación de pequeños actos de corruptela que confluyen en un esquema masificado.
  • causas institucionales: se destacan, por un lado, el incumplimiento de la ley y la ausencia de control por parte de los órganos correspondientes, en especial de la justicia; por otro, la inflación normativa y el exceso de burocracia. En la práctica, un excesivo regulacionismo puede terminar generando una mayor corrupción.
  • causas políticas: la no generación de la legitimidad política fundante pone todo en permanente cuestionamiento. En ese sentido, el cuestionamiento a la Constitución, a las autoridades elegidas, al orden estatuido. Y, por lo tanto, todo esto es un condicionante organizacional a macro escala sobre la existencia de corrupción.

Otras motivaciones serían la “crisis de representatividad” y “la falta de proyecto de país a futuro”.

  • causas socioeconómicas: la corrupción también viene por problemas amplios de miseria, la que produce una sociedad con un tejido social fracturado, que resulta propicio para el desarrollo de la corrupción.

En definitiva, las causas de la corrupción son múltiples. Si se quiere graficar sobre actos concretos de la actividad de la administración, podríamos señalar como causas inmediatas: los sistemas relajados de control, la excesiva discrecionalidad de los funcionarios, normas demasiado abstractas o bien demasiado complejas que posibilitan a los funcionarios vender las excepciones, la falta de publicidad de los actos de gobierno, la falta de un seguimiento de las autoridades superiores respecto de sus subordinados, falta de independencia de los órganos de control. Y como causas mediatas: una excesiva vanidad y apego a la imagen a través del dinero, a ser reconocido por la posesión de bienes materiales exclusivamente, la falta de espíritu de sacrificio, la falta de una cultura del trabajo y el papel excesivamente importante que cumplió el Estado a lo largo de nuestra historia.

Intentando encontrar una definición global y abarcativa, se podría decir que las causas que ocasionan o facilitan la ocurrencia de actos de corrupción:

  • Falta de ética y responsabilidad del funcionario público en el cumplimiento de sus funciones.
  • Impunidad por inadecuada aplicación de la normativa legal o por carencia de figuras tipificadas en la Ley.
  • La politización de la administración pública.
  • Los trámites burocráticos engorrosos.
  • La discrecionalidad concedida a los funcionarios públicos en algunas previsiones legales.

La generación de herramientas eficientes para combatirla, aparece como un tema de orden fundamental para los organismos de control. (Besada, 2003)

Efectos

 La generalidad y extensión de la corrupción, así como las nuevas características que viene adquiriendo en este último tiempo, llevan consigo efectos sumamente graves en la vida política, económica y social de un país (Pásara, 2005).

Esta visión es compartida por las instituciones supranacionales que rigen, de una manera u otra, las principales decisiones económicas, entre las que cabe destacar, por su concreción y dureza, la del Banco Mundial, que ha afirmado que “la corrupción tiene un efecto pernicioso, frecuentemente devastador, en el desempeño administrativo y en el desarrollo económico y político” (Banco Mundial, 2001).

Sin ánimos de agotar las implicancias que este fenómeno genera en los países donde toca, se pueden sintetizar las consecuencias de su instalación de la siguiente forma:

1.       En el ámbito político, efectivamente, la corrupción influye en la inestabilidad política de los Estados. Los cambios de régimen, en mayor o en menor medida, son explicables desde la constatación de factores de corrupción precedente. Y es que este fenómeno socava brutalmente la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento regular de las instituciones políticas. Esta desconfianza detiene precisamente el desarrollo de estas instituciones y encuba situaciones que pueden determinar un explosivo ambiente de insatisfacción social. Como señala la profesora Ackerman, “la corrupción sistemática socava la legitimidad de los gobiernos, especialmente la de los democráticos, los que incluso pueden verse amenazados por golpes de Estado dirigidos por líderes totalitarios” (Ackerman, 1997).

Finalmente, la corrupción también reproduce y consolida la desigualdad social, alimenta el clientelismo político y perpetúa la ineficacia de la burocracia y, por lo tanto, impide contar con una administración pública eficiente al servicio de la satisfacción de los derechos de los ciudadanos.

2. Económicamente, los especialistas señalan a la corrupción como un factor de ineficiencia y desperdicio en el aprovechamiento de los recursos y en la implementación de las políticas públicas (Olivera, 1994). En efecto, cuando el soborno se convierte en práctica corriente, los contratos gubernamentales, las concesiones, las licitaciones, las privatizaciones no son adjudicadas a los postores más eficientes y profesionales, sino a los que tienen mejores contactos y carecen de escrúpulos. Ello, evidentemente, perjudica los intereses del Estado y por ende los intereses de todos los ciudadanos.

