La Audiencia de Cuentas de Canarias fiscaliza los servicios de mercado prestados por los ayuntamientos en el Archipiélago.

La Audiencia de Cuentas de Canarias fiscaliza los servicios de mercado prestados por los ayuntamientos en el Archipiélago.

En el Archipiélago hay 20 mercados municipales en los municipios de más de 5.000 habitantes, la mayoría de gestión directa.

Los consistorios, pese a que en muchos casos las instalaciones son deficitarias, consideran que prestan un gran servicio a la ciudadanía y que su actividad se va a mantener o a aumentar.

La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha finalizado el informe de fiscalización de los servicios prestados en materia de mercados por los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma en 2012, un trabajo que pone de manifiesto que, pese a que en muchos casos son instalaciones deficitarias, los responsables municipales creen que tienen una gran importancia social y económica y que su actividad se va a mantener o aumentar en el futuro.

Este informe, elaborado por el área de Ayuntamientos de la Institución cuya responsable es la consejera auditora Elena Hernández, tiene su origen en la solicitud de la Comisión Mixta Congreso?Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas de 8 de junio de 2010, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la obligación de prestar el servicio de mercado por los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.

De los 64 ayuntamientos de Canarias con población superior a los 5.000 habitantes, 17 municipios manifestaron prestar el servicio, con un total de 20 mercados, ya que el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria cuenta con cuatro instalaciones. Los 47 consistorios restantes que no prestan el servicio de mercado han sustituido este servicio, en muchos casos, por mercadillos del agricultor, cuyos horarios son normalmente de fin de semana.

De estas instalaciones, 12 poseen menos de 50 puestos y sólo tres tienen más de 100 puestos: el Mercado de Vegueta y el Mercado Central Municipal de Abastos de Alcaravaneras del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y el Mercado de Nuestra Señora de África del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El servicio público de mercado se presta mayoritariamente por gestión directa, ya que 14 ayuntamientos de los 17 analizados usaron en 2012 esta forma de gestión. Los tres ayuntamientos que gestionan el servicio mediante concesión lo realizan por concesión sin obras.

Ningún ayuntamiento dispuso de contabilidad separada de la actividad de los mercados y dos de ellos no facilitaron la información presupuestaria solicitada. Los ingresos medios, según datos aportados por nueve ayuntamientos, fueron de 67.408 euros para el ejercicio 2012 y 54.704 euros para 2013. Tres de esos mercados superaron los 70.000 euros: los dependientes del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, Puerto de la Cruz y San Sebastián de la Gomera, destacando este último con unos ingresos superiores a los 100.000 euros. Por otra parte, los ingresos municipales derivados de la actividad del mercado superaron en todos los casos analizados los 16.000 euros.

Los gastos medios municipales derivados de la prestación del servicio de mercados, según los datos aportados por nueve ayuntamientos, fueron de 77.361 euros en el ejercicio 2012 y de 71.011 euros en el ejercicio 2013.

El resultado contable de la prestación municipal del servicio, según datos aportados por los ocho mercados gestionados directamente por los ayuntamientos, fue deficitario en cinco casos. Las pérdidas medias fueron de 64.000 euros en el ejercicio 2012 y de 58.000 euros en 2013. En los tres restantes, las ganancias medias fueron para el ejercicio 2012 de 68.000 euros y para el 2013 de 41.000 euros, cifras superadas en los dos ejercicios por el mercado correspondiente al Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera.

Entre las recomendaciones que se contienen en este informe, la Audiencia de Cuentas de Canarias considera que los ayuntamientos deberían tener una contabilidad separada para la actividad del mercado, así como, un registro auxiliar para el control de ingresos y gastos que permita conocer la ejecución de los mismos. Igualmente, deberían de figurar el valor del terreno de los mercados separado del valor del edificio para homogenizar y dar autenticidad a la información contable.

El informe también señala que los consistorios habrían de recoger en su contabilidad las instalaciones y maquinarias que se tengan en los mercados, así como dotar de amortización a estos bienes para reflejar en la contabilidad la depreciación de los mismos.

Además, los ayuntamientos que contabilizan los ingresos y gastos con arreglo al criterio de caja de manera incorrecta deberían de realizar la contabilización de los mismos con el criterio correcto de devengo y tendrían que elaborar una memoria o informe económico-financiero sobre el coste del mantenimiento del mercado y los ingresos que este produce, permitiendo conocer así la necesidad o capacidad de financiación y mejorar su gestión.

Arraigo social de los mercados.

Por otra parte, los ayuntamientos tienen una opinión positiva sobre la actividad económica del mercado, oscilando sus respuestas positivas entre un 80% al 93%. Respecto a si la actividad y la influencia del mercado es relevante en el municipio, tres de los ayuntamientos consideran que el mercado no tiene relevancia en el empleo del municipio.

Sobre la viabilidad del mantenimiento del mercado en la actual coyuntura económica, los responsables municipales contestan positivamente en un 86,7% de los casos. La mayoría considera que sus instalaciones son adecuadas, pero que necesitan alguna modificación, aunque también un 27% opina que las mismas se encuentran muy bien adaptadas a las necesidades y demandas de los consumidores.

En general, los ayuntamientos consideran que los mercados tienen un gran arraigo social en los municipios y que la calidad y oferta de productos es buena. En cuanto a la evolución futura de los puestos ocupados en los mercados, un 60% opina que los mismos van a mantenerse, un 33% piensan que su evolución irá en aumento y ninguno prevé que la misma vaya a disminuir. El 66% considera que la oferta comercial responde a las expectativas de los consumidores.