El Pleno del Consejo de Cuentas ha entregado en las Cortes de Castilla y León la Memoria de Actividades de 2021, documento elaborado en el primer trimestre del año, tal como establece la Ley Reguladora de la Institución. El documento que ha recibido el presidente del Parlamento, Carlos Pollán, de manos del presidente, Mario Amilivia, resume en más de un centenar de páginas los apartados relativos a la organización, función fiscalizadora, relaciones institucionales o administración.
A pesar de las circunstancias excepcionales del segundo año de pandemia, la institución mantuvo un nivel de actividad absolutamente normalizado, celebrando 27 plenos con 137 acuerdos, y aprobando 32 informes que suponen la cifra más alta de su serie histórica. En los tres años de este mandato iniciado en 2019 se han aprobado 68 informes de fiscalización, que representan el 28% de los 241 que suman desde el inicio de su actividad.
El texto subraya que el presidente Amilivia compareció en 8 ocasiones durante el ejercicio ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para presentar el Plan Anual de Fiscalizaciones y un total de 14 informes. También, que en estos tres años son ya 23 sus comparecencias como presidente en las que han sido presentados 58 informes, el 27% de toda la serie histórica. Destaca además la institución que en el informe sobre el seguimiento de recomendaciones aprobado en 2021 se constató un nuevo incremento en el mayor grado de aceptación de aquellas por parte de los entes fiscalizados, un 81%, alcanzándose así un nuevo récord en la serie histórica. Durante el año 2021 dio traslado de 256 nuevas recomendaciones a los entes fiscalizados. “La consecuencia práctica de este mayor reconocimiento a la ´auctoritas´ del Consejo es, sin duda, la mejora en la gestión de los recursos públicos que concierne al conjunto de los ciudadanos de esta Comunidad”, apunta el presidente.
En la memoria se significa asimismo que, en un año especialmente difícil, se obtuvieron unos índices de rendición de cuentas por las entidades locales muy satisfactorios, solo superados por aquellas comunidades que cuentan desde hace años con las disposiciones normativas de estímulo que también son solicitadas reiteradamente para Castilla y León por parte del órgano de control.
Concretamente, el 70% de los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León (1.568) rindieron las cuentas del ejercicio 2020. Y en cifras generales lo hicieron un 58% del conjunto de las entidades de la Comunidad (2.750 de un total de 4.748, sumando los ayuntamientos, diputaciones, Consejo Comarcal, mancomunidades y entidades locales menores). Por provincias, fue destacable el cumplimiento de esta obligación legal y ejercicio de transparencia del conjunto de las entidades locales de Salamanca (76,7%), Soria (74,4%) y Zamora (73,2%).
Informes destacados
Entre los informes más destacados del año cabe apuntar entre otros el de análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las 9 diputaciones de la Comunidad, el de los sistemas de evaluación del gasto público de la Administración de Castilla y León, el del análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales hospitales públicos o el de análisis de la seguridad informática en los ayuntamientos de La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Benavente, Santa Marta de Tormes y Astorga, informes que han situado al Consejo de Cuentas a la vanguardia en la realización de este tipo de auditorías.
En el apartado de relaciones institucionales el documento recoge que, conforme a las orientaciones incluidas en el plan estratégico del Consejo, durante 2021 volvió a trasladarse a los grupos parlamentarios la necesidad de abordar un conjunto de reformas normativas tanto para reforzar la autonomía orgánica y funcional del órgano de control externo, como para estimular la rendición de cuentas y, por tanto, mejorar la transparencia de los órganos fiscalizados.
Reseña también la Memoria, en el contexto del esfuerzo desplegado por fortalecer al Consejo como referencia institucional en el análisis y evaluación de las políticas públicas, la posibilidad de ampliación de competencias en consonancia con lo propuesto en el estudio que elaboró la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por encargo de la Junta de Castilla y León.
