Las Cortes de Castilla y León han celebrado la segunda «Jornada Técnica sobre Contratación del Sector Público» organizada conjuntamente por el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo, donde se ha analizado la nueva Ley de Contratos del Sector Público publicada el pasado 9 de noviembre.
Los presidentes de ambas instituciones, Jesús Encabo y Mario Amilivia, destacaron el impacto y la importancia de esta nueva normativa la normativa que afecta a un volumen de contratación aproximadamente de 3.400 millones de euros en el sector público autonómico y local de la Comunidad. En opinión de Encabo, la normativa supone un giro importante respecto a lo que ha sido la contratación pública en España «ya que está incardinada por principios como una mayor transparencia, la finalidad de conseguir una mejor relación calidad precio y abrir la contratación de una manera mucho más eficaz a las pequeñas y medianas empresas”.
La modificación normativa afecta en profundidad a la actividad del Consejo de Cuentas que en los últimos cinco años ha realizado 15 informes dedicados específicamente a materia de contratación de las administraciones autonómica y local.
Por su parte, Amilivia recordó, en relación a la actividad del Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración, que esta ley va a hacer que haya más asuntos recurribles. «En estos años hemos resuelto 507 recursos por un importe global de 3.750 millones de euros de distintos contratos que las administraciones de Castilla y León”, concretó. Así, con la nueva ley aumentan los actos recurribles al reducirse el umbral económico de los contratos que pueden ser objeto de un recurso especial, lo que implicará una mayor carga de trabajo.
El programa ha contado con la participación, entre otros ponentes, de especialistas como Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, o José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
El aforo ha quedado completo con más de 300 inscripciones de profesionales de las administraciones públicas interesados en las novedades que introduce la nueva legislación en esta materia.
