La rendición de cuentas y la responsabilidad, el caso del apoyo a la investigación científica y el desarrollo en Mexico

Francisco Javier Meléndez Hernández
Universidad Veracruzana 
Antoni Mora Puigvi
Universitat de Barcelona e Institut d’Economia de Barcelona 

La rendición de cuentas y la responsabilidad, el caso del apoyo a la investigación científica y el desarrollo en México

 RESUMEN

Se presenta una propuesta de cómo y por qué se debe realizar el Informe de Gobierno, no como se efectúa corrientemente, sino de una manera que permita realizar una mejor labor gubernamental y darla a conocer y así lograr una mayor Gobernabilidad y con ello lograr reducir el Déficit Democrático común en las sociedades en vías de desarrollo 

 1. INTRODUCCIÓN

“Ser libre no es sino el aspecto negativo de un fenómeno total, cuyo aspecto positivo es ser responsable. La libertad puede degenerar en mera arbitrariedad, a no ser que sea vivida con responsabilidad. Por ello yo recomendaría que la estatua de la Libertad en la costa este (de los Estados Unidos) sea  completada con la estatua de la Responsabilidad en la costa Oeste”[1]

Esta frase proporciona la clave para el entendimiento de cómo y por qué lograr el acotamiento del poder absoluto de los gobiernos: a través de la responsabilidad de verdaderamente rendir cuentas.[2].  

En este ensayo se va a tratar de fundamentar la importancia de reconocer la Responsabilidad del gobierno y cómo se integra por tipo de participantes.

 2. DESARROLLO

A partir del año 2000, a nivel internacional se ha manifestado la necesidad de modernización y racionalización (eficienciación) del gobierno, y se ha desarrollado en particular la Nueva Gestión Pública que consiste en sustituir la burocracia weberiana por una gestión flexible, eficiente, orientada a los objetivos y preocupada por los resultados, y donde son importantes todas aquellas técnicas de gestión que permiten definir objetivos, determinar responsabilidades, controlar costos, establecer indicadores y medir resultados como la adopción y el uso de enfoques más adecuados para rendir cuentas[3]

Esto ha conformado la llamada Accountability o sea la Rendición de Cuentas[4], esto es, la Responsabilidad de la Administración Pública frente a los contribuyentes, la cual se fundamenta en el Value for Money el cual se basa en tres conceptos: Economía, Eficacia y Eficiencia, los cuales deben ser considerados en forma integral y no en forma individual, donde el primero se refiere a la relación entre el Mercado y los Inputs o Insumos a través de los Precios de éstos, la Eficacia es la relación entre el Output o sea el Producto obtenido y los Objetivos buscados, (entre los que generalmente se incluyen también los criterios de Calidad y de Acceso al Servicio, esto es la Eficacia puede incluir la Excelencia y la Equidad); y la Eficiencia es la relación entre Inputs y Outputs esto es, el Costo por Unidad del Servicio.

Hay una corriente de pensamiento, la de la Orientación al Servicio Público, que considera importante no solamente la cuestión de la eficacia del Gobierno, sino que sostiene además que el reto fundamental es solventar el déficit democrático de las burocracias actuales[5], y que se centra estrictamente en la Gobernabilidad. En este ensayo se aporta una manera de sustentar este enfoque con base en la Responsabilidad, para lo cual lo sustentaremos como sigue: En el caso de los bienes y servicios provistos por el mercado, los consumidores deciden o eligen con base en sus ingresos, los precios de los bienes, sus gustos y sus expectativas, las cantidades que quieren o no comprar y pagar de los bienes y servicios y la recompensa del disfrute y la correspondiente Responsabilidad de las consecuencias del consumo y/o del gasto efectuado recae solamente sobre ellos mismos, pero en el caso de los bienes públicos se genera una Responsabilidad, por la provisión de los bienes públicos, toda vez que el receptor es rehén de una decisión que no tomó él mismo, dicha Responsabilidad se produce como a continuación se señala:

En una reciente investigación de uno de los presentes autores, llegó a la conclusión de que la intervención de los gobierno en las crisis económico-financieras determinaba tres tipos diferentes de responsabilidad para el propio gobierno: 1) ante los pares profesionales del agente actuante, por la calidad del diagnóstico profesional, por los criterios de actuación, por el tipo de intervención, por que ésta sea lo que requiere la situación en este tiempo y circunstancia y por la decisión y la calidad de la intervención en sí, que constituye la legitimidad técnica de la aplicación de la medida correspondiente; 2) frente al sujeto o colectivo apoyado, por la calidad de la intervención y las consecuencias de la misma en la vida o desempeño posterior del receptor de la intervención que es la responsabilidad moral por el efecto sobre el paciente por los métodos de intervención (legitimidad moral) y 3) con los ciudadanos en general del país, o con los electores de mismo (legitimidad política) por el uso correcto o no de recursos públicos.

Ya que el concepto moderno de Gobernabilidad incluye tanto el punto de vista de la Nueva Gestión Pública, como el de la Orientación al Servicio Público, y está presionando para que la acción del Gobierno sea eficaz, eficiente y equitativo en todas sus actuaciones, toda vez que la recientemente formada Competencia Política entre los partidos ha derivado por ejemplo que el concepto de Competencia en México, se ha vuelto una lucha por desacreditar y descalificar por parte de los partidos de oposición al que está en el gobierno, a todos los niveles, aún cuando los mismos partidos de oposición carezcan de la capacidad o atributo que cuestionan en el partido en el gobierno. Los cuales solo tienen las alternativas de o no hacer nada (o muy poco) o desempeñarse tan bien como se pueda, esto es estrictamente por la delgada línea del deber (con el consecuente problema de los subejercicios presupuestales, que en México son notables: 

En particular para la Nueva Administración Pública resulta fundamental, reorientar la Responsabilidad de los gestores públicos, hacia la obtención de resultados expresados en términos de eficacia, eficiencia, de calidad de los servicios, sostenibilidad del desarrollo, y equidad social[6]

Entonces, se debe tener una lista o matriz de indicadores de resultados que muestren el cumplimiento de indicadores de apertura, de liberalización o de rendición de cuentas para las metas establecidas en cada programa y política gubernamental

La recientemente promulgada (2009) Ley de Contabilidad Gubernamental atiende solo la tercera de este tipo de Responsabilidades al identificar los Indicadores de Desempeño de cada obra y/o acción emprendida y de ello rendir cuentas de los recursos ejercidos, sin embargo el objetivo de este ensayo es señalar que las otras dos clases de responsabilidades son igualmente importantes. Para aplicar esta propuesta se tiene que preparar un instrumento que valore la responsabilidad profesional o técnica, esto es la evaluación de pares, pero no la tradicional evaluación sobre aspectos externos de la conducta sino una evaluación específica sobre la actuación profesional en particular en las situaciones concretas.

Ya existe en la literatura especializada el concepto de Responsabilidad Dual, que consiste en dilucidar entre el interés individual y público[7], señalando que es una cuestión que no debe ser desatendida ni minimizada por ningún nivel de gobierno, pues se basa en el hecho de que los gobernantes deben asumir la gestión del conflicto que se establece entre las necesidades individuales y la defensa del interés general que debe hacer todo aquel que es electo para un  cargo público[8]  

En México esto cobra particular vigencia al presentarse las elecciones para cargos públicos en cualquier nivel, ya sean municipales, distritales, estatales, o federales donde los nombramientos del equipo de trabajo del electo para el cargo público, quedan constituidos por aquellos que aportaron recursos económicos y financieros a las campañas políticas, independientemente de sus capacidades o habilidades profesionales, con lo que claramente se privilegia el interés individual sobre el interés público.