    Igualmente, la corrupción conlleva a que la redistribución de la riqueza se reasigne a favor de aquellos que detentan alguna forma de poder monopólico, esto es, de sectores con mayor capacidad adquisitiva, en perjuicio de las capas menos favorecidas y a las que generalmente van destinados los fondos públicos.

Asimismo, algunos estudios econométricos nos indican que existe una “correlación negativa entre crecimiento y altos niveles de corrupción” (Klitgaard, 1994), lo que significa que a mayores niveles de corrupción menores serán los índices de crecimiento económico de un país.

3.     Pero el efecto más grave, y en ello compartimos las ideas de Pásara, es que la corrupción atenta contra una de las condiciones necesarias de la vida en sociedad: la confianza recíproca entre los ciudadanos y en la colectividad, debido a lo imprevisible del comportamiento entre unos y otros. Este sentimiento de desconfianza en las instituciones y entre los propios conciudadanos quiebra las bases del contrato social llevándonos a un clima de anomia y desestructuración social.

Como bien señala Díez Picazo (2000), “es cierto que los gobernantes no encarnan el Estado en su conjunto y es asimismo cierto que concretos casos de criminalidad gubernativa no convierten al Estado en una organización criminal; pero es incuestionablemente cierto que los gobernantes son órganos del Estado, y sobre todo que representan la imagen visible del mismo. La conclusión es evidente: la criminalidad gubernativa tiende a difuminar la ecuación entre Estado y legalidad y, por consiguiente, tiende a deslegitimar el Estado ante los ciudadanos”.

De plano, todo este panorama de causas y efectos que hemos expuesto nos muestra un fenómeno cuya represión desborda su tratamiento meramente jurídico penal y exigiría poner atención, además, en otro tipo de políticas de carácter extrajurídico o extrapenal.

Pero eso implicaría un trabajo muchísimo más amplio que, inclusive al nivel de las organizaciones internacionales especializadas, aún se encuentra en ciernes.

Corrupción y política

La relación entre corrupción y política es mucho más profunda de lo que es admisible y de lo que los propios políticos están dispuestos a admitir. En primer lugar, no hay que perder de vista que la corrupción no sólo es una acción más o menos consagrada como delictiva sino también un importante medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de la pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro (Njaim 1995). En el fondo, los actores políticos sobre todo en los casos de corrupción oficial y no personal casi nunca están dispuestos a renunciar completamente a esta forma de influencia. Si esto rige para la política interna es de figurarse con cuanta mayor razón se aplica al ámbito internacional y a situaciones en las cuales no son simples operaciones comerciales las que están en juego sino también luchas de poder, donde cada estado, en el mundo de la competitividad y la globalización, tiende a identificar su interés con el de sus empresas, máxime si se trata de negociaciones sobre armamentos y otros ramos similares donde entran en juego enormes sumas de dinero (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2006).

Esquema genérico de un acto corrupto

Ya identificadas las causas y efectos altamente nocivos de este flagelo, parece adecuado describir cómo se desenvuelve un acto en forma genérica.

Resumiendo, podría identificarse la corrupción administrativa con el siguiente esquema:

  • Un CORRUPTO, usualmente vestido de funcionario público que se aprovecha de su poder.
  • Un CORRUPTOR, casi siempre un particular que niega someterse a las generales normativas.
  • Un ESTADO VÍCTIMA, que a su vez victimiza a los ciudadanos comunes que no tienen capacidad de presión y, por lo tanto, observan como se venden sus derechos en medio de una indiferencia cómplice o de una indignación sin cauces válidos de expresión.
  • Una SUBCULTURA DE LA CORRUPCIÓN, en la cual la sociedad y las nuevas generaciones se levantan sobre antivalores. (Contraloría General de Colombia, 1995).

La propuesta

Habiendo aceptado que en la Sociedad toda existe la corrupción, originándose muchas veces en el ámbito privado pero teniendo como mira, la mayoría de ellas, lesionar intereses del Estado (que es lo mismo decir de todos nosotros), el trabajo se centra en la corrupción administrativa, pues será ésta la que pueda o deba ser controlada por los organismos de control; terreno en el que se propondrán mecanismos idóneos para enfrentarla.

En este punto, cabe advertir que, desde el tratamiento del proyecto legislativo que concluyera con la sanción de la Ley de Administración Financiera, Nº 24156, en el año 1994, la discusión doctrinaria se ha dirigido mayoritariamente a determinar cual de los dos modelos, si el tradicional de los tribunales de cuentas y control jurisdiccional administrativo o el moderno, de auditoría de gestión, eran el más conveniente.

