La Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda a la Comunidad Autónoma mayor planificación para evitar incrementos de precio y demoras en las obras
El presidente de la ACC, Rafael Díaz, presentó hoy en el Parlamento de Canarias cuatro informes de fiscalización sobre las obras del Ejecutivo regional recibidas en 2009, las cuentas de la ULPGC, la gestión del agua en las entidades locales y el aprovechamiento de los recursos del ITC por parte de las empresas canarias
El informe de fiscalización realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) sobre las obras de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias recibidas en 2009, y una vez agotado su plazo de garantía, detecta diferencias en los plazos de ejecución y en los costes de los trabajos por encima de las previsiones realizadas por la Administración.
Esta es una de las conclusiones expuestas por el presidente de la ACC, Rafael Díaz, en el Parlamento de Canarias, donde también se han presentado otros tres informes realizados por el órgano auditor: la fiscalización de las cuentas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la gestión del agua de las entidades locales, y la fiscalización del aprovechamiento de los recursos del ITC por parte de las empresas canarias.
Con respecto a las obras de la Comunidad Autónoma y con el objetivo de un mayor ajuste de la gestión de su actividad contractual a criterios de eficacia, eficiencia y economía, la institución fiscalizadora recomienda una adecuada planificación de las obras, tanto en la tramitación de los expedientes administrativos como en su ejecución, así como una rigurosa supervisión de la calidad de los proyectos constructivos.
Asimismo, el informe de fiscalización concluye que las obras sufrieron demoras en el plazo de ejecución respecto al periodo estipulado en el contrato. En este sentido, la ACC señala que sería aconsejable, además de una adecuada planificación, una mayor coordinación de las administraciones intervinientes en la ejecución de los contratos con el propósito de garantizar, entre otras, la disponibilidad de los terrenos y las correspondientes autorizaciones y así evitar retrasos o suspensiones que originen desvíos en los plazos e incremento de los costes.
Cuenta general de la ULPGC
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias también ha presentado hoy en el Parlamento de Canarias el informe de fiscalización de las cuentas generales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), correspondientes al ejercicio 2012, cuyas conclusiones ponen de manifiesto que el balance está equilibrado y mantiene la estructura del Plan General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Hacienda.
La Universidad grancanaria contó en 2012 con un presupuesto de 150,1 millones de euros, un 9,3% inferior a los 165,5 millones que tuvo en el ejercicio presupuestario anterior.
La Audiencia de Cuentas de Canarias plantea la necesidad de dotar al servicio de control interno de la Universidad de los recursos humanos precisos para que realicen las funciones que tiene encomendadas en relación con un organigrama administrativo de la magnitud y complejidad de la ULPGC.
También se recomienda que tomen las medidas oportunas para potenciar la obtención de recursos propios que reduzcan, en la medida de lo posible, la creciente dependencia financiera de los recursos provenientes del sector público, a través de consultorías o ventas de servicios, donaciones, patentes, mejor gestión de los recursos, etc.
Finalmente, la ACC considera oportuno que la Universidad cuente con módulos informáticos adecuados, que permitan el desarrollo y registro contable de los gastos, tanto en la vertiente del presupuesto de gastos, como en los ingresos, de forma que permita suministrar información eficaz sobre la fecha de comienzo de cada proyecto, su duración, detalle de los agentes financiadores y las posibles desviaciones de financiación.
El trabajo de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias abarca el análisis de la estructura organizativa de la Universidad con especial incidencia en la plantilla de personal de administración y servicios y en el control interno. Así como el análisis de los presupuestos de ingresos y gastos, modificaciones presupuestarias, evolución interanual del presupuesto, y de las principales magnitudes presupuestarias y económico financieras de la ULPGC.
Gestión del agua en las entidades locales del Archipiélago
Otro de los informes expuestos por el presidente de la ACC, Rafael Díaz, ha sido la fiscalización de la gestión del agua en las entidades locales del Archipiélago. En este sentido, el órgano de control externo recomienda instalar mecanismos que permitan cuantificar las pérdidas en la red de abastecimiento de agua, implantar tarifas de consumo progresivas y racionalizar el uso de los recursos disponibles
En 2012, el abastecimiento de agua potable en Canarias sumó un volumen total de 200 millones de metros cúbicos y el precio medio del agua facturada fue de 1,61 euros.
El coste del servicio público en el conjunto de la Comunidad Autónoma es de 267 millones de euros y fue deficitario en un 69% de las entidades.
Esta fiscalización, iniciativa de la ACC dada la importancia del agua en el Archipiélago, tendrá una continuidad en las previstas sobre Saneamiento y Uso Agrícola del Agua por parte de las Entidades Locales en el ejercicio 2013.
Aprovechamiento de los recursos del ITC por parte de las empresas canarias
En otro de sus informes, la ACC recomienda al Instituto Tecnológico de Canarias establecer mecanismos para asegurar que una parte de los desarrollos tecnológicos que ejecute procedan de una demanda concreta del tejido empresarial canario.
En este sentido, Rafael Díaz expuso en el Parlamento que el Instituto debería aprovechar la experiencia acumulada y el alto grado de cualificación de su capital humano para reorientar su labor “de modo que sus iniciativas sean más cercanas a la realidad empresarial y la estructura económica de Canarias”. Máxime, se indica, cuando se trata, prácticamente, de la única empresa de desarrollo tecnológico aplicado, en el ámbito regional, que existe en Canarias.
Además, de cara a un futuro, recomienda que los programas públicos de desarrollo de actividades de I+D+i que se encomienden al ITC lleven aparejado el desarrollo de instrumentos de seguimiento y control posterior de las acciones ejecutadas, de manera que permitan evaluar la contribución de los fondos públicos empleados en la mejora de los indicadores socioeconómicos.
Por último, la Audiencia de Cuentas de Canarias considera, entre otros aspectos, que el ITC debería poner a disposición de los responsables de diseñar las políticas de innovación empresarial la información obtenida a través del proyecto DILO (Difusión de la Innovación Local) sobre las características y necesidades de las pequeñas empresas canarias.
