Helio Robleda
Presidente
Cámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera
“El Nuevo Plan General de Contabilidad Pública: una herramienta oportuna para mejorar la información contable sobre la gestión pública”
En el Boletín Oficial del Estado del miércoles 28 de abril se ha publicado el nuevo plan contable para el sector público, que entrará en vigor el 1 de enero 2011 y sustituye al actual plan contable aprobado por Orden Ministerial de 6 de mayo de 1994.
Esta norma reguladora de la información contable que deben suministrar las entidades públicas con carácter general y que irá desarrollándose posteriormente para su específica aplicación a los diferentes subsectores de la Administración, viene a culminar un proceso de modernización de la información contable de todos las organizaciones que se inició en 2005 en el sector empresarial.
Cabe señalar, en primer lugar, el alineamiento de este nuevo plan contable con los pronunciamientos en el ámbito internacional y la traslación al ámbito del sector público de normas contables similares a las existentes en el sector empresarial, en todos aquellos aspectos que desde la información contable son coincidentes.
Destaca, además, el proceso de modernización en la información que con el nuevo plan contable han de suministrar los entes públicos a los usuarios de esa información, lo que acrecienta la transparencia en la rendición de cuentas y la mejora de la información contable para tomar decisiones. No obstante, al igual que sucedió en 2007 con la publicación del Plan General de Contabilidad para el ámbito empresarial, la nueva norma reguladora de la información contable en el sector público introduce un importante cambio en el lenguaje, que sin duda supondrá un mayor esfuerzo de comprensión en las administraciones, cuyos gestores están más acostumbrados a manejar prioritariamente la información meramente presupuestaria y dejar en segundo plano la interpretación de las cuentas anuales. Este cambio en el lenguaje de las cuentas y la incorporación de nuevos estados contables anteriormente no exigidos, supone un reto importante; el plan alude a este cambio cuando pone de manifiesto que “al efecto de conseguir la imagen fiel a la que deben conducir las cuentas anuales, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica”.
Sin embargo, una de las grandes novedades del Nuevo Plan General de Contabilidad Pública está en la obligación de aportar información en la Memoria sobre la vinculación entre gasto presupuestario y volumen de actividad desarrollada por el ente público en el período al que se refieren sus cuentas anuales. Se dedican tres apartados de la Memoria a esta importante información para la gestión y la toma de decisiones:
– El apartado 24 recoge la información a proporcionar sobre indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
– El apartado 25, sin lugar a duda el más comprometido y complejo pero en cualquier caso valiente e inaplazable, es el de la información sobre el coste de las actividades.
– El apartado 26 completa los dos anteriores sobre información operativa o de gestión de los entes públicos, y está dedicado a los indicadores de gestión.
Es de aplaudir esta iniciativa del nuevo plan, pero sin embargo, a excepción del contenido del apartado 24 citado, cuya propuesta de batería de indicadores por asentarse en la información meramente presupuestaria sí cuenta con una mayor éxito de implantación, de inmediato surgen muchos interrogantes sobre el contenido de los apartados 25 y 26.
Una simple lectura del contenido de los mismos ya pone de manifiesto la falta absoluta de definiciones tan importantes como: el sistema de costes que debe implantarse, los protocolos de cálculo del coste de las actividades y del catálogo de prestaciones . Es a todas luces imposible en cualquier ente público separar los costes de las actividades por su asignación a prestaciones sujetas o no a tasa o precio público (como así se recoge en los subapartados 2 y 3 de este punto de la Memoria), ya que los costes transversales desempeñan un papel fundamental en la imputación de los recursos consumidos por esas prestaciones. Cabe esperar que esta importante apuesta del nuevo plan contable venga acompañada del compromiso de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de desarrollar de inmediato guías de aplicación sectorial a los diferentes subsectores de la Administración Pública del sistema de costes (precisando claramente el enfoque de asignación y la alternativa de captación que caracteriza a cada sistema de coste según la organización que sustenta la prestación del servicio público cuyos costes se pretende calcular). Es una tarea ardua pero posible, que la IGAE no ha emprendido todavía (bien a pesar de que en la Introducción del texto del Nuevo Plan Contable se citen los documentos emitidos en 2004 y 2007, estos no aportan ningún desarrollo protocolizado de cálculo del costes de las actividades ni de las prestaciones en los diferentes subsectores de la Administración Pública).
El reto señalado anteriormente de desarrollar guías sectoriales para el cálculo de los costes de los servicios públicos es también necesario para dar un contenido analítico al apartado 26. No es muy afortunada, y no aporta valor añadido a la información sobre la gestión de los entes públicos, diseñar indicadores genéricos como contempla este apartado de la Memoria del nuevo Plan Contable que obedece más a un planteamiento meramente académico y teórico que a la necesidad real de las auditorías operativas y que así recogen los pronunciamientos internacionales sobre indicadores de gestión, que se centran en la utilidad de los indicadores de gestión fundamentados en la actividad. Por ello se hace necesario al igual que se ha señalado para el apartado 25 de la Memoria, protocolizar la forma de calcular estos indicadores de tal forma que se puedan asegurar la comparabilidad intertemporal como espacial (esto es, con otros entes públicos que desarrollan la misma actividad). Los indicadores de gestión adecuadamente protocolizados son un instrumento de gestión muy importante que ayuda no sólo a vincular adecuadamente el gasto presupuestario con la actividad, sino que además aporta información sobre la necesidades de financiación para asegurar la sostenibilidad de las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos.
Es de esperar que la IGAE no deje pasar, esta vez, la gran oportunidad de desarrollar estas importantes guías mencionadas, que sin duda serán de vit
al importancia para que el contenido de la Memoria del nuevo plan contable aporte una información comparable y objetiva de los entes públicos.
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