La Audiencia de Cuentas de Canarias analiza la gestión del agua de uso agrícola de las entidades locales en 2013.
El informe de fiscalización recomienda potenciar acciones normativas y de gestión por parte de las entidades públicas que integran la Comunidad Autónoma de Canarias.
La ACC propone a las entidades cobrar una contraprestación por la prestación del servicio y actualizar los precios a percibir para garantizar una estabilidad financiera.
La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha finalizado el informe de fiscalización en el que analiza la gestión del uso del agua agrícola realizada por las entidades locales de Canarias durante el ejercicio 2013, año en el que dichas entidades destinaron un total de 37,3 hectómetros cúbicos de agua a uso agrícola, lo que representa el 16,7 por ciento del total de la demanda o consumo agrario de agua registrado en Canarias.
En total, cuatro cabildos, dos consorcios, una mancomunidad y 10 ayuntamientos suministran agua para uso agrícola, proveniente de tres tipos distintos de recursos hídricos, como son las aguas subterráneas, las aguas regeneradas y el agua de mar. La única isla en la que no hay ninguna entidad que gestione el uso del agua es El Hierro.
En lo que se refiere al uso de las aguas, el informe de la ACC, elaborado por el área de Cabildos Insulares, cuyo responsable es el consejero auditor Juan Carlos Alemán, recomienda potenciar acciones normativas y de gestión por parte de las entidades públicas que integran la Comunidad Autónoma de Canarias, en aras de una mejor reutilización, tratamiento y vertido de las aguas residuales, de manera que se reduzcan sus efectos negativos en el medio ambiente.
En cuanto al coste del servicio, la ACC destaca que solo en la isla de La Gomera el servicio de suministro de agua para uso agrícola es gratuito, mientras que en el resto de las islas el precio medio del metro cúbico de agua superficial y/o subterránea oscila entre 0,14 euros y 0,59 euros; el de agua de mar desalada, entre 0,59 euros y 1,27 euros; y el de aguas regeneradas, entre 0,22 euros y los 0,79 euros.
En términos globales, la aplicación de este servicio requiere de una financiación en toda Canarias de 0,7 millones de euros. Por islas, y comparando los costes del servicio estimados por las entidades, así como la facturación en concepto de venta de agua de uso agrícola, conducciones, cánones, elevaciones y otros, el informe del órgano de control externo pone de manifiesto que la isla de Tenerife es la única que tiene capacidad de financiación.
A la vista de estos datos, la Audiencia de Cuentas de Canarias propone que las entidades locales “cobren una contraprestación por la prestación del servicio en aquellos supuestos en los que no se esté haciendo ya y que procedan a la actualización y adecuación de los precios o importes a percibir, al objeto de garantizar la estabilidad financiera”.
Otra de las recomendaciones que el órgano de control externo hace a las entidades locales se centra en poner en marcha acciones normativas y de gestión para “mejorar la reutilización, tratamiento y vertido de las aguas residuales, de manera que se redujesen los efectos negativos de estos en el medio ambiente”, especialmente en lo que se refiere a las aguas regeneradas, ya que, según recuerdan, “el agua en Canarias es un recurso natural, escaso, valioso e indispensable para la actividad agrícola”.
Servicio por islas
En los cabildos de La Gomera, Gran Canaria, La Palma y Tenerife el servicio de suministro de agua para uso agrícola es realizado de forma directa, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura este servicio lo realizan principalmente los consorcios.
En el caso de los ayuntamientos, el servicio se presta de manera directa en los municipios de Tuineje (Fuerteventura), La Aldea, Agüimes, Firgas y Arucas (Gran Canaria), Barlovento (La Palma), Vilaflor y Fasnia (Tenerife) y de forma indirecta en Tacoronte y La Laguna (Tenerife).
En cuanto al tipo de agua suministrada para uso agrícola por parte de las entidades locales, solo en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote se destinó agua desalada para este uso. Además, en Gran Canaria el suministro procede también de aguas subterráneas y aguas regeneradas, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura depende también de aguas regeneradas.
En cuanto a la provincia occidental, en La Palma y en La Gomera el suministro de agua para uso agrícola proviene de aguas subterráneas y en Tenerife de las aguas subterráneas y las aguas regeneradas.
En relación con el volumen de agua para uso agrícola, Lanzarote es la única isla donde el agua desalada y regenerada que gestionan las entidades locales es suficiente para satisfacer la demanda total que existe en la isla. Le sigue Fuerteventura, donde las entidades locales gestionaron el 37,9% de la demanda de agua para uso agrario; La Gomera, donde este porcentaje se sitúa en el 26,4%; Gran Canaria con el 22,9%; Tenerife con el 18,3%; y La Palma, con apenas el 4,4% de la demanda agraria.
