Carolina Darias Sebastián
Presidenta
Parlamento de Canarias
» El sector público es transparente o no es sector público»
PERFIL
Carolina Darias San Sebastián (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, funcionaria de la Administración Pública de Canarias (Cuerpo Superior de Administradores). Se afilió al PSOE hace diecinueve años, después de la derrota de los socialistas en los comicios de 1996. Ha desarrollado su carrera política como concejal del Ayuntamiento de su ciudad natal (1999-2003), subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas (2004-07), diputada autonómica (2007-08), delegada del Gobierno de España en Canarias (2008-11) y consejera-portavoz socialista del Cabildo Insular de Gran Canarias (2011-15). El pasado 23 de junio accedió a la presidencia del Parlamento de Canarias.
Auditoría Públcia. – Su reciente nombramiento como presidenta del Parlamento de Canarias ha marcado un antes y un después en la Cámara regional, ya que se trata de la primera vez que una mujer es elegida para desempeñar este cargo en la comunidad autónoma de Canarias. ¿Cuáles son los retos y los objetivos que se ha marcado como prioritarios en esta nueva legislatura?
Primero que nada, lamento que hayamos tenido que esperar treinta y dos años para que una mujer ocupara la presidencia del Parlamento. Como dije en mi toma de posesión, recojo el testigo de tantas mujeres que han hecho realidad nuestra presencia en la Cámara. Hoy el Parlamento se asemeja a la sociedad a la que representa, una sociedad en la que la mujer desempeña un papel fundamental. Dicho esto, ahora toca trabajar para acercar más esta institución a una ciudadanía que quiere ver liderazgos compartidos, política con mayúsculas, honesta y transparente. El Parlamento de Canarias ha de tener en cuenta a toda la ciudadanía, pues son su razón de ser quienes construyen cada legislatura con el ejercicio democrático del voto. El reto que planteo es trabajar por una Canarias comprometida con las personas, que impulse acciones políticas de apoyo social y que propicie la igualdad de oportunidades; una Canarias sostenible con el medio ambiente y responsable con el territorio, con una economía con empuje y generadora de empleo. Todos estos objetivos están cristalizando ya en medidas concretas, en convenios, planes, jornadas y acuerdos que van en esa línea: una Canarias para todas las personas, generadora de empleo y sólida en el contexto internacional.
AP. – La ciudadanía ha mostrado una creciente demanda de un mayor control de los recursos públicos en los últimos años, que ha coincidido, además, con la más importante crisis económica que ha padecido Europa en su historia reciente. En este sentido, ¿cree que se debe mantener e incluso reforzar el papel de los órganos de control externo ante esta exigencia?
Los órganos de control externo son claves para seguir avanzando en garantizar la eficacia y la transparencia de las administraciones públicas. En este sentido, el trabajo de instituciones como la Audiencia de Cuentas o el Consejo Consultivo es fundamental para la arquitectura de nuestro sistema democrático y una garantía de que el trabajo de control y fiscalización de las cuentas públicas es el correcto. En el contexto actual de desafección por la política, de desconfianza ciudadana hacia la gestión pública, las soluciones pasan por la apertura de todas las puertas y ventanas, por el control y por la rendición de cuentas. Ya he dicho en alguna ocasión que el sector público es transparente o no es sector público, sino otra cosa bien distinta. Los órganos externos de control son uno de los pilares fundamentales de nueva política, basada en la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
AP. – La Ley de la Audiencia de Cuentas establece que la iniciativa fiscalizadora corresponde a la propia Audiencia de Cuentas y al Parlamento. ¿Cómo pueden los parlamentos regionales avanzar en el impulso de la labor de los OCEX y en el reforzamiento de su papel?
Es fundamental que las entidades fiscalizadas cumplan el deber de colaboración y de rendición de cuentas. Es más, considero que los OCEX podrán estar, en un futuro, facultados para aplicar medidas coercitivas y sancionadoras, así como elaborar dictámenes o informes vinculantes. Esto, sin duda, reforzaría su papel.
AP. – La fiscalización de las cuentas públicas resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de la legalidad y los principios de eficiencia, eficacia y economía en la gestión de las instituciones. ¿Considera que cabría aumentar la utilización del órgano de control externo canario por la Cámara regional para adoptar disposiciones a estos fines?
Al margen de los informes recurrentes y obligados por la normativa, como el de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, del sector público local o de las universidades públicas canarias, y los específicos, aquellos emanados del propio pleno de la Audiencia o solicitados por el Parlamento, está claro que la tendencia debe ir hacia la generalización y normalización de la fiscalización. En el caso de la Cámara regional y del poder ejecutivo, un primer paso podría ser un aumento de las auditorías de buena gestión. ¿Qué conseguimos con ellas? Principalmente, transparentar la actividad institucional y rendir cuentas ante la ciudadanía. Es fundamental que estos informes aborden cuestiones tan importantes para la población de Canarias como la gestión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, así como de áreas relativas a derechos constitucionales como la vivienda o el trabajo o, en el caso parlamentario, del cien por cien de la actividad legislativa relativa a estas áreas de especial sensibilidad.
AP. – La rendición anual de las cuentas por parte de las entidades locales a los órganos de control autonómicos sigue siendo una asignatura mejorable. ¿Qué medidas pueden tomarse para la rendición en plazo y forma?
