Conclusiones de los XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico

Conclusiones de los XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico

Barcelona, 28 y 29 de septiembre de 2017

GRUPO 1: La organización y la mejora de la función fiscalizadora

1. Los OCEX deben explorar los límites de su función de control externo y ampliar sus objetivos. Programar nuevos trabajos como fiscalizar la actuación supervisora de instituciones financieras o las ayudas a ese sector, la gestión de la deuda pública, la financiación autonómica, la lucha contra la corrupción, etc. En algunos casos, será necesario adaptar el marco normativo, ampliar sus exigencias éticas y actualizar los procedimientos de fiscalización. Se ha de caminar hacia un marco de control externo ampliamente descentralizado, profundizar en la aplicación de estándares internacionales y seguir trabajando en el régimen de selección, promoción y formación continua del personal.
2. La corrupción, la transparencia, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la eficiencia de los servicios públicos son factores que por su importancia han de ser tenidos en cuenta por los OCEX. A pesar de algunas actuaciones en sentido contrario, como la desaparición de algún OCEX, varias comunidades han optado por reforzar sus órganos de control. Se están configurando dos modelos alternativos: algunas comunidades han constituido un órgano específico (agencia u oficina antifraude), otras han optado por atribuir esas competencias a un órgano previamente existente. En este campo destaca Galicia, donde su Consello de Contas es el primer OCEX que ha asumido competencias en el ámbito de la prevención de la corrupción. Hay un consenso generalizado en la necesidad de la existencia de órganos específicos en materia de prevención de la corrupción y no confiar solo en la vía punitiva. Esta competencia ha añadido aspectos nuevos al trabajo del Consello: diagnóstico de los sistemas de prevención, elaboración de guías y metodología, supervisión y seguimiento de los planes de prevención.
3. Para facilitar la planificación y el trabajo de los OCEX es de vital importancia la gestión de los censos de las entidades sujetas a fiscalización y otro tipo de información como las cuentas rendidas, contratos y convenios. Estas informaciones están disponibles en formato electrónico y, en algunos casos, por imperativo normativo, se han de enviar a diversos entes. De manera general, entre los OCEX se está imponiendo la firma de convenios con los diversos sujetos implicados para facilitar la operatividad, evitar la duplicidad de registros y simplificar el trabajo, tanto de los fiscalizados como de los fiscalizadores.
4. Una parte muy significativa del gasto de las administraciones públicas va destinada a satisfacer la nómina de los trabajadores públicos. Por ello, los OCEX deben enfocar una parte importante de su trabajo en la fiscalización de la gestión de los recursos humanos de las distintas entidades del sector público y el gasto que conlleva. Uno de nuestros objetivos debe ser instar a la modificación de los procedimientos y las prácticas implantadas por las entidades que no cumplan con la legalidad que les corresponde, con el fin de mejorar la gestión de los recursos humanos y el control del gasto asociado. En cualquier caso, nuestras aportaciones serán más efectivas si, en la medida de lo posible, acompañamos a las entidades en la implantación de las nuevas prácticas.
5. En el trabajo de planificación de las fiscalizaciones debemos dedicar el tiempo necesario a analizar en qué área de los servicios públicos se desarrolla la actividad de la entidad a fiscalizar, cuáles son las peculiaridades de la entidad y cuáles son sus principales operaciones financieras. Ello nos permitirá ser conscientes de los puntos donde tendremos que incidir en nuestro trabajo posterior de fiscalización. Por ejemplo, un análisis del gasto en medicamentos de ciertos hospitales públicos pone de manifiesto una concentración del gasto en pocos proveedores y en un porcentaje pequeño de los medicamentos. Así pues, nuestro trabajo de fiscalización será más eficaz si se centra en el análisis de los proveedores y los medicamentos donde se concentra el mayor gasto.
6. Una de las finalidades de los informes de fiscalización es la mejora de la gestión mediante la emisión de las recomendaciones. Es por ello que, por parte de los OCEX, es importante hacer el seguimiento posterior de su implantación. Ello nos da una medida de la eficiencia y del impacto de nuestra labor; pone de manifiesto la continuidad en el tiempo de la función fiscalizadora, y facilita el control político de los órganos legislativos. Desde una perspectiva interna, el seguimiento e implantación de las conclusiones, analizadas en su conjunto, nos da una visión crítica del trabajo realizado, más amplia que el impacto económico de los informes. No obstante, este análisis debe hacerse teniendo en cuenta las circunstancias que en cada momento han determinado el grado de aceptación o cumplimiento de las recomendaciones por las entidades fiscalizadas, que será mayor cuanto mayor sea la participación de los órganos directivos de las instituciones fiscalizadoras.
7. Dentro de las recomendaciones a hacer a las entidades fiscalizadas está, en algunos casos, la necesidad e importancia de registrar claramente las operaciones contables, con el fin de facilitar la lectura, el seguimiento y la posterior revisión de los hechos contabilizados. Es importante que los sistemas informáticos eviten la necesidad de llevar registros y controles extracontables. Una contabilidad clara y transparente de todas las operaciones es clave para dificultar las malas prácticas y facilitar el control de la gestión.

