José Luis Ayllón
Secretario de Estado de Relaciones con la Cortes
» La transparencia y el buen gobierno son la cara de la estabilidad»
PERFIL
Nació el 5 de julio de 1970 en Barcelona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, trabajó para los prestigiosos bufetes de La Caixa y Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios. Fue presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Cataluña entre 1997 y 2000 y posteriormente asesor del Gabinete del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Entre 2004 y 2008 ocupó la Secretaría Nacional de Comunicación del PP. Diputado al Congreso por Barcelona en la VII, VIII, IX y X Legislaturas, ejerció como secretario general del Grupo Parlamentario Popular desde la IX Legislatura hasta su nombramiento en el Ministerio de Presidencia.
El Gobierno de España presentó en el mes de marzo el borrador de anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con la previsión de que pueda ser aprobada en trámite parlamentario durante el siguiente periodo de sesiones. A partir de ese momento contemplará su desarrollo reglamentario con un periodo transitorio para su puesta en marcha, a imagen y semejanza de otros países. Se trata de una reforma que la Vicepresidencia y Ministerio de la Presidencia ha impulsado dentro de los cien primeros días de gobierno del Ejecutivo de Mariano Rajoy otorgándola el carácter de medida prioritaria.
Auditoría Pública.– ¿Qué principales aportaciones destaca de la nueva normativa?
Nuestro objetivo es que sea una de las grandes leyes de nuestra democracia. Se trata de una norma amplia y completa que consta de tres partes bien diferenciadas y, a la vez, complementarias.
Por un lado, el texto recoge las obligaciones de publicidad activa, que actualmente se encuentran dispersas en diferentes textos legales, y establece otras nuevas, porque hemos visto que es necesario dotar a la actividad pública de más transparencia. Así, por ejemplo, será obligatoria la publicación de instrucciones o directrices internas que sirvan para la interpretación del Derecho por los órganos administrativos, lo que supone un importante refuerzo de la seguridad jurídica; asimismo, se dota de más trasparencia a los procedimientos de adopción de normas, lo que va a permitir un seguimiento de todas las etapas del procedimiento legislativo. Igualmente se refuerzan las obligaciones de publicidad ya existentes en materia de publicidad de contratación pública, subvenciones que se concedan, retribuciones o presupuesto y grado de ejecución.
Toda esta información será incluida en un Portal de la Transparencia, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, y que es un paso trascendental en esta tarea de dotar de mayor claridad a la actuación pública. Entendemos que proporcionando un único punto de acceso en el que la información pueda publicarse de forma clara y ordenada es como verdaderamente se puede garantizar la efectividad de estas obligaciones de transparencia. De nada sirve que la Administración deba publicar determinada información si ésta no es fácilmente accesible.
Por otro lado, el anteproyecto de Ley regula el derecho de acceso a la información pública. Y lo hace de una manera amplia y precisa, reconociendo que se trata de un derecho de todas las personas, sin vinculación a conceptos como ciudadanía o nacionalidad, ni a la ostentación de un interés especial en el acceso a la información. Asimismo, se regula un procedimiento claro, sencillo y ágil para acceder a la información, con pocos requisitos formales y amplias garantías para el solicitante, incluida la posibilidad de acudir a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios.
Por último, el Anteproyecto recoge toda una serie de obligaciones de Buen Gobierno y con el fin último de poner límites claros a la actuación de los responsables públicos, estableciendo las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
A.P. – El anteproyecto se ha sometido a un periodo de consultas y propuestas de los ciudadanos. ¿Cómo valora la experiencia y qué sugerencias relevantes podrían tener encaje en la ley?
Es uno de los aspectos de la elaboración de esta norma que más satisfacción nos ha producido a cuantos trabajamos en ella. Primero, por su carácter pionero. También, porque hemos conseguido con este procedimiento una identidad total entre la forma de hacer la propuesta normativa y el contenido de la misma, haciendo más transparente la Transparencia. Pero, sobre todo, porque gracias a este novedoso sistema de recogida de opiniones, con una consulta pública en internet, durante dos semanas, hemos podido constatar el interés de la ciudadanía en este proyecto. 80.000 participantes y más de 3.500 aportaciones son cifras que indican una alta participación en la consulta. Y el saldo, un buen número de sugerencias muy oportunas, que fueron incorporadas al texto en su segunda versión, y que han supuesto una mejora de las disposiciones de la futura Ley.
A.P. – En relación al buen gobierno, ¿hasta donde debe llegar el régimen sancionador sobre los responsables políticos que realicen una gestión negligente de los recursos públicos?
Esta parte de la Ley es de enorme importancia. El Gobierno consideró en la redacción de la norma que todos los responsables de todas las Administraciones Públicas debían adecuar su actividad a una serie de principios éticos y de actuación. Considero también que el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los gestores públicos debía llevar aparejada la imposición de sanciones administrativas, que también están previstas en esta Ley.