Para el caso de la Educación, la misma propuesta señalaba los siguientes tipos de Responsabilidad del titular del sistema educativo,( o del director del centro educativo, o del coordinador del programa educativo, o de cada instructor de las experiencias educativas), ante los Educadores Profesionales, integrantes de la Academia internacional, nacional, regional, o local, por los criterios de intervención en sí, esto es por los paradigmas (logro de actitudes, aptitudes, conocimientos) transmitidos que proporcionan legitimidad técnica; tanto para el caso de las funciones sustantivas como el de las adjetivas, y las de apoyo. Otro tipo de Responsabilidad es ante los estudiantes y sus padres por lo apropiado o no de la transmisión de los paradigmas, y sus efectos sobre los estudiantes tanto en los aspectos profesionales como en los personales (que constituye la legitimidad moral) y un tercer tipo de Responsabilidad es ante la sociedad en general por el uso correcto de los recursos públicos, que pudieron haber tenido otro uso y que le significó a la sociedad no tener apoyo a gastos en salud, por ejemplo a cambio de tener más educación (o que pudieron haber pagado menos impuestos y así poder disponer de más bienes para su consumo privado).

Un ejemplo ilustrará lo que se sostiene aquí: el caso del apoyo a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en México. En México hay dos instancias encargadas del fomento a la Investigación: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. En el Conacyt, existen en el Programa de Investigación Científica dos clasificaciones: Ciencia Básica y Ciencia Aplicada, bajo la primera se inscribe el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-CONACYT, el cual consta de cuatro convocatorias: a) Convocatoria de la Subsecretaría de Educación Básica SEP/SEB-CONACYT; b) Convocatoria de Investigación Básica SEP-CONACYT, c) Convocatoria SEP/SES/UPEPE/CONACYT; d) Convocatoria de la Administración Federal de Servicios de Educación en el Distrito Federal (AFSEDF) SEPAFSEDF-CONACYT. De estas cuatro convocatorias, la primera, la tercera y la cuarta tienen una especificidad: la primera para fortalecer la enseñanza –aprendizaje en la educación básica, la tercera, orientada a la investigación sobre la violencia de género y la cuarta está orientada a estudiar y analizar la realidad de la educación básica en el Distrito Federal; solamente la segunda  tiene la apertura necesaria para la investigación científica, solamente que tiene un candado en que está orientada a que la presentación de propuestas sea por Cuerpos Académicos o grupos de investigadores mínimo en consolidación o consolidados (no en todas las Universidades Públicas hay suficientes números de estos cuerpos académicos) y además que todas las áreas de investigación de esta Convocatoria tienen el compromiso de formación de doctores y/o maestros en ciencias, cuyos resultados no siempre dependen de la voluntad del investigador líder. En cuanto a la segunda clasificación, Ciencia Aplicada, ésta está constituida por quince Fondos Sectoriales:

      1) Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea
2)   Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua.
3)   Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Técnica Forestal.
4)   Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Producción y el Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional
5)   Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo (INMUJERES)
6)   Fondo Sectorial de Investigación en Materia Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogénicos
7)   Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social
8)   Fondo de Innovación Tecnológica
9)   Fondo Sectorial de Investigación en Desarrollo Social
10)               Fondo de Investigación y Desarrollo
11)               Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales
12)               Fondo Sectorial de Investigación Ambiental
13)               Fondos Sectoriales de Energía
14)               Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (donde se ubican los ya mencionados fondos en el apartado de Ciencia Básica)
15)               Fondo Sectorial de Investigación SRE-CONACYT

Como se ve las prioridades señaladas no contemplan la investigación de las relaciones  comunes y corrientes, cotidianas, ordinarias, las cuales son la forma de vida de la mayoría de la población, privilegiando en cambio el estudio de los aspectos que no son parte ordinaria de la vida diaria.