GRUPO 2: Experiencias de fiscalización

1. La situación económica de los últimos años ha comportado una insuficiencia de recursos generalizada en todos los ámbitos de actuación del sector público. Por ello, las experiencias de fiscalización presentadas se centran en el análisis del uso eficaz, eficiente y económico de los recursos públicos. Así, se constata una creciente necesidad de incrementar la realización de auditorías operativas y, especialmente, auditorías sobre políticas públicas/cumplimiento de programas que enlazan la legalidad (contratación, concesión de subvenciones) con el cumplimiento de objetivos. Asimismo, se han presentado interesantes experiencias para la fiscalización de la estabilidad presupuestaria, el remanente de tesorería y de gastos de personal de las entidades locales, así como un análisis sobre la naturaleza jurídica de entes de difícil encaje, en cuanto a su fiscalización, como son las cofradías de pescadores.
2. Uno de los ámbitos en los que hay más riesgo de corrupción es en la contratación. Es necesario articular mecanismos para modificar el entorno de riesgo y uno de los frentes es el de la prevención, mejorando la normativa y realizando actuaciones encaminadas a reforzar la ética. En el trabajo presentado sobre las áreas de riesgo en la contratación, se concluye que es imprescindible la profesionalización de los partícipes en el procedimiento de contratación; la despolitización de los gestores, asesores y, en su caso, fiscalizadores; la formación continua en normativa contractual, gestión y valores éticos, y el refuerzo de la independencia de los órganos de control.
3. En la fiscalización de la contratación se observa que las deficiencias continúan centrándose en los criterios de adjudicación, tanto en su justificación como en las fórmulas y métodos utilizados para su valoración, observándose un exceso de discrecionalidad en la selección del adjudicatario. Se observa también un uso excesivo de la contratación menor, en muchos casos como consecuencia del fraccionamiento indebido de contratos. Por último, destacar la importancia de la fiscalización de la fase de ejecución de los contratos, en la que se observan deficiencias que comportan modificaciones significativas (nuevas prestaciones, revisiones de precios, etc.) que pueden desvirtuar el contrato inicial.
4. Debido a las restricciones presupuestarias, hay una utilización creciente de los modelos de colaboración público privada, por lo que es importante analizar el impacto económico de este modelo frente a la gestión directa. En el análisis presentado se concluye que la colaboración público privada supone un coste mayor; sin embargo, esta conclusión se ha de matizar ya que hay factores externos de difícil evaluación y cuantificación, que pueden justificar la elección de esta fórmula aparentemente más cara.
5. La utilización del dialogo competitivo como forma de adjudicación de los contratos se caracteriza por una elevada discrecionalidad en todas sus fases, hecho que dificulta su fiscalización. Por ello es importante que en el diseño de las pruebas de fiscalización se ponga especial énfasis en verificar el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación entre los diferentes candidatos, de transparencia en el desarrollo del procedimiento y de efectiva concurrencia en la adjudicación.
6. Las experiencias de fiscalización en el ámbito de las entidades locales hacen especial hincapié en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la solvencia y la sostenibilidad financiera de la entidad y de la adecuada política de personal. Para ello, se propone un procedimiento de auditoría basado en el uso de tres indicadores que permiten detectar posibles riesgos que podrían afectar a la sostenibilidad financiera de la entidad; se constatan deficiencias importantes en el control interno de las entidades (interventores y secretarios sin habilitación nacional, falta de procedimientos escritos y falta de segregación de funciones) por lo que cobra una especial importancia la fiscalización del remanente de tesorería, debido a que su cuantificación errónea podría tener consecuencias sobre la solvencia y sostenibilidad de la entidad.
7. En la fiscalización de los gastos de personal se observa una elevada dispersión normativa, que conlleva la dificultad de su fiscalización. El papel de los OCEX en la fiscalización de la gestión de personal ha de ir dirigida a evaluar las políticas de ordenación, reclutamiento y retributivas de las entidades, en aras a contribuir a la racionalización de los recursos, y a dar estabilidad a la plantilla, dar respuesta a las necesidades coyunturales y estructurales de los recursos y racionalizar el gasto.

