El Presidente de La Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, comparece en las Cortes de Aragón para presentar en la Comisión Institucional el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2010.
Ocho días es el plazo de que disponen los representantes de los grupos parlamentarios para presentar sus propuestas de resolución tras escuchar esta mañana al presidente de la Cámara de cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, que ha comparecido en la Comisión Institucional y de Desarrollo Presupuestario para responder a las dudas que los diputados han planteado sobre el plan de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de 2010.
Laguarta, que ya había esbozado el documento en sesión plenaria en octubre del año pasado, ha resaltado los tres niveles de competencia que recoge el informe: control de la contabilidad, en el que se ha analizado todas las operaciones; control de la contabilidad, en el que se han analizado las zonas de riesgo; y el control de la fiscalización operativa que controla la eficacia, eficiencia y economía de las cuentas públicas.
Este último punto no se ha podido concretar al no presentar la Comunidad Autónoma los datos necesarios, motivo por el cual Laguarta ha pedido que se solucione esta “aspiración irrenunciable”, no recogida en el informe, ya que le parece «algo fundamental que se cumpla la ley”, que puede ayudar a aumentar el nivel de eficiencia de las cuentas públicas. Laguarta ha solicitado también un incremento de la financiación dedicada a la Cámara de Cuentas para poder así auditar, en sucesivos informes, a la totalidad del sector público.
Acompañando a Laguarta en su comparecencia se encontraba Alfonso Peña, consejero responsable del informe, que ha remarcado que algunas de las recomendaciones del informe son “urgentes y sencillas de implantar”, y ha abogado por hacer un esfuerzo especial en este aspecto. Peña ha definido las zonas de riesgo tenidas en cuenta en el control de la legalidad, y que se centran en las políticas de contratación pública, atendiendo a las áreas de personal, subvenciones otorgadas, endeudamiento, morosidad y nivel de dependencia de la Comunidad Autónoma; y las subvenciones, para las que ha reclamado una ley que “ponga orden en el gasto” y que sea “cumplible” por los órganos de gestión encargados de llevarla a la práctica.
Antonio Laguarta, en primer término, y Alfonso Peña han respondido a las preguntas de los parlamentarios aragoneses durante su comparecencia.
