La Audiencia de Cuentas de Canarias fiscaliza la gestión de las ayudas concedidas como Prestación Canaria a la Inserción entre en 2013 y 2011.
El órgano de control externo considera prioritario ejecutar la totalidad del presupuesto destinado al PCI y recomienda dotar de más medios administrativos a las instituciones competentes en la tramitación de los expedientes.
La Audiencia de Cuentas de Canarias ha elaborado el informe de fiscalización en el que se analiza el procedimiento de gestión de las ayudas concedidas en el marco de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) durante el periodo 2011 y 2013 con el fin de detectar posibles debilidades y proponer medidas correctoras.
El informe incluye un total de 24 conclusiones relacionadas con el perfil del principal preceptor de este tipo de ayudas, el procedimiento que se ejecuta para su concesión y la partida presupuestaria anual con la que se dotó a este instrumento durante los ejercicios que han sido objeto de análisis.
En cuanto a las recomendaciones, el órgano de control hace mención a otros 16 puntos donde propone medidas para unificar el proceso de tramitación, compartido por los ayuntamientos y la consejería autonómica competente en Asuntos Sociales; mejorar la coordinación de los servicios sociales de ambas administraciones, y avanzar en una mayor eficiencia.
De acuerdo con los resultados obtenidos de la muestra de datos analizada, el perfil del principal demandante de la PCI corresponde con el de una mujer (68%) que encabeza una familia monoparental (37%), tiene una edad comprendida entre los 35 y los 44 años (29,1%) y carece de estudios o posee estudios primarios (56,5%).
Solicitudes tramitadas
En cuanto a la tramitación de las ayudas, el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias destaca que durante el trienio 2011-2013 la consejería tramitó un total de 14.671 de expedientes, de los que el 53,1% procede de los cuatro municipios más poblados de Canarias, como son Las Palmas de Gran Canaria (27,4%), Santa Cruz de Tenerife (10,9%), Telde (7,7%) y La Laguna (7%).
En total se resolvió el 66,7% de las solicitudes, aunque para el 34% la resolución se dictó fuera de plazo, con una media de 272 días. En cuanto a los motivos por los que no se renovó la concesión de los expedientes analizados, el 61,7% de los casos se debió a incumplir con la obligación de realizar las actividades de inserción, el 9,9% a tener condiciones los perceptores para instar la solicitud de otras prestaciones o pensiones, el 9,5% a haberse acreditado la suficiencia de recursos económicos y el 8% como consecuencia de su inserción en el mercado laboral.
En relación con el procedimiento de tramitación, la Audiencia de Cuentas de Canarias hace hincapié en que los enlaces habilitados para la petición de informes a otros organismos (Catastro, Administración Tributaria, Seguridad Social y Servicio de Empleo) con el objeto de comprobar la veracidad de la documentación aportada por los solicitantes y la adecuación de esta a los requisitos establecidos, solo está disponible para el personal de la consejería, y no para los ayuntamientos.
Además, para la programación del Programa de Actividades de Inserción (PAI) no se cuenta con una guía de recursos actualizada, lo cual impide la actuación coordinada entre los trabajadores sociales municipales con las áreas locales y la Administración Autonómica con competencias en sanidad, educación, vivienda, empleo y desarrollo local.
De acuerdo con los datos anuales, la cuantía total de las ayudas económicas reconocidas entre 2011-2013 se incrementó, pasando de 17,7 millones de € en 2011 a 20,7 millones de € en 2013. No obstante, quedó sin ejecutar parte del presupuesto previsto para tal fin en los ejercicios 2012 y 2013 por 255.176 euros y 696.052 euros, respectivamente, que dada la naturaleza de esta ayuda, debería haberse consumido en su totalidad.
Recomendaciones
Dada la naturaleza de la ayuda económica de la PCI, cuyo objetivo es dar cobertura a las necesidades básicas, la Audiencia de Cuentas de Canarias considera prioritario que el presupuesto se ejecute en su totalidad, evitando, además, que parte del crédito quede en situación de no disponibilidad por política presupuestaria.
También apuesta por simplificar el procedimiento sancionador, de modo que sea factible su aplicación en la práctica, salvaguardando las garantías que deban operar respecto a los perceptores.
Otra de las recomendaciones recogidas en el informe, propone establecer un único plazo conjunto para la resolución de la solicitud para el ayuntamiento y la consejería de políticas sociales, pues el plazo de 3 meses dispuesto para los ayuntamientos queda desvirtuado por la interrupción del plazo al reiterar la petición de documentación al solicitante o al devolver el PAI para su modificación.
Además, se aboga por dotar de más medios administrativos a las instituciones competentes para la tramitación de las ayudas, a efectos de completar las acreditaciones que se exigen a los beneficiarios, habida cuenta de los vínculos disponibles en la consejería en materia de políticas sociales con otras administraciones.
También sería conveniente proveer de estos medios a las administraciones municipales con mayor número de solicitudes y mejorar la coordinación entre las estructuras de los servicios sociales municipales y las áreas implicadas en la Administración Autonómica, estableciendo una metodología común para la aplicación de la PCI configurada como instrumento transversal de integración.
En aras de garantizar el éxito de la política de integración social, la Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda impulsar el funcionamiento de las Comisiones de Coordinación y Seguimiento a través del refuerzo de las competencias de sus presidentes, así como establecer la obligación e incentivar la asistencia de sus miembros, e incluir entre ellos, además, a representantes de los municipios con mayor número de perceptores.
