Antes de concluir el ejercicio 2024, la Sindicatura presenta el Programa Anual de Actuación 2025 (PAA2025), aprobado por su Consell el 23 de diciembre. Una amplia hoja de ruta que incluirá también el impacto de la DANA del pasado 29 de octubre.
Así, en el ámbito autonómico, emitirá una serie de informes que se centrarán en fiscalizar la actividad contractual y de ayudas relacionadas con las medidas de recuperación de los efectos provocados por la DANA, así como de prevención y aumento de la resiliencia. Dos trabajos especiales cuyo alcance temporal puede comprender los ejercicios 2024 y 2025, que pueden ejecutarse por fases en función de las circunstancias concurrentes en cada caso y que serán el Informe especial sobre la contratación DANA 2024-2025 en el sector autonómico y el Informe especial sobre subvenciones y ayudas DANA 2024-2025 en el sector autonómico. También con énfasis en los efectos de la DANA se auditarán las entidades Valenciana de Estrategias y Recursos para la Sostenibilidad Ambiental, SA (VAERSA) y Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Además, los informes de contratación y subvenciones de la Cuenta de la Administración y el de LABORA también incluirán en su alcance la revisión de la actividad relacionada con la DANA y se coordinarán con los dos informes especiales mencionados arriba.
Por otro lado, no faltará el Informe de auditoría financiera y de legalidad de la cuenta de la Administración de la Generalitat Valenciana, así como los dedicados al cumplimiento en materia de contratación, subvenciones y ayudas, y gastos de personal. Todo junto con los informes específicos de diferentes entes auditados como la Agencia Tributaria Valenciana, el Consorcio Hospitalario provincial de Castelló, la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, FISABIO y Espacios Económicos Empresariales, hasta completar los cinco volúmenes correspondientes a la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, con sus respectivos controles formales y la introducción a cada volumen.
Tampoco faltarán en el programa las auditorías operativas, trabajos exhaustivos en los cuales la Sindicatura es un referente nacional que a veces se alargan varios años y que proporcionan a los ciudadanos información sobre cómo se gestionan los fondos públicos y si estos contribuyen a la consecución de los objetivos de las políticas públicas de una forma eficiente. Mediante este tipo de auditoría, se abordarán los objetivos y medidas de protección civil, mitigación, prevención y reducción de riesgos de desastres en la Comunidad Valenciana, un trabajo que evaluará la situación en 2025 y que continuará en 2026.
También se finalizarán las auditorías operativas iniciadas en 2024 centradas en los gastos ocasionados en la prestación sanitaria por la atención a desplazados temporales; la promoción y gestión de la vivienda protegida, realizada en colaboración con el Tribunal de Cuentas; la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; la evaluación de la planificación estratégica de las subvenciones en el sector público autonómico valenciano y el análisis de la ejecución de las ayudas al Programa “Investigo” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el plano de la administración electrónica, se completará la auditoría de sistemas de información del seguimiento del proyecto NEFIS de la Generalitat Valenciana en cuanto a la configuración de su seguridad y se iniciará la de su despliegue en los organismos autónomos. Este proyecto tiene como objetivo facilitar la plena implantación de la administración electrónica, contribuyendo así a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y facilitar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía. En este sentido, la Sindicatura también concluirá la auditoría de la Plataforma de gestión de tramitaciones electrónicas de la Generalitat Valenciana, la de gestión del proyecto de historia clínica electrónica única y centralizada. A la vez, elaborará un Informe especial sobre las aplicaciones corporativas de la Generalitat.
En cuanto a la ciberseguridad en el ámbito autonómico, en 2025 finalizarán la evaluación de la estructura de gobierno corporativo y de la ciberseguridad en el sector público instrumental, así como el análisis de la gobernanza de las TI y sobre la ciberseguridad de la Administración de la Generalitat.
No faltarán tampoco en este programa anual los habituales informes sobre la Cuenta General de las Cortes Valencianas, con la finalización del de 2023 y el inicio del de 2024.
Dentro de su control a las entidades locales y continuando con su preocupación por las crisis climática y energética, la Sindicatura fiscalizará el establecimiento de zonas de bajas emisiones en los ayuntamientos en una auditoría operativa que finalizará en 2026.
En cuanto a la cuenta general de las entidades locales, se finalizará el informe especial del ejercicio 2023 y se iniciará el de 2024. Y lo mismo pasará con la fiscalización de la contratación en las entidades locales durante 2023 y 2024. Además, se finalizará el análisis de los acuerdos y resoluciones contrarios a objeciones formalizadas por los interventores locales, así como las anomalías detectadas en materia de ingresos y acuerdos adoptados con omisión de trámite de fiscalización previa durante el ejercicio 2023 y se iniciará la de 2024.
En cuanto a las auditorías de sistemas de la información, se analizará la resiliencia de las entidades locales ante disrupciones del servicio de administración electrónica. Así mismo, en 2025 verán la luz las auditorías financieras y de legalidad de las cuentas consolidadas de la Diputación de Castelló y de los ayuntamientos de Burriana, Bétera, Gandia, Orihuela y Jijona, así como de la entidad Aguas Municipalizadas de Alicante.
Hay que decir que la rendición de cuentas de las entidades locales se efectúa por medio de la plataforma informática explotada por la Sindicatura de Comptes, otros órganos de control externo autonómicos y el Tribunal de Cuentas. En el sitio web de la Sindicatura se mantiene siempre actualizada la relación de las entidades locales que no han remitido sus cuentas a la Sindicatura y los esfuerzos del ente fiscalizador porque se reduzca el retraso en los plazos de rendición conducen año tras año a un alto grado de desempeño de esta obligación.
En cuanto a las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, por parte de la Sindicatura serán objeto de un informe de control formal de la rendición de cuentas, adicional a la auditoría realizada por una firma privada contratada por la Intervención General de la Generalitat.
En el ámbito interno de la Sindicatura, en 2025 está previsto llevar a cabo una serie de proyectos para desarrollar e iniciar la implementación del Plan Estratégico de Gobierno del Dato y Datos Abiertos (PEGODA). Y, como cada año, la Sindicatura realizará los trabajos necesarios para mantener actualizados INVENS –el Inventario de Entes Sujetos a la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes y BADESPAV –la Base de datos Económicas del Sector Público Autonómico Valenciano–. Respecto de esta última, hay que decir que en 2024 se ha acabado de actualizar toda la información, con los datos individuales y agregados, así como las series temporales, incluyendo los datos de 2023.
Además, en 2025 continuará el control de la gestión económica de la Sindicatura, complementario de la auditoría financiera externa anual, consistente en el control financiero permanente. Este año se enfatizará en la revisión de las nuevas aplicaciones de contabilidad y de recursos humanos.
En relación con la metodología de trabajo, todas las fiscalizaciones que realiza la Sindicatura se hacen de acuerdo con las disposiciones legales y normas técnicas de auditoría recogidas en el Manual de fiscalización del ente. Desde 2021, se han incorporado al Manual las “Normas internacionales de auditoría adaptadas al sector público español” (NIA-ES-SP).
El Programa Anual de Actuación 2025 está disponible para la consulta y descarga en la página web de la Sindicatura.
