El Plan Anual de Fiscalizaciones 2024 del Consejo de Cuentas de Castilla y León incluye 29 nuevos trabajos, con 28 fiscalizaciones de carácter legal y especial, y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones. Recoge, además, otras 24 auditorías de planes anteriores ya en marcha, de forma que la actividad alcanzará este ejercicio 53 informes en distintas fases de tramitación.
En su presentación en las Cortes de Castilla y León, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, subrayó que el nuevo plan profundiza «desde una orientación constructiva en los fundamentos competenciales de la Comunidad», poniendo de relieve «la importancia que para el futuro de la Comunidad tienen la educación, la adecuada financiación del gasto social, la sociedad digital, el medio ambiente y el papel fundamental de la Administración local en la vertebración territorial».
Al margen de las cuatro fiscalizaciones a realizar por mandato legal, entre las de carácter especial ocho corresponden al ámbito de la Comunidad y 16 al sector público local. Así, en el ámbito autonómico se continúa profundizando en el análisis del endeudamiento y se inicia una auditoría financiera de la Gerencia de Servicios Sociales. También se analizará la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. En colaboración con el Tribunal de Cuentas se realizará una fiscalización sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida. En relación con la Gerencia Regional de Salud, se prevé una auditoría de ciberseguridad referente a su gobernanza, al igual que para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como organismo pagador que gestiona la PAC. Por otra parte, se propone un análisis operativo de la situación de los planes estratégicos de subvenciones.
En el ámbito local, destaca la fiscalización de las mancomunidades, consorcios y otras entidades asociativas. así como la fiscalización de la contratación menor de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que no sean capitales de provincia. Asimismo, resaltan las actuaciones sobre seguridad informática en los ayuntamientos de Soria, Segovia y Zamora. Además, se realizará el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías de ciberseguridad ya efectuadas sobre municipios intermedios. Además, se incorpora un análisis de los procesos de estabilización de personal en los ayuntamientos y, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, un informe sobre el establecimiento de las zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes. Finalmente se iniciarán dos auditorías específicas, una sobre el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y otra del Consejo Comarcal de El Bierzo.
