La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León aprobó el jueves 11 de febrero el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones 2021, tercer programa anual presentado por el actual Pleno del órgano de control externo de la Comunidad. El Consejo contempla 34 fiscalizaciones de carácter legal y especial, además del informe anual para el seguimiento de las recomendaciones, y otros 16 trabajos de planes anteriores, actualmente en elaboración.
Según explicó el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 adquieren un carácter transversal en la programación. Por un lado, las fiscalizaciones de carácter legal permiten una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de la gestión pública que, en su conjunto, en el ejercicio 2020 y siguientes quedarán afectadas por el impacto de la crisis sanitaria. Igualmente, dentro de las fiscalizaciones especiales se contempla en el ámbito autonómico la fiscalización de los contratos que hayan traído causa en la pandemia, así como el análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a esta misma circunstancia. Se suma, además, el análisis en las cuentas de la administración autonómica de esta coyuntura económica.
En el ámbito local se verificará cuál ha sido el impacto sobre los tributos propios de las capitales de provincia, el destino que las entidades locales han dado a los fondos recibidos para contener las consecuencias del virus y se analizarán sus efectos en las cuentas del sector público local.
A todo ello, el plan contiene trabajos sobre transformaciones sociales generadas por la pandemia. Así, en el ámbito de la Comunidad se plantea una auditoría sobre la seguridad de los datos en materia educativa en el curso en el que la tele-formación se ha generalizado en los hogares.
En el ámbito local, en una serie de ayuntamientos se revisa la seguridad informática. Además se analizará en cada una de las diputaciones la eficacia y eficiencia de su gestión recaudatoria.