Como ya hemos señalado, es necesario reforzar el papel de los OCEX para verificar que los fondos públicos son utilizados bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía. En este camino no debemos escatimar en esfuerzos y la rendición en plazo y forma no puede ser un obstáculo. Para mejorar el cumplimiento de la rendición de cuentas del sector público local y hacer su fiscalización de una forma más eficiente, es primordial impulsar la implantación y uso de los procedimientos telemáticos de la Plataforma de Rendición de Cuentas. Junto a los portales del ciudadano, esta herramienta telemática simplifica la rendición de cuentas, sin papeles y sin duplicidades. Además, este esfuerzo de informatización facilita el cumplimiento de las leyes de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
AP. – ¿Entiende que las recomendaciones de los informes de fiscalización son suficientemente implementadas y, en su caso, qué medidas podrían adoptarse a este fin?
Los informes son el medio que tienen los órganos de control externo de influir en la gestión pública, aunque éstos pueden ser atendidos o no. Aquí reside el principal problema, pues las recomendaciones, al no ser vinculantes ni exigir cumplimiento, pueden quedar fácilmente en saco roto. Aquí volvemos a la cuestión de la conveniencia de que los OCEX puedan adoptar medidas coercitivas o sancionadoras en el caso de que no se atiendan sus recomendaciones, aunque este es un debate abierto. En cualquier caso, debemos recordar que la vigilancia de la legalidad es solo uno de los cometidos de estos organismos de control, que también se ocupan, y en buena medida, de calibrar la eficacia y la eficiencia de las entidades fiscalizadas. Así, ya con el informe de cumplimiento de objetivos, el de ajuste de los medios a los fines y las recomendaciones tendríamos buena parte del camino hecho. Solo faltaría una garantía de que estas &uac
ute;ltimas fueran siempre atendidas.
AP. – Instituciones como la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (Eurorai) o la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) estiman necesario que los órganos de control autonómicos presenten informes de seguimiento a sus respectivos parlamentos. ¿Considera que serían de utilidad para el trabajo que desarrollan los diputados?
Por supuesto. De hecho, una institución como el Consejo Consultivo ya nos permite conocer, bajo demanda, el encaje constitucional de las leyes que elaboran nuestros diputados y diputadas. La normalización y generalización de esta práctica redundaría sin duda en unas instituciones más saludables y en una sociedad más justa, regida por normas respetuosas con los derechos de las ciudadanas y ciudadanos. Los OCEX actúan como vigilantes del rigor, la constitucionalidad y el ajuste a derecho de nuestra actividad legislativa y ejecutiva, al tiempo que ofrecen seguridad a los propios legisladores, que pueden contar con un análisis concienzudo de cada paso que dan en la construcción normativa de Canarias. Esta es la línea a seguir.
AP. – En los últimos tiempos se ha cuestionado bastante la politización de los órganos de control externo autonómicos. ¿Cómo se garantizan su independencia y objetividad desde los parlamentos regionales?
Por un lado, los órganos de control externo deben preservar su independencia y autonomía con respecto a instancias gubernamentales o parlamentarias; por otro, tienen que trabajar para mejorar constantemente, reforzando la utilidad y actualidad de sus informes, abandonar cualquier tipo de politización y acercarse a la ciudadanía con la difusión de sus conclusiones y de su labor, tan importante en democracia. La fiscalización, no lo olvidemos, tiene como principal objetivo mejorar la gestión pública y la calidad de vida de las personas.
AP. – Las administraciones públicas, según lo que dispone el ordenamiento jurídico, deben desarrollar sus actividades de acuerdo con los principios de transparencia y publicidad ¿de qué manera pueden los órganos de control externo colaborar en la efectiva aplicación de estos principios?
Los informes y dictámenes de los OCEX sacan a la luz las carencias y aciertos de las actuaciones llevadas a cabo por las administraciones. Como señalaba antes, las recomendaciones de estas entidades sirven para impulsar una gestión más eficiente de los recursos públicos. Al mismo tiempo, toda esta información se pone a disposición de la ciudadanía en Internet, con lo que cualquier persona puede acceder a un informe de fiscalización o a un dictamen sobre una administración cualquiera, saber en qué está fallando o qué logros está alcanzando. Y estos datos son ofrecidos por un agente externo e independiente que transparenta la gestión pública.
AP. – ¿Hacia dónde cree que debe avanzar la fiscalización de los fondos públicos?
Primero, ya lo hemos apuntado, espero una generalización y normalización de los informes y dictámenes de los OCEX que, en un futuro, podrían tener carácter vinculante e incluir medidas coercitivas y sancionadoras. En este marco, la fiscalización de fondos públicos debe estar al servicio de la transparencia y para ello debemos avanzar hacia acuerdos que nos permitan sacar más partido a la información que proporciona cada organismo. La definición de una estrategia común a la hora de analizar, presentar y difundir los datos agilizaría los procesos y contribuiría a llegar de una manera más eficiente a la ciudadanía. Este acuerdo pasaría por la digitalización de todo el proceso, también siguiendo criterios comunes y cumpliendo así con las leyes de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Nuestra meta debe ser, tarde o temprano, la fiscalización global de toda la gestión pública, legislativa y ejecutiva, siguiendo criterios homogéneos y abriendo toda la información resultante a la ciudadanía. Nuestra sociedad lo merece.