La otra instancia que ofrece recursos para la investigación es la Secretaría de Educación Pública al través del Programa E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; el cual fue fondeado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la cantidad de siete mil doscientos cuarenta seis millones de pesos para el ejercicio fiscal 2010, y cuya distribución por dependencia ejecutora se muestra en el Cuadro 1 (Programa E021), cabe mencionar que esta distribución de dependencias ejecutoras y sus correspondientes montos, se concentra en doce instituciones desde un máximo de tres mil doscientos millones de pesos en la Universidad Nacional Autónoma de México hasta un mínimo de tres millones doscientos mil pesos en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, todas ellas ubicadas en la Cd. de México, salvo la Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro siendo ésta, la única universidad fuera del área metropolitana de la Cd. de México en recibir este apoyo presupuestal y donde las aportaciones a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional comprenden más de 5738 millones de pesos que representan el 79.2 % del total de este Programa, ejerciéndose el resto entre cuatro instituciones educativas: la Universidad Autónoma Metropolitana (739.5 millones de pesos), El Colegio de México (324.3 millones de pesos), la Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro(64.9 millones de pesos), y la Universidad Pedagógica Nacional (22.4 millones de pesos), y cinco dependencias de la Secretaría de Educación Pública: la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, (158 millones de pesos), la Subsecretaría de Educación Media Superior (8 millones de pesos), la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (3.3 millones de pesos), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (7.4 millones de pesos de los cuales 3.2 millones de pesos son para la DGETI y 4.2 para los CETI), así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (162 millones de pesos).

Con lo que se promueven las siguientes actividades: la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, ubicada en la Sub Secretaría de Educación Media Superior; realiza una convocatoria para participar en el V Congreso Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico y II Congreso Internacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico, con el título “Innovación científico- tecnológica como elemento sustantivo en los ambientes de aprendizaje en la educación tecnológica”, con las siguientes líneas de investigación: Desarrollo Tecnológico e Innovación; Educación; Equidad y Género; Conservación del Patrimonio; Desarrollo Sustentable; Medio Ambiente y Cambio Climático; Adolescencia y Salud, que se va a celebrar en Acapulco, Gro., del 22 al 26 de marzo de 2010[9]. 

Por su parte la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, ubicada en la Sub Secretaría de Educación Básica, tiene un Programa de Fomento a la Investigación Educativa, que tiene como objetivo: Promover el desarrollo de la Investigación educativa como medio para generar conocimientos y apoyar la toma de decisiones y la innovación educativa con el fin de nutrir el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a la educación básica”[10]

La Dirección General de Educación Superior Tecnológica, ubicada en la Sub Secretaría de Educación Superior, desarrolla el Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario, que forma parte del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional y para ello, establece entre varios objetivos estratégicos del nivel educativo.[11]

Siendo éste el programa institucional propiamente dicho de apoyo a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, ya que los anteriormente mencionados son relativos a la docencia en los niveles educativos correspondientes. Asimismo esta dependencia gestiona el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, también parte integrante del PIFI, y que proporciona recursos a diversos proyectos de gestión y de divulgación [12]

La Subsecretaría de Educación Media Superior, tiene a su cargo Proyectos de Desarrollo Tecnológico, pero desafortunadamente la página Internet, no proporciona la información.[13] (Lamentablemente las convocatorias de las páginas Internet de estas dependencias no están actualizadas, salvo la de la DGETI que promueve el Congreso Nacional e Internacional en Acapulco, para el mes de marzo de 2010).y como las investigaciones son efectuadas por parte interesada entonces la perspectiva está desviada, y no se ven las deficiencias propias, por ello, la ONU, ha señalado la principal carencia de la educación mexicana, [14] causada por la característica general de la investigación social: que es efectuada por las dependencias que atienden esa problemática sectorial. 

 3. CONCLUSIONES

En primer lugar llama la atención la centralización de los recursos en dos instituciones educativas: el 79.2 % se canaliza a la UNAM y al IPN, el 15.9% se canaliza a otras cuatro instituciones educativas, que realizan propiamente las funciones de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el 2.3 % del total de recursos se canalizan a dependencias fomentadoras de la investigación científica y el desarrollo tecnológico a nivel nacional y el 2.2 % se destina al INAH, o sea que el 95.1 % se concentra en seis instituciones educativas (cinco en el área Metropolitana del D.F. y una en el interior del país), el 2.2% al INAH y el 2.4 % para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el resto de instituciones educativas de nivel superior en el país.