GRUPO 3: Contabilidad pública, una reforma necesaria

1. La descentralización de la gestión de los servicios públicos ha generado la proliferación de todo tipo de entidades públicas, las cuales adoptan formas muy diversas, como sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, agencias, etc. Ante esta situación, la rendición tradicional de cuentas es insuficiente y se hace necesaria la elaboración de las cuentas generales en términos consolidados ya que, entre otros aspectos, aportan una visión global de la actividad realizada independientemente de la forma de gestión y facilita el análisis temporal de la información y su comparabilidad. En este sentido, en el año 2013 se aprobaron en España las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, de aplicación obligatoria para el sector público estatal y de carácter marco para todas las administraciones públicas. Sin embargo, a fecha de hoy ninguna comunidad autónoma ha hecho el desarrollo normativo pertinente.

2. Uno de los fines más importantes de la contabilidad, en general, y de la contabilidad pública en particular, es ofrecer información útil y relevante para los responsables de la gestión pública, la evaluación de la cual exige contar con información variada y heterogénea como indicadores de gestión, estadísticas, encuestas de satisfacción, informes especializados, etc. La información que actualmente proporciona la contabilidad pública no es suficiente para mejorar la calidad de las políticas y servicios públicos y tiene la obligación de satisfacer estas nuevas necesidades, de manera que, además de la información economicofinanciera y presupuestaria tradicional, recoja, ampliamente y de manera sistemática, indicadores de gestión de las distintas áreas de competencia pública.
   En el debate de los Encuentros Técnicos se han manifestado visiones muy contrapuestas en cuanto a la necesidad y la conveniencia de la utilización de los diversos sistemas contables a los cuales se encuentran sujetas las diferentes administraciones públicas.

3. En el sector público catalán existen entidades a las que no es de aplicación obligatoria el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), sino que pueden aplicar el PGC pero que, a su vez, deben ajustar su reflejo contable a la normativa presupuestaria, elaborando al cierre del ejercicio un Estado de liquidación del presupuesto. En estos casos, la Intervención de la Generalitat, mediante instrucciones, establece la información presupuestaria que han de rendir y la forma de elaborarla a partir de la información financiera. Este carácter híbrido es causante de múltiples errores, tanto conceptuales como formales, con lo cual la información presupuestaria suministrada no es satisfactoria.

4. En el ejercicio de la profesión auditora es fundamental verificar el respeto del principio de segregación de funciones entre los diversos actores de la gestión del ente u organización a auditar. Lo mismo sucede con la función fiscalizadora de los OCEX. La finalidad de la segregación de funciones es la de mejorar la gestión y, sobre todo, minimizar los riesgos. Al órgano de control interno de las administraciones públicas, la Intervención, se le otorga la doble función de contabilidad y de fiscalización, salvo determinadas excepciones que solo afectan a municipios de gran población, si bien, en algunos de estos últimos casos, la función contable segregada de la función de fiscalización se asigna a la Tesorería, con lo cual, sigue persistiendo el mismo problema de falta de segregación de funciones pero entre órganos distintos. La cuestión se ha agravado recientemente en el caso de los municipios menores de 5.000 habitantes, en los que a las atribuciones propias de la Secretaria-Intervención se han añadido las funciones de Tesorería, con lo cual frente a la segregación deseada se produce una agregación integral.

GRUPO 4: Aspectos jurídicos de los trabajos de fiscalización

1. Los OCEX son instituciones parlamentarias, técnicas e independientes en su funcionamiento que emiten informes técnicos en los que ofrecen su opinión definitiva al Parlamento sobre la entidad o materia analizada. Los órganos parlamentarios pueden solicitar al OCEX la realización de informes relacionados con  la gestión financiera pública y pueden requerir, en su caso, la comparecencia de sus miembros para aclarar y ampliar aspectos del informe de acuerdo con el procedimiento establecido en sus reglamentos. Se constatan diferencias entre los reglamentos de los diferentes parlamentos que afectan a la exigencia de presentación de los papeles de trabajo ante las diferentes comisiones y/o sus diputados. Desde un punto de vista técnico se constata la conveniencia de una mayor comunicación entre el OCEX y los órganos parlamentarios para hacerlos conocedores de los procesos de elaboración de los informes, de las características y complejidad de los papeles de trabajo, de su carácter técnico y de soporte de conclusiones, de tal manera que las peticiones parlamentarias se puedan ceñir a aspectos concretos del informe. Además, hay que tener en cuenta los posibles conflictos que se puedan generar con otras normas, especialmente las relativas a protección de datos.

