El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias pide por fortalecer el papel de los órganos de control externo de las comunidades autónomas.
Rafael Díaz pone en valor la labor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que en sus años de funcionamiento ha realizado 1.218 informes de fiscalización, y anuncia nuevas medidas para mejorar la coordinación con el resto de órganos de control de entidades públicas.
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, apostó hoy por fortalecer todos los órganos de control y sobre todo los que como la Audiencia de Cuentas afectan a las administraciones más cercanas para los ciudadanos, como medida imprescindible para garantizar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y responder a la creciente demanda de información que demanda la sociedad, en un momento de crisis como el actual.
Así lo aseguró durante el acto celebrado hoy en el Parlamento de Canarias con motivo del 25 aniversario de la Audiencia de Cuentas y que estuvo co-presidido por el presidente de la Cámara regional, Antonio Castro Cordobez, y por los máximos responsables del Tribunal de Cuentas de España y de Europa, Ramón Álvarez de Miranda y Vítor Manuel da Silva, respectivamente.
Según explicó Rafael Díaz, a lo largo de su trayectoria, la Audiencia de Cuentas de Canarias ha emitido un total de 1218 informes de fiscalización que “han permitido dotar de una mayor trasparencia a todas las instituciones de gobernabilidad del Archipiélago y han servido de base para impulsar nuevas medidas y ajustes destinados a mejorar el rendimiento del dinero público o incluso a reconducir determinadas situaciones de desequilibrio”.
Dos argumentos que, según aseguró Díaz, avalan la utilidad de los órganos de control externo y “la necesidad de reforzarlos, en lugar de poner en duda su viabilidad y utilidad, como ha hecho el Gobierno del Estado, amparándose en supuestas ineficiencias y duplicidades”, añadió el presidente de la ACC, en referencia a la racionalización de los 13 órganos de control externo propuesta en el informe de las Administraciones Públicas.
Esta idea fue respaldada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, quien durante su intervención se refirió al papel que los OCEX desempeñan como “parte integrante de un sistema de control sobre uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad, como es la actividad económico-financiera pública y, en particular, el buen uso de los recursos públicos”.
A su juicio, “la recuperación de la confianza y el reconocimiento social sólo se conseguirá mediante la búsqueda de la excelencia en el desempeño de nuestra labor y en la satisfacción de las demandas de la ciudadanía”, por lo que considera que “las actuaciones de las instituciones de control deben estar presididas por la idea de ejemplaridad”.
Por su parte, el presidente del Tribunal de la Audiencia de Cuentas europeo, Vítor Caldeira, aseguró que la cooperación entre los distintos niveles de control, el control interno (gobierno y administración pública), el control externo (entidades fiscalizadoras superiores y otras entidades de control externo) y el control político (parlamentos) es esencial para vencer este desafío.
Destacó además, la necesidad de reforzar la concertación de la actividad que desempeñan las auditorias y órganos de control externo, como medida para “mejorar la situación de las instituciones, tanto en el plano europeo como nacional, regional y local”. En esta línea, anunció que el Tribunal de Cuentas Europeo se ha comprometido a reforzar la cooperación con la Audiencia de Cuentas de Canarias, concretamente mediante la organización de visitas anuales de auditores canarios al Tribunal y de actividades de formación profesional.
También el presidente del Parlamento, Antonio Castro, valoró durante su intervención la actuación y avaló la permanencia de la Audiencia, “con las adecuaciones que procedan a las exigencias del tiempo nuevo, donde los controles públicos y la información ciudadana corregirán errores y excesos para recuperar, en su necesaria plenitud, la confianza de los ciudadanos”.
El máximo responsable de la Cámara legislativa, proclamó la necesidad de una institución que “ha sido un instrumento imprescindible para garantizar la eficacia y funcionalidad de nuestra autonomía, que es la que contiene mayores hechos diferenciales del Estado, y por ello, frente a cualquier tentación reductora, habría que pensar siempre en mantener y reforzar este órgano de control público”.
Una institución más moderna y cercana
Durante el acto conmemorativo del 25 aniversario de la ACC, Rafael Díaz se refirió también a los esfuerzos que la Audiencia de Cuentas de Canarias está realizando para acercar modernizar la institución y responder de manera eficaz y competente a las peticiones de información de los ciudadanos, entre los que destacó la mejora de los plazos de rendición de las cuentas ante la Audiencia, en especial de los ayuntamientos y entidades locales, de los que el 100 por cien cumple con esta obligación y la mitad de ellos lo hace dentro del plazo establecido por Ley.
En esta línea, también menciono la reciente puesta en marcha de la sede electrónica, que facilita a las entidades públicas, empresas y ciudadanos la realización de consultas y trámites administrativos de forma telemática, y el desarrollo de un nuevo modelo de fiscalización, conocido como Auditorias Operativas, que permite ir más allá del mero control de las cuentas y centrarse en el logro de objetivos preestablecidos para determinar la eficacia de la gestión pública.
A corto plazo, el presidente de la Audiencia destacó la próxima entrada en vigor de un acuerdo con el Tribunal de Cuentas que contribuirá a mejorar la coordinación entre ambos órganos de fiscalización, permitiendo compartir en tiempo real y de forma telemática determinados datos de las entidades públicas locales que son objeto de fiscalización por parte de ambos órganos.
Asimismo, se refirió al objetivo de seguir trabajando para unificar criterios con el resto de los órganos de control externo y homogeneizar procedimientos en la fiscalización de los entes e instituciones públicas, con el objetivo de seguir progresando en un control más eficaz de los recursos públicos.