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Entrevista a Almudena Chacón Pichel

Dic 9, 2019 en 74, Entrevistas |

Almudena Chacón Pichel
Interventora General
Comunidad Autónoma de Galicia

 


PERFIL: Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Coruña. Funcionaria de carrera del cuerpo superior de la administración, escala superior de finanzas de la Xunta de Galicia.
Ha desarrollado toda su carrera profesional en la Intervención de la Comunidad Autónoma, desempeñando diversos puestos como, entre otros, el de interventora delegada de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y el de subdirectora general de coordinación y relaciones con el Consello de Contas de Galicia. Es interventora general desde enero del 2012.


Auditoría Pública.- ¿Cómo cree que debería ser la relación entre las intervenciones generales y los órganos de control externo?

Ambos tipos de órganos realizan una función primordial en la actuación de las administraciones, como es el control de la actividad económico financiera del sector público, pero desde posiciones claramente diferenciadas por dos motivos: por el tipo de control que se lleva a cabo y por la posición institucional de cada órgano. Dicho esto, también quiero resaltar que en ambos casos el objetivo es el mismo: lograr conseguir el respeto a la legalidad en la gestión pública y una mayor eficiencia en su labor. De ahí que el trabajo que se lleva a cabo por ambos órganos debe tender a confluir en un mismo resultado y a tratar de evitar duplicidades en los controles.

Sin duda, la relación entre las intervenciones generales, como órganos de control interno, y los órganos de control externo debe ser debe ser muy fluida y bidireccional. Y creo que en Galicia tenemos un buen ejemplo. La Ley gallega 8/2015 modificó tanto la Ley del Consello de Contas como el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, creando una Comisión Mixta formada por representantes del OCEX y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma para intercambiar información, implantar la rendición telemática, facilitar el acceso a la información y mejorar el seguimiento de las recomendaciones contenidas en los informes del Consello de Contas. Esta comisión se ha reunido en numerosas ocasiones desde su creación y ha permitido, entre otras cosas, que se haya avanzado mucho en las relaciones entre ambas instituciones. Sirva como ejemplo el flujo de información que existe en relación con el seguimiento de las recomendaciones que ha permitido al Consello de Contas realizar un informe estadístico de su grado de implantación, que se recoge en las memorias anuales del OCEX.

A.P.- En ocasiones los órganos de gestión se quejan de la duplicidad de controles que existen, por la concurrencia de actuaciones de la intervención general, el órgano de control externo, del tribunal de cuentas europeo, la comisión europea… ¿Cabe alguna área de mejora en este aspecto?

Por supuesto que sí. Y la solución pasa por establecer mecanismos de comunicación ágiles y eficaces entre los distintos órganos de control, lo cual no siempre es sencillo, debido fundamentalmente a la participación de distintas administraciones con un ámbito competencial muy amplio. No obstante, la publicidad y la transparencia de los distintos informes de control puede también ser un factor positivo para que todas las instituciones estén al tanto de las verificaciones que se llevan a cabo, lo cual permite una mejor orientación de los controles y la identificación de áreas de riesgo.

A.P.- Recientemente la intervención general de la Comunidad Autónoma ha introducido un nuevo sistema de control que afecta al Servicio Gallego de Salud denominado Control financiero de ciclo continuo. ¿En qué consiste?

En 2017 se modificó el Decreto de estructura de la Consellería de Hacienda, llevándose a cabo un refuerzo de los medios personales y materiales dedicados a desarrollar el control financiero permanente sobre el Sistema Público de Salud de Galicia para mejorar el seguimiento de su actividad económica, con la finalidad de que la Intervención General pudiese proponer medidas de mejora que permitiesen optimizar la toma de decisiones de los gestores sanitarios sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público.