No obstante, como cláusula de cierre del régimen sancionador, en una Ley Orgánica complementaria, que modificará el Código Penal en un futuro próximo, se han previsto sanciones penales para las conductas más graves.
A.P. – ¿Qué tipo de tratamiento sancionador cabe suponer para corregir las desviaciones de gasto de las administraciones públicas?
Las infracciones van desde el ámbito administrativo hasta el penal, con todo lo que ello implica. Y hemos previsto las conductas que más preocupan a los ciudadanos, relativas a asuntos como los conflictos de intereses, la gestión económico-presupuestaria y las infracciones disciplinarias.
Hemos querido configurar un nuevo y potente mecanismo para evitar desviaciones de gasto en la gestión pública. El régimen sancionador que se articula en el anteproyecto es muy ambicioso, por cuanto cubre las conductas que más incidencia puede tener en las arcas públicas. Correlativamente a la gravedad de las conductas, también lo son las sanciones que se prevén para ellas, que pasan por la destitución (si el responsable aún permanece en su cargo) o la inhabilitación por un período de 5 a 10 años, en el ámbito administrativo, y las previstas en la Ley Orgánica complementaria, en el ámbito penal.
A.P. – ¿En que forma obligará la nueva regulación sobre transparencia y buen gobierno a las administraciones autonómicas y locales?
Las Administraciones autonómicas y locales están expresamente incluidas en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley, esto es, a cumplir con las obligaciones de publicidad activa y a la satisfacción del derecho de acceso a la información pública. Igualmente, los altos cargos de dichas administraciones estarán sujetos a las normas de Buen Gobierno que se regulan en el Título II. Por lo tanto, la aplicación de la futura Ley a estas Administraciones será completa.
Así, por ejemplo, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales deberán publicar información sobre los contratos qu
e formalicen, los convenios que firmen o las subvenciones que concedan. Igualmente, los ciudadanos, en ejercicio del derecho de acceso, podrán solicitarles información que deseen conocer y que estas administraciones tengan en su poder. En lo relativo a las normas de Buen Gobierno, los altos cargos autonómicos y locales estarán vinculados por los principios éticos y de actuación que el texto contempla y podrán ser sancionados si incurren en algunas de las conductas tipificadas.
A.P. – ¿Qué criterios operarán en la limitación de retribuciones a los responsables municipales?
En su redacción actual, el texto dispone que sean las Leyes de Presupuestos Generales del Estado las que establezcan anualmente el baremo de las retribuciones de los alcaldes y concejales. En ella se apuntan algunos de los parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de fijar este baremo: tipo de municipio, población o circunstancias socioeconómicas. Queremos poner fin con ello a una situación que el ciudadano no entiende y es que existan sueldos y diferencias de sueldos disparatados, que no sean acordes a la función real de los alcaldes, ni tampoco a la situación del país.
A.P. – ¿La nueva normativa es un avance necesario para contribuir a recuperar confianza en la salida de la crisis?
España es un país que está inmerso en una crisis económica de gravísimas consecuencias, sobre todo en el empleo. Esa es, sin duda, la principal prioridad del Gobierno: sacar a España de la crisis. Y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno no es ajena a ese problema. La transparencia y el buen Gobierno son conceptos que forman parte del proyecto reformista del Gobierno y que, en el plano de la regeneración democrática, además de ser valores valiosos en sí mismos, deben contribuir a la generación de la nueva confianza que el Gobierno quiere construir respecto a España, dentro y fuera de nuestras fronteras.
La transparencia y el buen Gobierno son la otra cara de la estabilidad. Creemos que los límites legales al gasto público deben tener su correlato en las obligaciones jurídicas de un Gobierno que rinde cuentas de todo lo que hace, de cada céntimo que gasta, y cuyos miembros pueden ser sancionados si existen desviaciones.
Por eso, la respuesta a su pregunta es sí, sin ningún género de duda. Con esta Ley, nunca más un Gobierno se encontrará facturas impagadas metidas en un cajón o una información tan importante como la existencia de un diferencial de 2,5 puntos de déficit oculta bajo la alfombra.
A.P. – ¿En que forma puede ayudar a mejorar en clave económica la imagen de España hacia el exterior?
Nosotros hemos reconocido que España se incorpora tarde a las políticas de la transparencia. De hecho somos el último país europeo de más de un millón de habitantes en hacerlo. En la pasada legislatura el Gobierno anunció pero no aprobó esta norma. En esta va a ser, por fin, una realidad. Creo que, además de saldar una deuda con nuestra democracia y de cumplir con una reclamación de la ciudadanía, le lanzamos un mensaje claro y preciso al resto del mundo: que somos un país en el que todo se puede comprobar y en el que, desde luego, se puede volver a confiar.