Ésta controversia quedó resultó desde su origen, insuficiente para hallar la mejor opción; lo que se evidencia claramente en la realidad tanto del gobierno nacional como de las jurisdicciones provinciales, en donde los actos de corrupción siguen apareciendo.

Necesidad de una visión integral e integrada

El esquema anterior tiene la virtud de mostrar sintética y gráficamente que el fenómeno de la corrupción se inserta decididamente en el corazón del sistema burocrático porque está instalado de esa manera en la sociedad y porque cuenta con la anuencia de buena parte de la población que, por acción u omisión, por conveniencia o temor, observa cuando no participa de este acto destructivo.

La complejidad del problema genera la disyuntiva acerca de si es preciso atacar al monstruo por todas sus cabezas o si conviene, por el contrario, avanzar paso a paso.

Como el presente escrito se refiere solamente a los organismos de control, la perspectiva parece inclinarse por el segundo esquema, pero siempre teniendo en cuenta que los problemas que se enfrenten desde estas instituciones han de acometerse con la posibilidad de atacarlos en todos los frentes, si es que se desea contar con alguna perspectiva de triunfo.

Por ello se hace necesario concentrarse en uno de los aspectos que deben analizarse y diagnosticarse, con el ánimo de encontrar una propuesta que recupere las fortalezas halladas y supere las debilidades detectadas.

En lo que se conoce como el esquema formal de control de la hacienda pública.

En este esquema, los órganos de control,  y sobre todo de control externo, constituyen una herramienta válida y sumamente importante para combatir aunque sea parcialmente el fraude y la corrupción administrativa.

Desde el punto de vista operativo, el paradigma radica en localizar y utilizar las fortalezas de los modelos hoy vigentes en Argentina, y conformar un nuevo modelo que continúe analizando la rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios pero a lo que se agregue la capacidad del control de gestión.

Esto llevo consigo la necesidad de contar con legislación que les otorgue facultades para la lucha contra la corrupción o, más genéricamente, realizar control integral e integrado.

Claro que tal potestad implica una responsabilidad superior para las entidades fiscalizadoras que deberán conformar equipos multidisciplinarios para atender la complejidad de los actos a analizar y, sobre todo, deberán atender primeramente la incorporación de funcionarios de probada capacidad y honestidad; y, en lo sucesivo, mantener especialmente un cuerpo idoneo, comprometido y responsable, para lo que se torna imprescindible la capacitación continua.

En lo orgánico, su accionar debe necesariamente fundarse en dos premisas: independencia de criterio y ejecutividad sancionatoria o, al menos, la capacidad de llegar hasta el fondo del asunto para brindar los elementos suficientes a quien en definitiva juzgue.

Y éste es un reclamo en toda América Latina: “… la autonomía de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ya que solo evitando la injerencia e influencia de los poderes políticos del Estado, se podrá garantizar un trabajo técnico y transparente que sea el sustento para las grandes decisiones y transformaciones políticas y económicas que necesita la sociedad contemporánea…” (Faidutti Estrada, 1995).

En forma concomitante, debe dársele potestad para avanzar en el control hasta concluir con la investigación, previéndose algún tipo de sanción para aquellos que, intencionalmente, perjudiquen o traben la misma.

Ya sabemos que la filosofía del control actúa en la formación de conciencia obrando fundamentalmente por presencia. La probidad administrativa está insita en el control y debe concluir en ejemplarizadoras sanciones en aquellos casos donde el funcionario haya transgredido esos principios esenciales de moralidad administrativa.

El administrado, el contribuyente, el ciudadano debe ser protegido con eficacia frente al actuar irregular o insuficiente de la Administración Pública y ésta debe ser protegida contra el accionar ilícito o abusivo de sus funcionarios (Oelcker Camus, 1999).

Deben establecerse penas de mayor gravedad para este tipo de delitos y especificarse claramente cada una de sus versiones a efectos de que no se deje, por omisión, falta de figuras legales o cualquier otro motivo, de castigar al corrupto.

Como medida de corto plazo, una herramienta sumamente útil sería la de establecer la  obligatoriedad  para los administradores y sus controles de dar a conocimiento público, en forma periódica y a través de los medios de difusión, las acciones y/u omisiones ocurridas en su área de influencia. Esta difusión redundará, creemos, en una mayor “agilidad” de los agentes públicos y, comprometerá en mayor medida a controladores y controlados en el camino de una buena gestión.