Se crearon nuevos equipos de control en cada una de las áreas de gestión integrada en que se divide el Servicio Gallego de Salud y coordinados por la Intervención General. Se trata de establecer un modelo de control financiero de ciclo continuo que priorice en sus objetivos los principios de eficacia y eficiencia además del control de legalidad que ya se venía haciendo.

A.P.-  En estos últimos años estamos asistiendo a la proliferación de organismos para la prevención y lucha contra la corrupción, o a la asunción de este tipo de funciones por parte de algunos OCEX, como es el caso de Galicia. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La Ley que antes mencioné, de modificación de la ley del Consello de Contas, le atribuyó nuevas competencias en materia de prevención de la corrupción. En mi opinión en el caso de Galicia contábamos con la ventaja de la experiencia que en materia de fiscalización ya tenía nuestro órgano de control externo. Parecía por tanto que lo más correcto era atribuir estas nuevas competencias a un órgano ya existente con un amplio conocimiento del sector público autonómico. Las nuevas funciones consistirían en promover planes de prevención, en evaluar los sistemas de prevención que se pusieran en marcha y en asesorar sobre los instrumentos normativos más adecuados para prevenir la corrupción.

Obviamente la Xunta de Galicia está muy interesada en establecer vías de colaboración permanente entre ambas instituciones. Prueba de ello es la firma a finales del 2018 del protocolo de colaboración entre la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia y el Consello de Contas. En dicho protocolo estaba prevista la existencia de una comisión mixta entre ambas instituciones, de la que forma parte la intervención general en su condición de órgano de control interno.

A.P.- ¿Cree que es necesario potenciar las auditorías operativas para poder hacer evaluaciones de las distintas políticas públicas y ofrecer a la ciudadanía más información sobre su grado eficacia y eficiencia?

Por supuesto. La gestión de los fondos públicos va dirigida a la implantación de políticas públicas que deben ser objeto de evaluación de forma sistemática. Las auditorías operativas ofrecen la posibilidad de que los ciudadanos tengan información sobre cómo se han invertido los recursos que aportan a través del sistema tributario, y por tanto estén en condiciones de emitir una opinión fundada sobre la gestión pública y, en última instancia, se puedan decidir por un modelo de gestión u otro.

En nuestra comunidad autónoma disponemos de elementos de planificación, como son el plan estratégico de Galicia y los planes sectoriales y transversales, que son objeto de seguimiento y evaluación a través de sus diferentes indicadores de cumplimento, y en cuya elaboración participan todos los sectores de la ciudadanía.

A.P.-  Galicia ha sido una de las comunidades autónomas que mejor ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria. ¿Qué papel ha jugado la intervención en este ámbito?

Efectivamente, Galicia es la comunidad de referencia en el control y cumplimiento del déficit desde 2009 y acaba de completar su proceso de consolidación fiscal. Así en el año 2018 hemos cumplido nuevamente el objetivo de estabilidad presupuestaria y, por primera vez en 16 años, hemos cerrado el ejercicio con un superávit de 136 millones de euros. Además este superávit ha ido acompañado del cumplimiento del resto de las reglas fiscales, como la regla de gasto y el período medio de pago, lo que nos está permitiendo destinar una gran parte de este superávit a ejecutar inversiones financieramente sostenibles en los años 2019 e 2020.

Sin lugar a dudas este esfuerzo realizado durante los últimos años ha sido labor de toda la administración autonómica. Es obvio que sería imposible lograrlo sin unos presupuestos prudentes y realistas. Y el control que en la ejecución de estos presupuestos realiza la intervención general ha sido clave para el cumplimiento de las reglas fiscales.

La intervención general desarrolla una doble función como centro directivo y gestor de la contabilidad pública y como órgano de control interno. Es en la primera vertiente donde las funciones tradicionales de las intervenciones han ido evolucionando al mismo tiempo que lo hacían los requerimientos de información contable. Esta evolución ha sabido aprovechar los avances informáticos garantizando la transparencia de las cuentas públicas. La contabilidad ha dejado de ser un mero registro contable para convertirse en un instrumento clave en la toma de decisiones.

