La Audiencia de Cuentas de Canarias presenta en el Parlamento cinco informes de fiscalización
El presidente en funciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), José Carlos Naranjo, presentó hoy ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias los últimos trabajos de fiscalización aprobados por el órgano de control externo en relación a la gestión de las entidades públicas de Canarias.
En concreto, la Audiencia de Cuentas de Canarias presentó cinco informes: el de Fiscalización de la Estructura Organizativa, Procedimientos Contables y Controles implantados en las Fundaciones de la Comunidad Autónoma, durante los ejercicios 2006-2009; el de Fiscalización del Inmovilizado Material de los Cabildos Insulares correspondiente a 2011; el de Fiscalización de las Actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos en relación con el Real Decreto Legislativo 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público, ejercicios 2010 y 2011; el de Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de La Laguna correspondientes al ejercicio 2012; y el de Fiscalización de los contratos suscritos por las Entidades Locales de obligada remisión a la Audiencia de Cuentas, ejercicio 2010.
El informe de Fiscalización de la Estructura Organizativa, Procedimientos Contables y Controles implantados en las Fundaciones de la Comunidad Autónoma, durante los ejercicios 2006-2009, pone de manifiesto diversas debilidades en materia de régimen contable, rendición de cuentas, contratación y gestión de personal.
De acuerdo con sus conclusiones, la ACC recomienda a cinco de las ocho fundaciones analizadas cumplir con los principios de selección de personal, mientras que a tres de ellas les apremia a respetar los criterios establecidos en las nuevas contrataciones, una anomalía en la que también incurrieron seis de las ocho fundaciones fiscalizadas en el caso de la contratación de bienes y servicios.
En este contexto, el informe también recomienda, entre otras cosas, que las mencionadas fundaciones fiscalizadas cuenten con una contabilidad analítica que les permita conocer sus costes y que dispongan de una guía de procedimientos de control interno en el que se regule la gestión de su personal. Asimismo, se hace hincapié en dotarlas de un Plan de Tesorería Anual.
Inmovilizado de los Cabildos
El orden del día de la Comisión incluyó también la presentación del informe de Fiscalización del Inmovilizado Material de los Cabildos Insulares correspondiente a 2011, en el que se concluye que todos los cabildos disponen de un inventario general de sus bienes inmovilizados, si bien sólo el Cabildo de Tenerife cumple con su obligación de actualizarlo anualmente. Por este motivo, la ACC recomienda a tres de las corporaciones analizadas dotarse de normas reguladoras de la gestión, control y seguimiento del inventario general.
En total, el importe de los bienes inmovilizados analizados asciende a 1.276 millones de euros e incluye terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para procesos de información y elementos de transporte, además de otros bienes.
Como resultado de su análisis, la ACC detecta debilidades de control interno relacionadas con el inmovilizado, por lo que propone mejorar la falta de coordinación entre los servicios de patrimonio, centros gestores y contabilidad; así como la identificación de los bienes; y la periodicidad de comprobaciones que permitan conciliar lo reflejado contablemente con el Inventario general.
Otros informes
Otro de los trabajos presentados por la Audiencia de Cuentas de Canarias se refiere a la
Fiscalización de las Actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos en relación con el Real Decreto Legislativo 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público, ejercicios 2010 y 2011.
El objetivo de este otro informe era determinar si los ayuntamientos cumplieron con el mandato dado por el Real Decreto de reducir en un 5% la masa salarial en términos anuales, y conocer si el ahorro generado por dicho ajuste se había aplicado a los fines establecidos en el mencionado Real Decreto.
En esta línea, las conclusiones del informe desvelan que el 76 por ciento de los ayuntamientos fiscalizados alcanzaron el objetivo de ahorro exigido en el Real Decreto. Por otra parte, el 72% de los ayuntamientos aplicaron al personal eventual la reducción salarial. En lo relativo al personal de los organismos autónomos dependientes de los ayuntamientos, 16 de los 18 municipios de Canarias en los que existen este tipo de entidades aplicaron la reducción salarial a su personal.
Durante la Comisión, los diputados también conocieron los resultados del informe de Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de La Laguna durante el ejercicio 2012, año en el que el presupuesto de la institución docente se redujo un 7,63 por ciento con respecto al ejercicio anterior, hasta situarse en los 181,9 millones de euros, de los que el 68 por ciento fue aportado por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Según sus conclusiones, la Universidad deberá adoptar las decisiones pertinentes a fin de garantizar que en el balance que integra con otros estados las Cuentas Anuales de la Universidad, se refleje la situación patrimonial de la misma, para lo que se recomienda implantar un sistema informatizado de gestión del inmovilizado que permita, entre otras cosas actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles, previa definición de unos criterios razonables de registro y valoración de sus elementos.
Asimismo, José Carlos Naranjo presentó el informe de fiscalización sobre los Contratos Suscritos por las Entidades Locales en 2010 que son de obligada remisión al órgano de control externo, es decir, los contratos de obras que exceden de 600.000 euros, los contratos de suministro que superen los 450.000 euros y los contratos de servicios que excedan los 150.000 euros.
El órgano de control externo canario recomienda a las entidades locales que establezcan una planificación previa de los contratos que se van a celebrar durante el ejercicio en curso y que realicen las actuaciones preparatorias precisas que se deben llevar a cabo para cumplir con los plazos establecidos y los objetivos programados.
En referencia a la contratación, el órgano de control externo de Canarias propone a las entidades locales determinar el presupuesto de cada contrato en base a un estudio económico o cálculo previo que justifique el importe asignado.
