Catalina Cladera Crespí
Consellera de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno
Comunidad Autónoma de las Illes Balear
PERFIL
Licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona y Máster en Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Auditora de cuentas en la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears (junio de 2011 hasta la actualidad y mayo de 2004-julio de 2007); tareas de intervención local y de contabilidad pública local en el Ayuntamiento de Calvià (1998-1999); responsable de la oficina presupuestaria en el Ayuntamiento de Calvià (1999-2004), y también de la oficina presupuestaria del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (1996-1998); directora gerente del Instituto Balear de la Vivienda (agosto de 2007 y junio de 2011).
Auditoría Pública.- Usted es auditora en excedencia de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears y ahora es la figura clave en la dirección de las finanzas autonómicas. ¿Cómo se ve la Sindicatura desde esta nueva perspectiva?
La Sindicatura de Cuentas es un órgano de control externo imprescindible que contribuye a mejorar la gestión de los fondos públicos, y que debería velar por la legalidad, la eficacia y la eficiencia de la actuación de los entes que se financian con el dinero de todos.
Hasta el momento, la Sindicatura se queda únicamente en el control de legalidad y debería poder avanzar y demostrar resultados en los otros dos ámbitos citados, en el control de eficacia y de la eficiencia de las políticas públicas.
AP.- ¿Debería haber más coordinación entre los órganos de control interno y externo para mejorar el control financiero de la Administración?
Estoy de acuerdo en que se debería incrementar la coordinación, con la finalidad de generar sinergias entre todos los ámbitos de fiscalización, el externo y el interno, de manera que se aumente la eficacia del control y la fiscalización. Y debería ser una práctica normal, sin que se levante ninguna suspicacia, asumida como parte del funcionamiento ordinario de las instituciones.
Un mayor entendimiento mutuo sólo puede dar como resultado una mayor garantía de la idoneidad de las actuaciones de los poderes públicos, a través de la fiscalización de cuentas por parte de un organismo externo e independiente. Es una exigencia de los ciudadanos que las Administraciones Públicas debemos satisfacer.
AP.- ¿Cómo valora el trabajo de los Órganos de Control Externo y cómo cree que puede mejorar para que su función fiscalizadora sea más eficiente?
El trabajo de los Órganos de Control Externo podría aumentar su eficacia si consiguiera hacer informes sincrónicos con respecto a la gestión que fiscaliza, más cercanos en el tiempo. En ese caso se convertirían en un complemento más útil, si cabe, del propio control financiero que realiza el correspondiente órgano de control interno. Por eso señalaba la importancia de la coordinación entre el control externo y el interno, para aumentar la eficacia de la fiscalización.
La mayoría de informes que realiza actualmente la Sindicatura de Cuentas tiene como objeto la fiscalización de la Cuenta General de una institución pública. Estos informes tendrían que emitirse casi al tiempo, o muy cercanos al tiempo de rendición, para que puedan ser considerados por el gestor, que de inmediato podría proceder a incorporar las precisiones realizadas en el propio ejercicio, evitando perjuicios a posteriori.
Por otra parte, considero que los informes específicos que realiza la Sindicatura de Cuentas sobre temas diversos se deberían potenciar, ya que las conclusiones que aportan son de gran utilidad al gestor.
Finalmente, y en la línea de lo que he afirmado antes sobre el control de eficiencia, los OCEX deberían potenciar su faceta como evaluadores de objetivos públicos.
AP.- ¿Cree usted que los OCEX deben tener capacidad sancionadora?
Lo encuentro necesario, sobre todo en los casos de falta de rendición de las Cuentas en plazo. Se debe asegurar la colaboración y la rendición de cuentas por parte de las entidades fiscalizadas. En este sentido, parece que ya hay algunos OCEX que están impulsando cambios en su normativa que les permita imponer multas de carácter coercitivo. Y no me parece mal, puesto que los OCEX deben hacer su papel de manera preponderante, puesto que responden por encima de todo al principio de legalidad.
AP.- Una de las críticas que se ha hecho a los OCEX es la lejanía de sus informes en el tiempo. ¿Qué medidas propondría para corregir este problema?
Cambiar los procedimientos de fiscalización. Es decir, trabajar más coordinadamente con el órgano fiscalizado y en tiempo real, durante la gestión del mismo ejercicio contable. Por otra parte, no toda la responsabilidad de este problema corresponde a los OCEX, ya que, incluso iniciando la fiscalización durante el propio ejercicio a fiscalizar, se deberá esperar a disponer de las cuentas aprobadas por los órganos correspondientes para emitir el informe definitivo y no todos los entes fiscalizados cumplen con los plazos de rendición.