Conclusión

En resumen, a los Órganos de Control deben brindársele realmente en la práctica y como medidas inmediatas, los elementos necesarios para realizar su trabajo. Esto es:

  • la incorporación adicional, al control jurisdiccional administrativo de legalidad, del control de gestión. El control de Gestión permitirá instrumentar alternativas de evaluación de los programas de Gobierno, la ejecución de sus presupuestos; el uso y destino de recursos recibidos por ingresos fiscales, créditos y aportes de otros organismos; si son utilizados adecuadamente y sin desperdicio, de acuerdo a su planificación y programación económica inicial y si los fondos llegan a los destinatarios correctos;
  • la recuperación de las normas que obligan a todos los agentes públicos a efectuar la Declaración Jurada Patrimonial, al hacerse cargo de sus funciones, establecer una periodicidad para su renovación, como así también definir el control de la misma como facultad de los Órganos de Control;
  • una legislación que prevea este tipo de delitos, llamados genéricamente como corrupción administrativa, en forma sistematizada y que, a la vez, determine castigos específicos y de la mayor gravedad posible para cada uno de ellos.

Estos puntos constituyen lo que hoy se conoce como CONTROL INTEGRAL – INTEGRADO, y que debe ponerse en práctica lo más rápido posible ya que constituiría una notable contribución en la calidad de las tareas de los Órganos de Control y, específicamente, en la lucha contra la corrupción administrativa.

A ellos, deben adicionarse dos factores tal vez prosaicos pero que actuarán, seguramente, como cierre de seguridad en el proceso de mejora.

  • una legislación que obligue a publicar periódicamente los resultados de su accionar;
  • una legislación que le otorgue mayor fuerza ejecutoria a sus disposiciones, de tal manera que no se transformen en letra abstracta.
  • medios económicos acordes con la tarea a realizar.

Es que las entidades fiscalizadores públicas deben fortalecer su rol desde todo punto de vista, a los fines de verificar con mayor eficiencia la gestión del Estado, pero también acompañando el proceso que procura las “5E”; con una necesaria modernización para adecuarse a los tiempos que corren y a las nuevas prácticas delictivas, transformándose en un elemento dinamizador de la conciencia ética y espejo de moral ciudadana: limpia, participativa y vigilante.

En definitiva, los órganos de control deben convertirse en un espantapájaros gigante para los corruptos.

BIBLIOGRAFÍA:

ACKERMAN, ROSE: “Transparencia en la contratación estatal”.
Fundación Interamericana de Abogados – BID, 1997, p. 28.
BESADA, MARIA EUGENIA: “Cultura y Corrupción Política: Financiamiento privado de las campañas electorales en Argentina”. Trabajo presentado en el 6to Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político”. Buenos Aires, 2003.
CONTRALORÍA GENERAL DE COLOMBIA: “El papel de las EFS en la lucha contra la corrupción administrativa”. V Sesión Plenaria de OLACEFS, Perú,  1995.
DIEZ-PICAZO, LUIS M.: “La criminalidad de los gobernantes”. Editorial Crítica, Costa Rica, 2000.
FAIDUTTI ESTRADA, JUAN C.: “Contralor General de Ecuador. “El papel de las EFS en la lucha contra la corrupción administrativa”. Ponencia en la V Asamblea OLACEFS. Perú, 1995. Pág. 5 y 16-17.
KLITGAARD, ROBERT: “Controlando la corrupción”. Edit. Sudamericana. Buenos Aires, Argentina, 1994.
LENARDÓN, FERNANDO R.: “Propuesta de un paradigma para la lucha contra el fraude y la corrupción”. Trabajo ganador del Primer Premio en el Concurso Anual de Investigación de la OLACEFS, año 2001. Entre Ríos, Argentina, 2001.
MALAXACHEVERRÍA GONZÁLEZ, ÁNGEL: “Hacia un paradigma de sistema integrado de control para un Estado Moderno”. Boletín Informativo del SPTCRA Nº 79-80, pág. 3-16. Entre Ríos, Argentina, 1994.
NJAIM, HUMBERTO: “Corrupción política”, INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS:  http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm; 2006.
OLIVERA, JULIO H. G.: “Racionalidad técnica y racionalidad ética”. Revista ENOIKOS Nº 12, p. 27. Buenos Aires, 1998.
OELCKERS CAMUS, OSVALDO: “Bases para la implementación de una Política Pública de Ética Gubernamental”. Universidad Católica Valparaíso. Vía Internet, 1999.
PÁSARA, LUIS: “La corrupción (el estado de la cuestión)”, en Boletín de la Comisión Andina de Juristas, Nº 41, p. 19. Perú, año 1996.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO: “Democracia/Estado/Ciudadanía: Hacia un Estado de y para la Democracia en América Latina”. Coordinado por Rodolfo Mariani. Lima: Sede PNUD, 2007. Estados Unidos de América. www.democracia.undp.org.

 


[1] Respondhabilidad: deber de todo administrador de rendir cuentas, informando sobre su gestión y el cumplimiento de metas.

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