Llama la atención lo obsoleto de las páginas web de las dependencias, ya que no proporcionan información actualizada, para participar en las convocatorias se tiene que recibir la información de manera directa por contacto personal, pero no de manera abierta, pues el presente autor ha escrito a las páginas web de la Secretaría de Educación Pública solicitando información sobre las condiciones y criterios de ejercicio de los programas de apoyo a la investigación científica sin recibir respuesta,(y no hay forma de hacer simultáneamente una copia para la Secretaría de la Función Pública, para efectos de apoyar una posterior denuncia).

Sin embargo, el Programa de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se propone tener 5 % de crecimiento en el total de proyectos en ciencia básica apoyados. [15] No se tiene preocupación por la concentración de apoyos en unas pocas universidades del total de universidades públicas, ni en unas cuantas zonas geográficas del país. Mientras que en la Matriz de Indicadores de Resultados, de la S.H.C.P., se señala que para la dependencia ejecutora Universidad Nacional Autónoma de México, hay dos Objetivos para este Programa: 1) “Los niveles de investigación científica, tecnológica y humanística del país son mejorados”; con el Nombre del Indicador/ Fórmula: Razón de Productividad de la planta de investigadores/ (Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n) mientras que la Meta/ Unidad de Medida es:1.1/ Razón de productividad, el otro Objetivo es 2) Proyectos de investigación desarrollados y publicados, con Nombre del Indicador /Fórmula: Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas/ ((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1) X100, siendo la Meta/ Unidad de Medida: 11.8/ Porcentaje. De lo anterior si bien es aplicable la parte de Investigación Científica ninguno de los indicadores apoya el concepto de Desarrollo Tecnológico. Ahora bien, en el Tercer Informe de Gobierno, correspondiente al ejercicio 2009, solamente se Informa que se ejercieron los recursos en las investigaciones y correspondientes publicaciones, pero no cubre las posibilidades que señala ni la Ley de Contabilidad Gubernamental, ni menos el enfoque propuesto aquí de solventar las Responsabilidades. En este Tercer Informe de Gobierno de la administración pública federal solamente se ofrecen datos de los que no podemos saber si cumplen con los criterios de Economía, Eficacia y Eficiencia, porque no se tiene la posibilidad de comparar los precios de los insumos adquiridos, el costo de alternativas y no se establece la comparación entre los objetivos buscados y los productos obtenidos. Esto es, la Rendición de Cuentas es pobre.

Mientras que en el Enfoque propuesto aquí para la Rendición de Cuentas se tendría que asumir las siguientes Responsabilidades:

1) Ante los miembros de la Academia de Investigación Científica Mexicana, por las investigaciones que se apoyan presupuestalmente, así como por aquellas que no se apoyan debiendo señalarse el por qué, el cómo, los alcances y la Visión de largo plazo de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico.

2) Ante los receptores en última instancia del servicio por el apoyo otorgado (o no otorgado) por ejemplo, a las empresas micro, medianas y pequeñas no apoyadas, los desempleados, el público en general que padece la inflación, los productores agropecuarios que no encuentran mercados para sus productos, los ayuntamientos que no pudieron entregar sus cuentas públicas en tiempo y forma, porque los recursos de financiamiento a la Investigación fueron a otros destinos como: mayor investigación en educación básica, en educación tecnológica superior, (¿con qué resultados concretos?) porque aquellos no están constituidos en grupo de presión que pueda pugnar por sus intereses vía grupos de presión (lobbies), es decir no son visibles políticamente, esto es no se trata solamente de justificar las investigaciones apoyadas sino también explicar por qué no hubo apoyos para aquellas que no lo obtuvieron, explicitar lo que los economistas llaman “el costo de oportunidad: las alternativas sacrificadas en el afán de lograr un objetivo, mediante los recursos escasos”.