AP.- Si tuviera que escoger entre el control previo o posterior, ¿cuál escogería y por qué?
No escogería un solo tipo de control para todos los casos. Hay que combinar el uso de los dos tipos de control, el previo y el posterior, en función de cada caso, cada área de fiscalización y cada tipo de administración.
Hay determinadas áreas como la fiscalización del capítulo 1, de gastos de personal, en las que el control previo no se puede practicar, a causa del elevado número de transacciones y la falta de tiempo para llevarla a cabo entre la preparación de la nómina y su pago. En este caso, solo se puede practicar el control posterior.
El control previo no siempre es adecuado, e incluso a veces es ineficiente. Es acertado y necesario cuando hay que «educar» a la administración. En realidad, si una administración funcionara bien no sería necesario el control previo y bastaría con la fiscalización a posteriori.
Pero no es adecuado que el gestor se acomode a un proceso repetitivo en el que el órgano fiscalizador, ya sea interno o externo, guíe permanentemente el procedimiento adecuado a través de la fiscalización previa.
El control posterior debe mejorar su eficacia, tanto para el gestor como para el fiscalizador. En muchos casos las incidencias o recomendaciones que hace el órgano fiscalizador no son incorporadas por el gestor y, por tanto, el control posterior pierde eficacia.
Una administración bien educada en los procedimientos y en la legalidad vigente tendría que poder funcionar con un mayor peso del control posterior y, por supuesto, corregir la gestión a partir de las incidencias e incorporar las recomendaciones.
AP.- Recientemente, como consecuencia de la presentación por parte de la Sindicatura de Cuentas del Informe 120/2016, de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears correspondiente al ejercicio 2014 en la que se denegaba la opinión a las cuentas anuales del IBSALUT, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de las Illes Balears aprobó por unanimidad una resolución por la que se instaba al Servicio de Salut de las Illes Balears a mejorar la transparencia y el control de la gestión, especialmente en el seguimiento de las normas de contratación pública, el control interno de contabilidad y el control del sistema de inventario. ¿Qué medidas considera conveniente adoptar?
En cuanto a la contratación pública, el Servicio de Salud ya ha puesto en marcha un plan de choque para reducir la contratación irregular. Este plan (que comprende, una reorganización del área de contratación, la próxima puesta en funcionamiento de un portal de contratación electrónica, el uso de acuerdos marco para la compra de medicamentos y productos sanitarios o la creación de una base de datos unificada de contratos de las gerencias) permitirá que la contratación irregular se reduzca significativamente. Por otra parte, la Intervención de la CAIB está finalizando un trabajo de análisis de riesgos y control interno del Servicio de Salud, que servirá de base para que, junto con la gerencia del Servicio de Salud, se tomen las medidas de control que minimicen los riesgos.
AP.- ¿Qué medidas puede adoptar la Administración para mejorar la percepción de confianza hacia las instituciones públicas?
Sin ninguna duda vivimos en una época de desconfianza y desprestigio de la gestión pública. Y es evidente que, en el momento en que la Administración ha querido levantar el velo de la opacidad en la gestión, lo que más ha trascendido no ha sido la transparencia de su actuación precisamente, sino los casos de flagrante corrupción que se han dado en nuestras instituciones, cuya triste y penosa primacía ostentamos en las Illes Balears.
Y, en efecto, hay que actuar con contundencia contra estas actitudes, pero una vez denunciadas, condenadas y reparadas, queda por hacer precisamente lo más importante: que la ciudadanía vuelva a confiar en sus poderes públicos y, más en concreto, en aquellos que gestionamos la financiación pública que los propios ciudadanos liquidan a través de sus impuestos.
En esta tarea estamos actuando de manera decidida, asumiendo que, aún legislando a favor de la rendición total de cuentas, la eficiencia en la Administración, el buen gobierno y la transparencia, seguimos cargando con el peso de la desconfianza por la culpa de otros. Y, esta percepción, la tenemos que revertir.
