La Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas compartirán en tiempo real información de la relación de contratos de las entidades locales.
Ambos órganos de control firman una adenda para mejorar la coordinación de la rendición telemática de las Cuentas Generales de las Entidades Locales y mejorar la eficacia de las tareas de fiscalización.
La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) y el Tribunal de Cuentas (TC) han firmado un acuerdo de colaboración para compartir en tiempo real y de forma telemática la información relativa a la relación de contratos administrativos suscritos anualmente por las entidades públicas locales que deben remitirse a ambos órganos de control.
Este es el objetivo de la Adenda que el presidente de ACC, Rafael Díaz, y el presidente del TC, Ramón Álvarez de Miranda, suscribieron esta semana en relación con el convenio de colaboración que ambas partes formalizaron en 2011 para mejorar el desarrollo de los procedimientos de control de la gestión económica de las Entidades Locales que a esas Instituciones compete.
La entrada en vigor de este acuerdo permite a la Audiencia de Cuentas de Canarias tener acceso directo al módulo de la Plataforma de Rendición de Cuentas (www.rendiciondecuentas.es), en la parte relativa a la relación de contratos que las entidades públicas locales de Canarias deben remitir anualmente sobre los contratos celebrados, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, en el ejercicio inmediatamente anterior, y cuya entrada estaba limitada hasta ahora al Tribunal de Cuentas.
De esta manera, explica el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se consigue reducir los plazos de entrega de información que es relevante para valorar el cumplimiento de la normativa y la estabilidad y sostenibilidad de las entidades locales.
Según añade Rafael Díaz, este acuerdo forma parte del conjunto de acciones que la Audiencia de Cuentas de Canarias está impulsando para “avanzar en el desarrollo de una institución más moderna que responda de manera eficaz y competente a las peticiones de información de los ciudadanos y contribuya a garantizar el control de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.
