Entrevista a José Antonio Gonzalo

José Antonio Gonzalo
Presidente
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

El auditor tiene que ser independiente y también parecerlo

El pasado 9 de septiembre, José Antonio Gonzalo, presidente del ICAC, acudió a Pamplona invitado por la Cámara de Comptos de Navarra para hablar sobre la nueva ley de auditoría de cuentas, en una jornada en la que también participaron representantes del Registro de Economistas Auditores (REA) y Registro General de Auditores (REGA). Gonzalo destacó en su intervención que los auditores realizan una labor “de interés público” y que la nueva ley busca la armonización con la normativa europea, el refuerzo de la independencia del auditor y la supervisión pública.

Auditoría Pública.- ¿Cuáles son los objetivos de la nueva ley de auditoría?

Uno de los objetivos es reforzar la independencia del auditor, el mayor estigma de esta profesión, lo más incomprendido, pero algo fundamental para nuestra credibilidad. Está claro que el auditor tiene que ser independiente y también parecerlo, de ahí la necesidad de defender la ética profesional, especialmente cuando los auditores facturan también por otros servicios a las empresas sobre cuyas cuentas tienen que pronunciarse. En ese sentido van las modificaciones de la ley, que también permite que nos incorporemos al espíritu de la directiva europea, consiguiendo que todos los países realicemos informes homogéneos y que existan unas normas de auditoría comunes.  Y la tercera idea importante es la puesta en marcha de un sistema de supervisión pública por parte del ICAC más riguroso que el actual.

A.P. Supongo que este tercer objetivo originará un aumento de la carga de trabajo del ICAC.

Sí, porque la ley ha previsto que cada seis años todos los auditores serán supervisados por nuestra institución, lo que conlleva una gran carga de trabajo. En definitiva, tendremos que auditar 1.200 sociedades y a unos 4.500 auditores individuales. Evidentemente, esta labor no se realizará sólo con los medios del ICAC, sino que contaremos con la colaboración privada aunque al frente de estos equipos de supervisión estará siempre un funcionario público.

A.P. En su intervención ha manifestado que la de auditor es una profesión que podría desaparecer. ¿Tan negro futuro le augura?

Lo que he querido explicar es que la nuestra es una profesión de interés social y que eso hay que demostrarlo. Nadie se plantea la desaparición de los médicos, porque existen hace cientos de años y seguirán existiendo en el futuro, más allá de los cambios en la profesión. Pero hace 300 años no había auditores. La pregunta es: ¿los habrá dentro de diez años? La nuestra es una profesión que nació en el Reino Unido y se exportó primero a sus colonias y luego a todo el mundo. Se trata de una labor de interés social, su actividad redunda en beneficio de los ciudadanos y esto hay que demostrarlo. De lo contrario, nadie querrá defender a una profesión que no sirve para nada.

A.P. ¿Y los auditores tienen claro esto?

Cada vez más, aunque muchos creen que es una actividad profesional como otra cualquiera y están equivocados. El asesor fiscal, por poner un ejemplo, tiene que saber mucho de impuestos, pero no se le exigen cualidades morales. Podría ser un defraudador y no por ello le dejarían de contratar como asesor fiscal…incluso en algún caso dicha actitud podría jugar a su favor. Pero la profesión de auditor es incompatible con la falta de ética. Los requisitos éticos condicionan al auditor y ponen en duda su continuidad si la ética no se demuestra continuamente.

A.P. Supongo que esta apelación a la ética como premisa de la supervivencia de la profesión del auditor privado también podrá trasladarse al ámbito público.

Por supuesto, aunque en este caso el clientelismo no suele ser económico sino que se puede traducir en una actitud de sumisión hacia el que lo nombra. La profesionalidad y objetividad del auditor público, junto a la transparencia en el resultado de su trabajo, es lo que justifica su actividad. ¿Cuál puede ser el problema en una institución pública de control? Que el auditor cumpla esas premisas pero a medida que se asciende en el escalafón esa actitud se pierda. Por lo tanto, lo deseable es que el control de la gestión pública lo hagan personas independientes. No son aceptables pactos entre partidos para nombrar a los responsables de estas instituciones cuando el criterio no es el de la profesionalidad, sino la cercanía a un partido concreto.

A.P. La formación también es un asunto central para el futuro de esta profesión…

Sin duda, y eso se desarrolla en el reglamento. Hemos creado una comisión para estudiar el tema, en la que también participa el Tribunal de Cuentas que quiere estar al tanto de las novedades en el ámbito de la formación. Supongo que esto permitirá que exista una reflexión también en el sector público. El objetivo es que exista una formación continua y de calidad, con un mínimo de 40 horas anuales que será controlado por el ICAC.

A.P. ¿En qué medida están sufriendo la crisis los profesionales del sector?

La crisis se nota en el descenso de las auditorías voluntarias. No obstante, el auditor ha reaccionado ofreciendo otro tipo de servicios como administrador concursal o trabajos de viabilidad empresarial. Está claro que el auditor es capaz de ofrecer servicios emparentados con la auditoría, labores que pueden ayudar a la empresa. Estoy convencido de que el auditor tiene que ser un auxiliar del sistema empresarial, dejando claro que esas labores son incompatibles con la de auditoría en la misma empresa.

A.P. ¿En qué momento se encuentran las relaciones del ICAC con los colegios profesionales?

Ahora tenemos unas buenas relaciones porque los colegios tienen ganas de colaborar. Se han dado cuenta de que el enfrentamiento no lleva a ningún sitio y estamos trabajando conjuntamente. Y esto es muy importante, tanto para la formación como para el control de calidad, desarrollo del estatuto…