En Balears contamos con una gran ley de Buen Gobierno y Buena Administración; en esta legislatura hemos estrenado un nuevo departamento en el Govern, con rango de conselleria, que vela transversalmente por los asuntos de transparencia y participación. En la Consellería de Hacienda hemos abierto en canal nuestro Proyecto de ley de Presupuestos para 2017, para que sea accesible por web desde los capítulos de ingresos y gastos en bruto hasta las partidas individualizadas, en colaboración con la fundación Civio.
Por supuesto, mantenemos todos los controles internos de intervención y externos de auditoría, no sólo para la Administración de la CAIB, sino también para los entes del Sector Público Empresarial, que ahora ya cuentan con más exigencias de información durante el propio plazo de ejecución presupuestaria del ejercicio en vigor.
Además, en esta legislatura se han puesto las bases para la creación de la Oficina Anticorrupción, que actuará de oficio contra hipotéticos casos de corrupción a través de posibles enriquecimientos ilícitos de los cargos públicos de Balears, durante el ejercicio de su responsabilidad.
Sin duda, son iniciativas a tener muy en cuenta todas ellas y deberían coincidir en la recuperación de esa confianza perdida. Aunque, por desgracia, creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer.
AP.- ¿Afronta el futuro a corto plazo de las finanzas públicas autonómicas con optimismo o prevé amenazas crecientes?
Un análisis sosegado de la situación económica obliga a tener las luces de largo alcance permanentemente encendidas, para prever posibles cambios de situación.
En el Proyecto de ley de presupuesto de la CAIB para 2017 presentamos un sólido aumento de 427 millones de euros sobre el de 2016. Un aumento solvente, sustentado en el vigor de una economía que acabará creciendo al 4% este año en Balears, por encima del crecimiento de España, de toda la Zona Euro y, por supuesto, liderando a todas las comunidades.
Por tanto, este mensaje principal es de optimismo e ilusión. Pero no debemos perder de vista el contexto de interconexión de la economía global, mediante el cual muchas de las situaciones que se generan a nuestro alrededor nos afectan con una celeridad inaudita desde hace sólo unos años.
En España debemos conseguir una mejora palpable para nuestra financiación y a la vez, regular de manera definitiva y eficiente la compensación por los costes de la insularidad, para lo cual requerimos de la colaboración del Gobierno de España, a sabiendas que los últimos cinco años han resultado muy negativos para Balears con respecto a sus objetivos. Y ahora nos enfrentamos a un nuevo ciclo con el presidente Rajoy, aunque ya sin la apisonadora parlamentaria de la mayoría absoluta a su favor, por lo que intuimos algún movimiento que nos favorecerá más que en este pasado lustro.
En Europa, tan importante para nuestra economía turística, las incógnitas se ciernen en torno al comportamiento del Reino Unido en proceso de desconexión de la UE con el Brexit. El desequilibrio causado puede incidir decisivamente en un proceso de integración atascado, con una economía que en los últimos años se ha inclinado por el castigo de la austeridad para la Europa periférica como respuesta a la crisis, en vez de un eficiente plan de acompañamiento público para apostar por la inversión y el crecimiento de las economías que, como la española, han quedado lastradas por el peso de la deuda pública en el momento de la quiebra de ingresos en las arcas de los estados.
Esta apuesta por la austeridad ha sido una enorme equivocación, desde mi punto de vista, que ha agravado las consecuencias de la crisis. Y eso lo hemos visto en contraposición a las soluciones adoptadas ante idénticos problemas en otras economías, como la de los Estados Unidos. Los resultados, de manera objetiva, han evolucionado razonablemente mejor que en los países europeos, cuyas tasas de crecimiento han languidecido.
Sin embargo, ahora todo esto queda subsumido en el efecto de golpe de timón que puede comportar la presidencia de Donald Trump, garante de la ortodoxia neoliberal y desreguladora, a base de planteamientos maniqueos, que arraigan en el descontento creciente de amplias capas sociales que reaccionan ante estímulos primarios, por no haber podido recuperar los niveles de bienestar precrisis.
Todo ello, nuestras propias circunstancias y las del mundo que nos rodea, nos obliga a estar permanentemente en alerta, en un estado de optimismo vigilante.
AP.- En los últimos años, la Comunidad Autónoma se está financiando a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) habilitado por el Estado. ¿Cuándo podrá Balears volver a financiarse en los mercados y cuándo prevé que se genere ahorro presupuestario para poder reducir la deuda viva?