3) Ante la sociedad en general o los contribuyentes en particular, por las decisiones de asignar los recursos, en la forma que se hizo, en los tiempos, los contenidos, la vertebración de los apoyos frente a la estructura productiva del país (micros, pequeñas, medianas y grandes empresas), la estructura social, la de la pobreza, el efecto sobre la distribución geográfica del ingreso.

Toda vez que la intervención del gobierno en la economía se funda en una de las siguientes razones: 1) por la provisión de Bienes Públicos, esto es dar cumplimiento a la Rama de Asignación,2) por tratarse de mantener estable el empleo y/o los precios, esto es dar cumplimiento a la Rama de Estabilización, 3) por neutralizar las diferencias causadas por la existencia de Externalidades Tecnológicas o Pecuniarias (positivas o negativas), 4) por eliminar las inconveniencias que causa la existencia de Monopolio o Monopsonio, que requieren la intervención  gubernamental vía impuestos y/o regulación directa, 5) por ser Prestamista de Última Instancia, para el sistema bancario-financiero  y 6) por las diferencias que ocasionan las Asimetrías de Información, con lo cual la Rendición de Cuentas debería hacerse en base al fundamento técnico-económico de cada uno de estos aspectos, considerando las Responsabilidades ya mencionadas según el criterio pertinente: ante los pares técnicos del profesional actuante, ante el receptor de la intervención y ante el electorado en general, no basta solamente con listados de obras y/o acciones, sino que para una verdadera Rendición de Cuentas se deben asumir las Responsabilidades ya comentadas.

La determinación de las prioridades en la forma que se ha hecho (Desarrollo Tecnológico e Innovación; Educación; Equidad y Género; Conservación del Patrimonio; Desarrollo Sustentable; Medio Ambiente y Cambio Climático; Adolescencia y Salud y algunos otros) no bastan para atender las necesidades de una sociedad como la mexicana en esta etapa del desarrollo ya que excluyen otros aspectos estudiados por las ciencias administrativas, la fiscal, las económicas y sociales, como el de la internacionalización de las empresas mexicanas y en particular el funcionamiento de las MIPYMES, las condiciones de gobernanza local, estatal y nacional [16], el desempleo sectorial y el estructural, la reforma fiscal, la evasión y la elusión fiscales, la revolución microeconómica que consiste en convertir la relativa estabilidad macroeconómica actual en oportunidades de empleo e ingresos para la población trabajadora, la superación efectiva de la pobreza crónica, no solamente con el esquema actual del clientelismo político sino buscando nuevas formas; la detección oportuna y eliminación de los fraudes financieros y las consecuentes operaciones de rescates bancarios[17], el desarrollo institucional de la gestión gubernamental a todos los niveles, y órdenes (ejecutivo, legislativo y judicial, federal, estatal y municipal) y que de no hacerse en un plazo perentorio ponen en riesgo y limitan las posibilidades de desarrollo no solamente administrativo y económico, sino social y últimamente político

Se trata de superar el Informe de Gobierno, que ya no sea un listado de obras y/ o acciones, sino que ahora se informe del cumplimiento de metas en indicadores de desempeño y mañana será Rendir Cuentas, mediante información diferenciada para solventar una Responsabilidad ante: el par profesional, el receptor del apoyo gubernamental y la sociedad en general.

4. BIBLIOGRAFÍA

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Batet, Meritxell, Carreras, Josep M., Mora, Antoni y Pastor; Joan Ramon (2003). Propuesta de Indicadores Básicos de Gestión de Servicios Públicos Locales; Editorial Fundación Pi Sunyer/ Publicacions/ Altres Publicacions/ Documents/ Número 23/ Barcelona, España.
Mora i Puigvi, Antoni (1997)  Indicadores de actividad en la prestación de servicios públicos municipales. El caso de la recogida de residuos sólidos urbanos, Ed. Auditoría Pública, Barcelona España.
Kauffmann; Daniel (2003) Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge Orthodoxy, Editorial del Banco Mundial, Washington D.C., Estados Unidos.