La Audiencia de Cuentas de Canarias presenta siete informes de fiscalización en el Parlamento regional
El presidente en funciones de la Institución, José Carlos Naranjo, destacó, entre otras conclusiones, que la gestión del suelo público de ayuntamientos y cabildos “no ha servido como instrumento de intervención en el mercado”
El presidente en funciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, José Carlos Naranjo Sintes, presentó hoy miércoles, 21 de noviembre, ante la Comisión Parlamentaria de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, siete informes elaborados por el órgano auditor.
Los informes presentados, cuyo contenido íntegro puede ser consultado en www.acuentascanarias.org, hacen referencia a la fiscalización de las cuentas de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria en los ejercicios 2008 y 2009; sobre la Fiscalización de los Bienes Integrantes del Patrimonio Público del Suelo de las Entidades Locales en 2008 y 2009; la Fiscalización de las Empresas Públicas y Entidades Públicas Empresariales dependientes de las Entidades Locales en 2010; la Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial en 2010 y la Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también del ejercicio 2010. Asimismo, Naranjo Sintes presentó ante los miembros de la Comisión, el informe de Evaluación de la gestión del gasto de las Administraciones Públicas Canarias en el Sector de la Sanidad entre los ejercicios 2004 y 2007.
Estudio sobre el patrimonio público del suelo
Durante su intervención, Naranjo Sintes presentó el informe de fiscalización de los Bienes Integrantes del Patrimonio Público del Suelo de las Entidades Locales de los ejercicios 2008 y 2009, en cuyo contenido se recogen conclusiones que evidencian que entre 2003 y 2009 “no ha existido una mejora apreciable de la gestión del patrimonio público del suelo”.
Así, del total de recursos obtenidos procedentes del Patrimonio Público del Suelo, “solo una pequeña parte se dedica a los destinos especificados en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias”, lo que, como explicó Naranjo Sintes, “tiene como consecuencia que los patrimonios municipales del suelo sirvan únicamente como instrumento de financiación de los ayuntamientos y no como instrumento de intervención en el mercado del suelo”.
Igualmente, el presidente en funciones de la Audiencia de Cuentas señaló que el 29% de los ayuntamientos fiscalizados cuentan con planes generales de ordenación urbana con una antigüedad superior a los 10 años, un retraso que conlleva que las propias corporaciones acudan a convenios urbanísticos para, mediante modificaciones puntuales del planeamiento, seguir desarrollando el suelo del municipio. A esta realidad, se suma el hecho de que existe “una ausencia generalizada de inventarios del patrimonio del Suelo Público y en el caso de los que cuentan con ellos presentan una falta de coordinación y homogeneidad”.
Control de las universidades canarias
Por otra parte, en los informes de fiscalización de las dos universidades canarias durante los ejercicios 2008-2009, el presidente en funciones explicó que en el caso concreto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria existe una falta de remisión de contratos a la Audiencia de Cuentas.
Asimismo, y a tenor del análisis realizado por el órgano auditor, pueden deducirse indicios de responsabilidad contable cuyo alcance deberá examinar la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas a quien se remitirá el citado informe. Naranjo Sintes explicó, además, que esos indicios se basan en la no justificación de la elección del procedimiento y forma de adjudicación y la no formalización, en un caso concreto, del contrato en plazo establecido en la legislación vigente después de la notificación de la adjudicación.
En los informes de fiscalización de las dos universidades públicas canarias del ejercicio 2010 la Audiencia de Cuentas vuelve a insistir en las mismas recomendaciones realizadas en anteriores informes, que se centran en la necesidad de incrementar el personal del servicio de control interno de las universidades; potenciar la obtención de recursos propios y mejorar la dotación informática para mejorar la gestión y tramitación de las modificaciones presupuestarias, dotar a la Intervención del centro docente de los recursos humanos precisos para que realice sus funciones de una forma más eficaz y eficiente, así como potenciar la obtención de recursos propios que minoren, en la medida de lo posible, la creciente dependencia financiera de ambas universidades de los recursos provenientes del Sector Público.
Fiscalización de las empresas públicas
En lo que se refiere al informe de fiscalización de las 118 empresas públicas y entidades públicas empresariales dependientes de las entidades locales, la Audiencia de Cuentas apunta que a 31 de diciembre de 2010 solo 58 de ellas obtuvieron resultados positivos.
En el periodo analizado, 11 entidades públicas locales estaban en proceso de disolución y las deudas con entidades de crédito participadas al 100% por entidades locales ascendían a 129,6 millones de euros. Paralelamente, en 32 de las entidades analizadas el ratio de liquidez era menor que uno, lo que significa que tales entidades podrían tener problemas para poder pagar las deudas exigibles a corto plazo. Igualmente, el ratio de disponibilidad de 39 entidades era menor que 01, lo que supone que las mismas podrían tener problemas de tesorería, mientras que 32 empresas presentaban un fondo de maniobra negativo.
La Audiencia de Cuentas de Canarias considera que deberían iniciarse los trámites de disolución o liquidación de las empresas públicas que hayan permanecido inoperativas durante largo tiempo y que es necesario realizar un análisis de reestructuración del sector público empresarial de cada entidad local con el objetivo de reducir los costes operativos y de optimizar los recursos destinados a la financiación.
El presidente en funciones también dio cuenta de las conclusiones del Informe de Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al año 2010 en el que se concluye la necesidad de mejorar los sistemas de información en aras de una mayor transparencia, así como la conveniencia de que los proyectos susceptibles de obtener financiación del Fondo de Compensación Interterritorial se dicten con criterios de oportunidad; es decir, no solo con más flexibilidad a la hora de elegir proyectos sino, también, en la gestión de los mismos.
Análisis de la Gestión Sanitaria
Finalmente, Naranjo Sintes presentó el informe sobre Evaluación de la Gestión del Gasto de las Administraciones Públicas Canarias en el Sector de la Sanidad (2004-2007). En el mismo, se apunta, entre otras sugerencias, la necesidad de dotar a los facultativos de Atenci&
oacute;n Primaria de más autonomía o de crear un sistema compartido de compra de material sanitario de los centros para lograr así mejores precios y controlar la demanda.
Igualmente, el órgano de control externo sugiere como objetivos para las autoridades sanitarias la implantación de protocolos mixtos de Atención Primaria y Especializada; la articulación de contratos programa a través de los presupuestos prospectivos; el establecimiento de mejoras organizativas y de gestión en el rendimiento de los servicios dirigidos a los profesionales sanitarios, mediante incentivos en la consecución de resultados; y el establecimiento de indicadores que permitan la medición y transparencia en la gestión y que aporten incentivos al sistema.