2. Es importante que se explique a la sociedad que el ordenamiento jurídico encomienda a los OCEX exclusivamente una función técnica que no comprende la investigación del fraude y de la corrupción, aunque las recomendaciones de los informes de fiscalización en materia organizativa, de control, de legalidad y de gestión, en la medida en que se cumplan por parte del ente fiscalizado, pueden servir para la prevención de  los mismos. En todo caso, cuando en los informes de fiscalización se detectan indicios de fraude o corrupción, se trasladan a los órganos competentes.

3. En un Estado de derecho las administraciones públicas han de actuar con sujeción estricta a la ley y al derecho y la labor de control de los OCEX ha de incidir en la valoración del cumplimiento de la legalidad. Por otra parte, los informes de fiscalización deben tener un adecuado sustento jurídico. Para ello, se hace indispensable la intervención de juristas en la elaboración de los informes de fiscalización, ya sea mediante la creación de equipos multidisciplinares o mediante apoyo especializado en cuestiones específicas.

4. La clasificación de los incumplimientos de las normas en los informes de fiscalización está sujeta a multitud de parámetros sin que existan reglas de general aplicación como ocurre en la auditoría financiera. La guía práctica de fiscalización de los OCEX sobre la importancia relativa en las fiscalizaciones de cumplimiento de la legalidad puede constituir, con la experiencia acumulada con el paso del tiempo, una valiosa ayuda para la clasificación de los incumplimientos en graves, significativos y leves. Se constata la dificultad para expresar una opinión de legalidad por la multitud de factores que influyen en ella y por la dificultad en la aplicación práctica de la importancia relativa en el ámbito de la legalidad. También se constata que, en la práctica, en aquellos OCEX que expresan opinión de legalidad, ésta es en la mayoría de casos positiva con salvedades. De forma previa a la emisión de una opinión de legalidad habría que trabajar en la clasificación de los incumplimientos y en el concepto de materialidad aplicado a la legalidad.

5. La creación de entidades públicas debe tener una finalidad de interés público y unas funciones determinadas para conseguirla que deben reflejarse en su norma de creación y en sus estatutos. Si la entidad deja de tener la finalidad para la que se ha creado, ésta cambia o la totalidad de sus funciones se traspasan a otra entidad, ello debe implicar su desaparición o la modificación de su norma de creación/funcionamiento para adaptarla a la nueva configuración. Sin embargo, se constata que existen entidades aunque hayan sido despojadas de su finalidad, de sus funciones y de sus recursos.

6. Las entidades públicas están obligadas a satisfacer los intereses públicos. En el marco jurídico existente, los OCEX tienen dificultades para controlar de manera suficiente la existencia de conflictos de intereses y las prohibiciones de contratar. Para garantizar la imparcialidad y evitar los conflictos de intereses, son necesarios cambios en el ordenamiento jurídico que faciliten a las entidades públicas y a los OCEX el control en esta materia.

7. Las leyes singulares que se refieren al ámbito de la organización de las administraciones públicas y de su sector público, han de responder a una situación específica y han de ser razonables y proporcionales y no deben extenderse a ámbitos que no justifican un régimen diferenciado, especialmente si su única finalidad es la huida del derecho que en cada caso correspondería aplicar.
8. La figura de las plazas vinculadas docentes asistenciales se rige por una normativa específica que no se aplica en todas las comunidades autónomas de igual forma. La aplicación parcial genera numerosas dificultades para su fiscalización y control.

GRUPO 5: Nuevos retos

1. Actualmente la corrupción y el fraude, tras el paro, son algunas de las principales preocupaciones de la población española. En este escenario algunos parlamentos han querido dotar a sus OCEX de nuevas competencias en materia de corrupción. La asunción de nuevas competencias por los OCEX tiene que ir acompañada de más recursos humanos y técnicos y de formación específica. Los parlamentos autonómicos tienen que implicarse en el cumplimiento de las recomendaciones para mitigar la corrupción.