A.P.- ¿Cómo valora el liderazgo de Galicia en el cumplimiento del periodo medio de pago?

Galicia está mes a mes entre las comunidades autónomas que mejor paga a sus proveedores, tal y como viene confirmando mes a mes el Ministerio de Hacienda. Según el último informe publicado por el Ministerio de Hacienda en agosto de 2019, Galicia fue la comunidad autónoma que antes pago sus facturas. El período medio de pago ascendió en ese mes a 18,51 días, siendo la media de CCAA 40,17 días.  En cuanto a la deuda comercial, Galicia es también la comunidad autónoma con menor deuda comercial de España. Así, el ratio de deuda/PIB de Galicia se situó en el mes de agosto en un 0,42%, el más bajo de toda España, siendo la media autonómica un 0,83%.

En el control y seguimiento de dicho período medio de pago realiza una labor clave la Intervención. Y esto es así desde el año 2009 cuando se implantó el SEF (Sistema electrónico de facturación). Dicho sistema nos permitió medir por vez primera en Galicia lo que se tardaba en pagar las facturas. Es obvio que lo que no se mide no se puede mejorar. Desde entonces este sistema ha presentado numerosos avances y se ha adaptado a los requerimientos del Ministerio de Hacienda para dar cumplimiento a las estadísticas del período medio de pago. A través de múltiples informes en la Intervención General se sigue diariamente el período medio de pago y se realizan requerimientos a aquellos gestores que más tardan en pagar sus facturas.

A.P.-  El principio de transparencia es la base del correcto funcionamiento de las administraciones públicas, siendo clave para la rendición de las cuentas y el control de la gestión pública, y contribuyendo a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público. ¿Cómo valoraría la aplicación de este principio de transparencia como un instrumento para el cumplimiento de las reglas fiscales?

Un momento clave en esta evolución se produjo en mi primer año como Interventora General con la aprobación por el Ministerio de Hacienda de la Orden 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

En mi opinión dicha orden marcó un punto de inflexión en cuanto a la publicación de toda la información económica financiera de las diferentes administraciones públicas. Y de la remisión de dicha información en el caso de las Comunidades autónomas éramos responsables las intervenciones generales respectivas. Se garantizaba con esta Orden no solo la publicación de toda la información sino la necesaria homogeneización entre las diferentes administraciones para facilitar una adecuada comparabilidad.

Se hacía necesario un importante esfuerzo para que la información disponible con nuestros sistemas contables cumpliese los requerimientos y estándares definidos por el Ministerio de Hacienda. Fruto de este esfuerzo hoy tenemos un amplio catálogo de publicaciones, que abarcan desde los presupuestos hasta las ejecuciones presupuestarias, el gasto sanitario, los resultados en términos de contabilidad nacional, el periodo medio de pago y el inventario de entes.

A.P.-  En su opinión ¿Cuál debería ser el papel que desarrolle la intervención general en la progresiva implantación de la administración electrónica?

Qué duda cabe de que el proceso de modernización de la administración hacia una administración “cero papel” ha sufrido en los últimos años un importante impulso normativo con la Ley 39/2015. En mi opinión el papel que debe tener el órgano de control interno es fundamental. En primer lugar, de una forma indirecta pues en el desarrollo del diseño funcional de los diferentes procedimientos y gestores de expedientes, las aportaciones de los interventores que conocen en profundidad los diferentes procedimientos de ejecución del gasto y del ingreso son claves a la hora de definir el diseño funcional de los “gestores de expedientes”.

Además, y ya de forma más directa, desde la Intervención General estamos terminando ya el desarrollo de un nuevo “documento contable electrónico”, que sustituirá al documento contable “físico” que tenemos en la actualidad. De esta manera toda la información y documentación necesaria para fiscalizar un expediente y para proceder a su contabilización figurara en el sistema contable.