La Fundación Hay Derecho presentó el 8 de junio en la sede de la Agencia Valenciana Antifraude “el dedómetro”, un informe que evalúa la idoneidad de los responsables de entidades públicas en la Comunitat Valenciana para ocupar sus puestos de trabajo y en el cual la Sindicatura de Comptes se sitúa en la parte más tabla de la tabla en los aspectos analizados.
Esta metodología de investigación que lleva por nombre “El dedómetro”, ha analizado el perfil de 66 responsables públicos de 30 entidades públicas de la Comunitat Valenciana en un periodo de diez años, desde 2012 a 2022. Y los ha puntuado en una escala del 1 al 10 en base al mérito, la capacidad, la experiencia –tanto profesional como de gestión–, la formación, las vinculaciones históricas de carácter político y el tiempo de permanencia en el puesto, además de la transparencia en el acceso a toda esta información.
Las fuentes del informe han sido la información pública que figura en las webs oficiales, además de la solicitud de información a las entidades. En el caso de la Sindicatura, toda la información requerida está publicada en lal web www.sindicom.es , cumpliendo así la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, incluido todo aquello referente al capítulo II del Título I relativo a la publicidad activa, que entró en vigor el 22 de abril de 2023.
Mérito y capacidad
El informe extrae, entre sus principales conclusiones, que el 53% de los responsables no aprueban en mérito y capacidad y en su lugar aparecen otras variables como las vinculaciones políticas. En este aspecto, la Sindicatura de Comptes, con Vicent Cucarella al frente, se sitúa en la parte más alta del ranking, junto con la Agencia Valenciana Antifraude, dirigida por Joan Llinares; la Agencia Valenciana de la Innovación, con Andrés García al frente; el Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria, dirigido por Ángel Bonafé; el Consorcio de Museos, con José Luis Pérez como director; el Consorcio Hospitalario de Castelló, con Joaquín Sanchis al frente y el Instituto Valenciano de Finanzas, dirigido por Manuel Illueca.
Transparencia
En cuanto a la transparencia, solo seis entidades cumplen con todas las obligaciones legales de transparencia, entre las que también se encuentra la Sindicatura de Comptes, junto en la Agencia Antifraude, la Agencia Valenciana de la Innovación, la Ciutat de les Arts i les Ciències, Vaersa y la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital.
El resto de las entidades analizadas incumple alguna de las obligaciones legales de transparencia (currículums, retribuciones, plantilla, presupuesto e información contable, derecho de acceso a la información, etc.) y el 47% no muestra los salarios de los máximos responsables.
Conclusiones
Entre las conclusiones del análisis hecho por la Fundación Hay Derecho, se destacan aspectos como “la mala calidad de la información pública sobre los currículums”, que solo el 10% de los gestores tienen notas superiores al 8 o que la media general del mérito y la capacidad es baja sin mejoras en los últimos años. Por otro lado, también figura la alta rotación de los puestos cuando, en opinión de sus directores, “para aplicar estrategias a largo plazo se tendría que permanecer en ellos”. En este sentido, señalan que los puestos están cada vez más politizados y la permanencia es más corta. “Los políticos no van a gestionar –afirman–, sino a ocuparlos”. Así, tal y como indican, “hay cambios durante la propia legislatura que suelen responder a situaciones de correlación de fuerzas dentro de los partidos y esta tiene que dejar de ser la pauta en la gestión. Estas entidades no son lugares de colocación residual de los que no han estado electos”. Para concluir afirmando: “cuando las personas saben que van a permanecer en el lugar, se vuelcan en su desempeño, mientras que si son colocados saben que serán destituidos cuando no cumplan con el partido”.