2. Según el CIS, los partidos políticos y los políticos son el tercer problema que más preocupa a los ciudadanos. Desde el ejercicio 2015 el Tribunal de Cuentas ha asumido la competencia exclusiva para fiscalizar los partidos políticos y los OCEX solo tienen competencia para fiscalizar la contabilidad electoral. Aunque la normativa relativa a los partidos políticos y su financiación ha sido modificada en diversas ocasiones y se ha mejorado en temas como: transparencia, limitación de las aportaciones por parte de personas privadas y aprobación de un PGC específico para partidos políticos; aún quedan temas pendientes de resolver como pueden ser el control de las fundaciones y asociaciones vinculadas, la rendición de cuentas de las coaliciones electorales, la revisión del sistema de financiación (público-privada) de los partidos políticos y la regulación del preceptivo informe de control interno y de las nuevas formas de financiación.

3. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma en que se dirige una organización, destacando ciertos factores clave como la gobernanza, la ética, la integridad, la gestión responsable, la comunicación, la trasparencia y la rendición de cuentas. La adopción de una estrategia de RSC por los OCEX permitiría afrontar el reto de liderar e impulsar proactivamente su papel como instituciones de control externo de referencia, eficientes y transparentes, orientadas a la sociedad y que, a través del rigor y de la calidad de su función de control, contribuyan a mejorar la gestión de las entidades que integran el sector público sujeto a su ámbito de control.

4. La tecnología Blockchain es una contabilidad pública de persona a persona que se mantiene mediante una red distribuida de computadoras y no requiere ninguna autoridad central ni terceras partes. El bloque almacena cronológicamente información de todas las transacciones que tienen lugar en la cadena y garantiza certeza, irreversibilidad y confianza mediante la descentralización de la gestión de las operaciones. La auditoría no puede permanecer al margen de la evolución tecnológica y debe aprovechar las posibilidades de la tecnología para conseguir más transparencia y una trazabilidad mayor de las transacciones económicas. Actualmente algunos OCEX ya utilizan técnicas para el análisis masivo de datos. La aplicación de nuevas tecnologías en el control externo puede tener efectos más preventivos que reactivos pero supondrá una mejora en la función fiscalizadora.

5. La gestión patrimonial en las entidades locales constituye un reto, al ser una materia históricamente relegada. Con la entrada en vigor del nuevo PGCAL, surge la oportunidad de regularizar esta situación, clasificando correctamente los activos, aplicando las novedosas normas y definiciones del nuevo plan y dotando de verdadera importancia a la contabilidad patrimonial. Adicionalmente, con la creciente importancia de la auditoría operativa, se ha de comprobar el número y situación de los inmuebles, los costes y rendimientos o ingresos generados por los mismos, así como la adopción de medidas o planes de gestión de su patrimonio inmobiliario. Medidas que, en el caso de los edificios administrativos, deben traducirse en planes de optimización y, en el caso de los bienes patrimoniales, en planes de gestión patrimonial, con criterios de eficacia y eficiencia. De especial relevancia resulta la implantación de un sistema de contabilidad analítica que dote de veracidad y fiabilidad a la información sobre el coste de los servicios públicos e indicadores de gestión.

6. En los últimos treinta años los cambios en la Administración pública y en su fiscalización han sido considerables. No obstante, en nuestro entorno la velocidad de transformación se ha ido acelerando progresivamente, por lo cual el trabajo de fiscalización de aquí a los próximos treinta años cambiará todavía más significativamente. La Administración pública deberá dar respuesta a nuevas necesidades y hacer frente a retos considerables como la sostenibilidad, la participación ciudadana, la transparencia, la accesibilidad, etc. Y los órganos fiscalizadores deberán ajustar su trabajo al nuevo entorno y a los nuevos métodos para afrontarlo, debiendo adaptarse tanto en su metodología, con los avances que permitan las nuevas tecnologías, como en los nuevos requerimientos que exijan los parlamentos y los diferentes usuarios de los informes.

7. La fiscalización operativa es uno de los tres tipos de fiscalización del sector público. Se centra en determinar si las actuaciones, programas e instituciones se gestionan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y si existen áreas de mejora. Debemos dejar de considerar la auditoría operativa como un reto y considerar su realización por las instituciones de control externo como una obligación. Y ésta debe realizarse a partir de una metodología previamente estandarizada.

8. Los conflictos de interés son una de las situaciones que pueden afectar a la imparcialidad en la toma de decisiones. Se propone considerar la existencia de un sistema jurídico de gestión de conflictos de interés y fiscalizarlo de forma específica para evaluar de forma global si la entidad fiscalizada gestiona conforme a norma dichos conflictos, disminuir el riesgo de fiscalización y contribuir a garantizar la eficacia del sistema con el objeto de reducir las oportunidades de corrupción.

