“Principales incidencias en materia de rendición, subvenciones y contratación” Este es el título de la ponencia que la consejera de la Cámara de Cuentas de Aragón, Rosa Montolío, ha presentado recientemente en el Aula de Administración Local, una iniciativa del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Administración Local, para la formación de los profesionales técnicos de la administración local y el intercambio de experiencias.
En la sesión, también participó el presidente de la Cámara, Alfonso Peña, quien agradeció a la Dirección General de Administración Local y al Instituto Aragonés de Función Pública (INAP), la organización de estos encuentros que “nos permiten conectar problemas e inquietudes de un sector muy diseminado y contribuir a la búsqueda de soluciones”. Peña también hizo hincapié en la importancia del control interno que realizan los secretarios e interventores “que permite a la Cámara de Cuentas planificar la fiscalización de la Administración Local con más acierto y menos riesgos”
El encuentro, sirvió para repasar las obligaciones de rendición de cuentas de las entidades locales, tanto al Tribunal de Cuentas como a la Cámara de Cuentas de Aragón, los plazos previstos para ello y las principales incidencias detectadas por el órgano de control externo aragonés. Se trata de un deber legal básico que tiene como fin último, garantizar la transparencia.
Según datos de 2016 del Tribunal de Cuentas, Aragón ocupa el primer lugar en cuanto al número de municipios que rinden sus cuentas, un dato que, en opinión de Alfonso Peña, se debe a que los secretarios-interventores, son profesionales que trabajan con rigor y cumplen plazos.
Las principales incidencias detectadas por la Cámara de Cuentas en la rendición de cuentas por las entidades locales son el incumplimiento de los plazos y las relacionadas con la integridad de la cuenta. Otras, son los defectos en la tesorería o la falta de cumplimentación de apartados de la Memoria que forma parte de la cuenta general.
Además de la cuenta general, las entidades locales deben remitir a la Cámara información sobre su actividad de contratación administrativa, convenios y acuerdos de gastos contrarios al criterio de un reparo del Interventor. En 2017, 50 entidades locales presentaron un total de 927 acuerdos contrarios a reparos, por un importe de 22,4 millones de euros. Por otro lado, 23 entidades comunicaron a la Cámara, 1.445 acuerdos en los que se omitió el trámite de la fiscalización previa, por un importe de 57,2 millones de euros.
En el ámbito de las incidencias relacionadas con la rendición, la ponencia de Rosa Montolío detalló las detectadas en los ámbitos de la concesión de subvenciones y contratación.
