La Audiencia de Cuentas de Canarias emite el informe de fiscalización de los sistemas de gestión de las nóminas de ULPGC y ULL

La Audiencia de Cuentas de Canarias emite el informe de fiscalización de los sistemas de gestión de las nóminas de ULPGC y ULL

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha aprobado los informes de fiscalización de los sistemas de información de la gestión de nóminas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna, cuyas conclusiones ponen de manifiesto que las aplicaciones informáticas aportan un nivel de confianza satisfactorio con respecto a la integridad de la información contable de los gastos del personal de las dos universidades canarias, con algunos aspectos en los que se deben establecer mejoras.

La realización de estas auditorías de tipo operativo estaba incluida en el programa de actuaciones para el ejercicio 2013 para dar respuesta a una de las líneas de actuación fijadas en el Plan Estratégico de la Institución para el periodo 2013-2016, que tiene como objetivo que los informes que emite la ACC sirvan como instrumento para que los gestores públicos puedan adoptar decisiones para realizar una gestión más eficiente.

Entre las recomendaciones que el órgano auditor plantea de cara a la mejora de esta labor está la elaboración de manuales de procedimiento para asegurar que todos los procedimientos de revisión y control se llevan a cabo y que las verificaciones se realizan con la frecuencia adecuada.

También se propone reforzar la participación activa de los departamentos de control interno con el fin de reducir riesgos sobre la integridad de la información en relación con el proceso de elaboración de la nómina.

A diferencia de la auditoría de regularidad realizada hasta el momento, limitada a evaluar si las cuentas anuales y demás estados financieros rendidas por los entes auditados reflejan la imagen fiel de la gestión y su adecuada realidad  y si los actos, operaciones y procedimientos se ajustan a la normativa que les es de aplicación, la operativa implica evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado por dichas entidades en la utilización de los recursos públicos, proponiendo soluciones para mejorar la gestión.