El Parlamento de Canarias estudiará medidas para que las entidades públicas rindan sus cuentas en el plazo marcado por Ley
El Parlamento de Canarias ha acordado estudiar la aplicación de nuevas medidas que contribuyan a que las administraciones autonómicas y locales cumplan con los plazos establecidos por ley para rendir sus Cuentas Generales ante la Audiencia de Cuentas de Canarias. Así se decidió en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, en la que hoy ha comparecido el presidente del órgano auditor, Rafael Díaz, para presentar los últimos trabajos de fiscalización realizados.
La propuesta, tratada en la Comisión, y aprobada por todos los grupos parlamentarios, responde a una petición realizada por la Audiencia de Cuentas de Canarias en uno de los informes presentados hoy.
Así, en el informe de Fiscalización del Sector Público Local, relativo al ejercicio 2011, la Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda que, “a efectos de mejorar el nivel de cumplimiento en cuanto a plazos de rendición de las Cuentas Generales, sería conveniente que el Pleno del Parlamento adoptase las medidas oportunas”.
En este contexto, los grupos representados en el Parlamento acordaron crear un grupo de trabajo para estudiar qué medidas se pueden incluir en la normativa con el objetivo de aumentar tanto el número de entidades públicas que rinden sus cuentas en el plazo establecido por Ley como el de las administraciones públicas que cumplen en la gestión que hacen de los fondos, con las recomendaciones hechas por la Audiencia de Cuentas y recogidas en cada uno de los informes de fiscalización.
Durante el año 2012, casi la totalidad de las entidades locales rindieron cuentas ante la Audiencia de Cuentas de Canarias. No obstante, en torno a un 49 por ciento lo hicieron fuera del plazo que establece la Ley lo que, en opinión de la Audiencia de Cuentas de Canarias, resta eficacia a los trabajos de fiscalización y a las recomendaciones que en ellos se recogen.
Cuenta General de 2012 de la Comunidad Autónoma
Al margen de este asunto, el orden del día de la Comisión incluyó la presentación de seis informes de fiscalización, entre ellos el de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Fondo de Compensación Interterritorial, relativo al ejercicio 2012, que arroja un saldo negativo de 108,2 millones de euros como consecuencia, entre otros, de un descenso de los ingresos respecto a sus previsiones.
De acuerdo con las conclusiones de este informe, el importe de las políticas de gasto ejecutadas por el Gobierno de Canarias en 2012 ascendió a 6.617,9 millones de euros, lo que supone el 91 por ciento de lo presupuestado. Durante ese ejercicio, los ingresos registraron una desviación negativa de 521,3 millones de euros, debido fundamentalmente a la caída de la aportación del Estado, cifrada en -399 millones de euros, así como a la menor recaudación de los tributos cedidos, que se redujo en 92,8 millones de euros.
Otro de los informes recogidos en el orden del día es el relativo al Sector Público Local en 2011, que incluye la fiscalización de las cuentas de 132 entidades locales (cabildos, ayuntamientos, mancomunidades y consorcios) y de 182 entidades dependientes (organismos autónomos y /o sociedades mercantiles).
Según el análisis económico de las entidades locales que se recoge en este informe, el resultado presupuestario agregado del total de los cabildos insulares resultó positivo, mientras que los ayuntamientos obtienen un resultado presupuestario ajustado y un remanente de tesorería para gastos generales positivos.
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias expuso también los resultados de la Fiscalización de las Instrucciones de Contratación de las Entidades dependientes de los Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes durante el periodo 2008-2012.
En concreto, este informe abarca la auditoria de 60 entidades (sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y fundaciones), de las que nueve no remitieron la información solicitada, mientras que en 21 entidades, que sí la remitieron, no queda del todo garantizado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, ni tampoco que se adjudicasen a la oferta económica más ventajosa.
En sus conclusiones, el órgano de control externo canario señala que las instrucciones de contratación deberían regular procedimientos que garanticen el cumplimiento del principio de confidencialidad, realizar una adecuada descripción del objeto del contrato que garantice la igualdad de acceso para los diferentes operadores económicos, hacer mención al principio de transparencia, así como regular de forma expresa los diversos procedimientos de adjudicación.
Además, los miembros de la Comisión parlamentaria tuvieron oportunidad de analizar los informes del Proceso de Captura de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos del Sefcan, y de los Sistemas de Información de la Gestión de la Nómina de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en 2012, cuyas conclusiones ponen de manifiesto que las aplicaciones informáticas aportan un nivel de confianza satisfactorio con respecto a la integridad de la información contable de los gastos del personal de las dos universidades.