9. Uno de los retos pendientes de los OCEX es reducir el desconocimiento de la sociedad respecto a la existencia y función de los órganos de control externo. Una buena estrategia de comunicación de los OCEX que prevea las relaciones con los medios de comunicación, una imagen corporativa, políticas de protocolo y relaciones con otras instituciones, diseño de su página web e introducción en las redes sociales puede reforzar la institución y su trabajo de fiscalización convirtiéndolo en más eficaz.

10. El informe realizado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en materia de titulaciones de las universidades evidencia que la oferta académica es excesiva, repetitiva y discordante respecto a su demanda y a las necesidades del mercado de trabajo. Este problema subsiste porque tanto la comunidad como las universidades no han ejercitado sus competencias para programar y coordinar el sistema universitario, aprobar la programación universitaria y el mapa de titulaciones oficiales. Por otra parte las autoridades públicas llevan años extendiendo la oferta universitaria por todo el territorio de la comunidad para aproximar los servicios universitarios a los usuarios.
    Se deben adoptar decisiones que limiten la implantación y promuevan la supresión de aquellas titulaciones en las que no concurren los requisitos objetivos previamente fijados relativos a demanda, financiación y vinculación con el mercado de trabajo, garantizando un uso más eficiente de los recursos públicos por las universidades públicas, fomentando su especialización y reorientando la oferta universitaria para lograr un mapa de titulaciones sin redundancias, conectado con la demanda docente y con las necesidades reales del mercado laboral.

GRUPO: 6: Foro tecnológico

1. Las auditorías tradicionales deben enfrentarse a nuevos retos relacionados con la asimilación de las nuevas tecnologías de la información. La auditoría debe adaptarse con nuevos métodos y procedimientos al mundo digital. Para afrontar estos nuevos retos, una de las opciones principales es la creación de equipos multidisciplinares de auditores: equipos formados por expertos en auditoria junto a expertos informáticos de las áreas de sistemas y de gestión. Es interesante tener en cuenta las certificaciones tipo CISA para algún miembro del equipo multidisciplinar.

2. En la era digital en la que nos encontramos es primordial tener conciencia de la importancia de la seguridad de los sistemas y servicios para salvaguardar la información. Es necesario no subestimar el riesgo de recibir un ataque a la organización y analizar si las medidas de protección son las adecuadas y si están correctamente aplicadas. El Esquema Nacional de Seguridad establece la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos y define unos requisitos mínimos que permiten la protección adecuada de la información. Se regula por Real Decreto y en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Es necesario revisar la aplicación del esquema para valorar y modificar las medidas de protección según sea conveniente.

3. El uso de aplicativos para el tratamiento de grandes volúmenes de datos está resuelto por los OCEX mediante el uso de distintas herramientas, básicamente ACL, IDEA y Tableau, aunque puede ser necesario realizar desarrollos a medida, principalmente en plataformas web. El tratamiento de los datos mediante estas herramientas permite analizar toda la población, no solo una muestra o extracción, analizar todos los expedientes electrónicos y aplicar filtros para extraer los elementos que interesa analizar. Es importante que los equipos de auditoría estén bien formados en el uso de estos aplicativos para que puedan utilizar todo el potencial que ofrecen.

4. En varios OCEX se utilizan aplicativos para la gestión de todo el proceso de auditoría. Es el caso del TeamMate, que permite definir el plan de auditoría, la asignación de recursos y programación del personal, la evaluación de riesgos, la generación de informes, realizar el seguimiento de proyectos, incidencias y recomendaciones y también usar y compartir los papeles de trabajo electrónicos en tiempo real y entre todos los miembros del equipo. El uso de estos aplicativos facilita el trabajo en equipo y permite visualizar, de forma rápida, el estado y la evolución de los proyectos de auditoría en proceso y la disponibilidad de recursos.

5. El uso de imágenes que incluyan gráficas, diagramas, infografías y fotos en los informes puede ser muy efectivo para comunicar correctamente la información. Son recursos que deben usarse adecuadamente para conseguir el objetivo deseado, que expliquen bien para que sean efectivos y que sean verídicos para que no engañen por error. Es necesario redactar bien los informes pero también diseñar bien su contenido; mediante elementos gráficos serán más convincentes y conseguirán una presentación más elegante.