Siempre he afirmado, desde julio de 2015 en que prometí el cargo como consellera, que el de la deuda es el problema estructural más grave que tienen las finanzas de Balears. Con un pasivo que supera los 8.600 millones de euros y más del 30% del PIB, es muy difícil encontrar financiación en el mercado libre. En 2017 dedicaremos un 20% de nuestro presupuesto a amortizar deuda y al pago de intereses.
Los mecanismos de financiación del Estado (FLA, Fondo de Proveedores, Facilidad Financiera), a los que la Comunidad ha tenido que acudir desde 2012, no son más que una solución transitoria, toda vez que es un crédito con el Estado, en mejores condiciones que las que ofrecía el mercado, pero un crédito al fin y al cabo que debe ser devuelto al prestador.
Y además, el precio que pagamos las CCAA por acogernos a estos mecanismos es políticamente altísimo, porque las condiciones a las cuales nos vemos obligados a someternos y que suponen en la práctica una enorme intromisión del Estado en la organización interna de Balears. Creo, sin duda, que el FLA ha sido utilizado políticamente por el Gobierno de Rajoy para impulsar un mecanismo recentralizador, de control de las CCAA, que no es compatible con el espíritu del Título VIII de la Constitución.
La alternativa a este sistema perverso es la condonación de esta parte de la deuda pública de Balears, unos 6.000 millones, que el Estado ya detenta. Y no es una petición descabellada. Se basa en criterios objetivos, conforme a la situación endémica de infrafinanciación que sufre Balears. Primero, por la insuficiente dotación de las competencias, básicamente sociales –sanidad y educación-, en el momento de su transferencia, que han provocado un déficit crónico en nuestras cuentas. Más tarde, la infrafinanciación se confirma por el agravio que sufre el ciudadano de las islas en relación con el funcionamiento del Sistema de Financiación Autonómico, que provoca una pérdida real de 20 puntos entre nuestra capacidad fiscal y la dotación per cápita que el sistema nos acaba transfiriendo.
Estos dos condicionantes, unidos a la falta de inversión del Estado en infraestructuras y a la nula disposición para pactar un Régimen Especial para Balears con medidas concretas fiscales y de compensación de la insularidad para particulares y empresas, han provocado una situación de carencia y de manifiesta injusticia financiera respecto al trato que recibe un ciudadano en cualquier otro lugar del territorio español.
La condonación de la deuda vendría a compensar esta situación endémica. Y la eliminación del 80% del grueso de la deuda pública permitiría volver a acceder en condiciones normales a los mercados de liquidez, para estabilizar la situación con una deuda pública razonable y asumible del orden del 10% del PIB. La elevada ratio de deuda que mantenemos en Balears tiene necesariamente que ver con esta infrafinanciación histórica, que además se hace extensible especialmente entre las CCAA del Arco Mediterráneo.
Con todo lo anterior, sin embargo no quiero eludir la responsabilidad de nuestra gestión sobre la deuda pública. El primer paso para poder reducir la deuda viva es no generar más deuda. Y, en este caso, he de decir que una vez más los datos demuestran que nuestras políticas de recuperación de derechos y servicios públicos se han desarrollado a la par del control de los indicadores de déficit y de deuda.
Hay que fijarse, por ejemplo, en lo que dice FEDEA o la propia AIReF al respecto de Balears, con previsiones de cumplimiento del límite de déficit permitido para 2016, a las CCAA, por debajo del 0,7% del producto interior bruto. Un hecho que no se da en Balears desde 2013, y que este Govern está en condiciones de conseguir.
En el caso de la deuda, la gestión realizada por el Govern en el último año ha permitido que el indicador haya pasado de un 30,8% PIB a un 30,9% PIB en el segundo trimestre de 2016. Un proceso de estabilización de la deuda, cierto que en valores altos, pero que no se ha dado en ninguna otra CCAA, salvo en Canarias.
Sin embargo, pensar que en el actual statu quo en Balears se pueda generar un superávit presupuestario para dedicar a la rebaja de la deuda viva, choca precisamente con la realidad de nuestra sociedad, cuyo mandato inequívoco de mayo de 2015 nos obliga a destinar, por el momento, todos los recursos posibles al rescate ciudadano y a la restitución de las líneas rojas del estado del bienestar al lugar de donde nunca debieron ser movidas.
Nuestro trabajo es complicado y soy consciente de ello, porque debemos transitar cuidadosamente entre las necesidades y las obligaciones. Pero el reto asumido es apasionante.
