La Audiencia de Cuentas de Canarias presenta en el Parlamento los informes de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y las medidas correctoras del Control Financiero Permanente
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, presentó hoy martes ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, el informe elaborado por el órgano auditor sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al ejercicio de 2013, después de que fuera aprobado por unanimidad de los miembros del Pleno del órgano fiscalizador. Asimismo, también expuso el informe de fiscalización en relación al grado de cumplimiento de las medidas correctoras o de mejora planteadas en la aplicación del Control Financiero Permanente para el período 2009-2012.
De acuerdo con las conclusiones del informe de la Cuenta General, Díaz explicó que ha mejorado la estimación del presupuesto inicial del sector público, que abarca a las consejerías, organismos autónomos y demás entes públicos, con un saldo positivo de 88,3 millones de euros, resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos (respectivamente 6.732,4 y 6.644,2 millones de euros), cambiando la tendencia de años anteriores.
Las principales fuentes de ingresos fueron las aportaciones del Estado, al suponer el 62,8% de los recursos, seguida de la financiación adquirida a través de operaciones de crédito, con el 15,6%. Desde la perspectiva del gasto, el importe se contuvo prácticamente en todas las políticas públicas. La mayor cuantía del gasto se realizó en Sanidad (42,1%) y Educación (23,4%), que junto con Acción Social (4,1%) conforman los denominados servicios públicos fundamentales, cuya cobertura financiera corresponde al Estado, la cual fue insuficiente a pesar de los recortes en los gastos realizados en los últimos años, debiendo aportar la Comunidad Autónoma recursos propios en detrimento de otros servicios.
En este apartado, el presupuesto inicial ascendía a 6.358,7 millones de euros, ejecutándose el 97,9% de los gastos y el 97,4% de los ingresos, y obteniendo un saldo presupuestario positivo de 9,5 millones de euros.
Entre las conclusiones extraídas, el presidente de la ACC insistió en que es necesario que se realice un mayor control de las contrataciones de personal del sector público empresarial. Por otra parte, estima que debe regularse la definición de objetivos e indicadores para hacer un seguimiento efectivo de su actividad, tanto en las memorias previas como en los informes económicos posteriores sobre la gestión realizada.
Finalmente, Rafael Díaz confirmó que se han tenido en cuenta algunas recomendaciones que propuso en el ejercicio anterior como, por ejemplo, el ajuste en ejercicios cerrados del importe pendiente de cobro contabilizado a la cifra real. También, en relación a la Tesorería se ha mejorado la regularización de los pagos en concepto de amortización de deuda pública.
Refuerzo de la planificación plurianual
Con respecto al informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas correctoras o de mejora planteadas en la aplicación del Control Financiero Permanente para el período 2009-2012, Rafael Díaz puso en valor el esfuerzo que está haciendo la Administración autonómica por lograr una asignación más eficiente de los recursos públicos mediante la implantación del Control Financiero Permanente, aunque considera que aún se debe avanzar más en la planificación a través del seguimiento de los objetivos para las políticas sectoriales, que debieran plantearse mediante programas de actuación plurianual.
Asimismo, de la aplicación de este control se ha constatado una insuficiente implantación de un sistema de dirección y planificación estratégica, la cual también alcanzaba al área de recursos humanos.
Para corregir algunas de las incidencias detectadas, la Audiencia de Cuentas plantea distintas recomendaciones como es la necesidad de confeccionar los presupuestos en función de los objetivos alcanzados anteriormente, y que incluyan, además, previsiones que permitan conocer la efectividad de los programas ejecutados, contribuyendo de este modo a una racionalización óptima de los recursos, lo cual es primordial en la situación actual de crisis. De igual manera, se recomienda que los planes que contengan las medidas de mejora o correctoras se suscriban en tiempo oportuno para su aplicación.
En cuanto al seguimiento de las medidas, Rafael Díaz señaló que sería necesario rendir a las intervenciones información periódica sobre su estado y, en todo caso, en la fecha prevista para su culminación, por lo que se insta a los centros gestores a que cumplan con los plazos establecidos, en especial para el caso de los reintegros y las sanciones.
