La Sindicatura de Cuentas entrega a las Corts el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2020
La Sindicatura de Comptes ha entregado hoy, 30 de diciembre, a las Corts el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2020. El presidente de las Corts, Enric Morera, ha recibido el Informe de manos del síndic major, Vicent Cucarella, en el jardín del Palacio de Benicarló. Posteriormente, Cucarella también ha comunicado los resultados de la fiscalización al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha estado acompañado por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, en el Palau de la Generalitat.
El Informe, publicado al completo hoy en el web de la institución estatutaria, está formado por cinco volúmenes. Los informes específicos recogidos en los volúmenes II a V se han ido publicando a lo largo del año en el sitio web de la Sindicatura. En cuanto al volumen I, que ve la luz el día de la entrega, presenta la auditoría de las cuentas anuales de la Administración y, como informes específicos, esta vez se han auditado las subvenciones y ayudas de la Administración de la Generalitat derivadas de la COVID-19 y la contratación de la Administración de la Generalitat, con especial énfasis en las contrataciones derivadas del COVID-19. Así mismo, el volumen I incluye también el informe especial de auditoría de las ayudas a personas con rentas bajas afectadas por un ERTE a consecuencia del COVID-19, publicado en junio pasado. Como el año pasado, los informes específicos del volumen I se publican de forma individual para facilitar su localización y consulta.
A la vez, el primer volumen incluye el resumen general de las conclusiones y también, dentro de los restantes cuatro volúmenes, se presenta el correspondiente control formal de los entes del sector público autonómico valenciano, así como las recomendaciones más relevantes observadas en el ejercicio 2020 para la mejora de la gestión económico-financiera y contractual.
En general, las cuentas de la Generalitat cumplen los principios contables y la normativa aplicable, con algunas excepciones y deficiencias que aparecen detalladas en los diferentes informes individuales. En su análisis, los auditores no han encontrado situaciones en las que puedan concurrir las características de la responsabilidad contable.
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT
EXCEPCIONES A LA AUDITORÍA FINANCIERA
Respecto de la auditoría financiera de la Cuenta de la Administración de la Generalitat, la Sindicatura ha emitido una opinión favorable con algunas excepciones, entre las que destacan:
- En cuanto al inmovilizado no financiero, la composición, ubicación y valoración de sus principales epígrafes no se encuentran recogidas en un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio que permita conciliarlas con los registros contables. Además, se mantiene la limitación al alcance señalada en informes anteriores en cuanto a la valoración y recepción definitiva de los bienes y servicios afectos a la concesión del servicio público de la asistencia integral del Departamento de Salud de La Ribera.
- Respecto a las liquidaciones anuales de contratos de concesión administrativa para la prestación de asistencia sanitaria integral, en octubre de 2021 había 41 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o en trámite de elaboración. Se desconocen los importes definitivos de estas liquidaciones y, por lo tanto, no es posible determinar el efecto que su adecuado reflejo contable tendría en la Cuenta de la Administración.
- El balance de la Cuenta de la Administración a 31 de diciembre de 2020 no refleja en su activo corriente el epígrafe de existencias y no existe un inventario valorado de los productos sanitarios por almacenes o centros al cierre del ejercicio.
- En cuanto a las provisiones y contingencias, al cierre del ejercicio 2020, se mantiene la existencia de un gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidadesa cargo de la Generalitat, cuya estimación no ha sido posible efectuar. Sin perjuicio de esto, se observa un defecto de provisión para la cobertura de los pasivos contingentes no contabilizados por un importe estimado de 61,4 millones de euros.
- Por último, respecto a los acreedores por operaciones devengadas, el pasivo del balance recoge un saldo de 816,2 millones de euros por las devengadas y vencidas y un saldo de 274,1 millones de euros por las devengadas y no vencidas. Teniendo en cuenta que con cargo al presupuesto de 2020 se han imputado gastos realizados en ejercicios anteriores y no se han imputado otros contraídos en este ejercicio, el efecto neto en el resultado sería de un mayor saldo positivo de 70,1 millones de euros y el remanente de tesorería se reduciría en 1.066,8 millones de euros.
CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Sobre el cumplimiento de otros requerimientos legales y reglamentarios, hay que destacar las siguientes conclusiones:
- Se han tramitado 446 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.763,3 millones de euros, de los que 1.602,4 millones de euros corresponden a expedientes tramitados por la Conselleria de Sanidad (49,0% de las obligaciones reconocidas).
- No consta que la reversión del servicio público de la asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de La Ribera haya sido realizada de conformidad y a satisfacción de la Administración de la Generalitat.
- Las consignaciones definitivas del presupuesto de la Generalitat de 2020 se han mostrado insuficientes para atender las transferencias y subvenciones a conceder en el ejercicio.
- Las subvenciones de concesión directa tienen que tener el carácter excepcional que les atribuye la normativa de aplicación.
- La Generalitat tiene que incluir en sus presupuestos iniciales de transferencias a recibir del Estado únicamente las previsiones de ingresos que de manera razonable se espera obtener.
CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT
En este punto, el Informe indica que la Sindicatura es consciente de las circunstancias de excepcionalidad provocadas por la situación de emergencia vivida a raíz del COVID-19, que motivaron que el legislador habilitara a las entidades del sector público la utilización de la tramitación de emergencia contenida en el artículo 120 de la Ley 9/2017. En este sentido, una vez comprobado que el motivo de la contratación justifica el procedimiento extraordinario de emergencia, la fiscalización se ha centrado en analizar la justificación a posteriori, así como su publicidad y transparencia, dada la debida proporcionalidad de acuerdo con las circunstancias, y ha extraído unas conclusiones sobre los incumplimientos más significativos que resumimos a continuación.
- En cuanto a los contratos tramitados por emergencia: falta de acreditación de los supuestos de hecho que dan lugar a la contratación de emergencia, falta de constancia de los precios de las prestaciones contratadas, imposibilidad de verificar la adecuada ejecución del contrato o su recepción de conformidad y falta de formalización por escrito de los contratos ejecutados en el exterior. Los incumplimientos más reiterados se han observado en la Conselleria de Sanidad, donde en 30 expedientes no hemos podido verificar la adecuada ejecución del contrato ni su recepción de conformidad, ni su liquidación, agravados en los casos en que se acuerdan pagos anticipados sin que posteriormente se acredite en el expediente que el contrato haya sido ejecutado de conformidad.
- En relación con los pagos directos efectuados por la Conselleria de Sanidad: volumen importante de gastos de carácter sanitario contraídos sin la previa y preceptiva tramitación del expediente de contratación, por insuficiencia presupuestaria u otras causas. En este sentido, se han contabilizado expedientes de enriquecimiento injusto por un importe conjunto de 1.602,4 millones de euros. Por otro lado, se han efectuado pagos directos a terceros por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario sin la previa tramitación del expediente de contratación preceptivo, como procedimiento generalmente utilizado por los departamentos de salud, pagos que podrían llegar a importes muy significativos.
- Sobre los contratos no tramitados por emergencia: inadecuada justificación de la elección del procedimiento de licitación o los criterios de valoración, no concurrencia o insuficiente justificación de las circunstancias para la tramitación urgente, publicidad insuficiente en el perfil del contratante y fórmula inadecuada en la valoración del precio.
CONCLUSIONES SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT
La Sindicatura ha fiscalizado el cumplimiento de la legalidad de las subvenciones y ayudas de la Administración de la Generalitat durante el ejercicio 2020 derivadas del COVID-19. Entre los incumplimientos y las deficiencias destacan los siguientes: actuaciones realizadas antes del estado de alarma sin que se justifiquen las razones que dificultan su convocatoria pública, bajo grado de ejecución, necesidad de completar la documentación acreditativa, falta de aprobación del plan de control (especialmente importante teniendo en cuenta el pago anticipado del 100% de la subvención), falta de acreditación de las razones para no promover la publicidad y concurrencia de manera adecuada y suficiente, acreditación inadecuada e insuficiente del procedimiento selectivo y ayudas aprobadas pendientes de imputación presupuestaria por varias causas.
OTROS ASPECTOS RELEVANTES
SITUACIÓN PATRIMONIAL, DÉFICIT, EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL RESULTADO PRESSUPUESTARIO
- En cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat Valenciana, el Informe indica, como en ejercicios anteriores, que las cuentas anuales del ejercicio 2020 muestran un grave desequilibrio. El patrimonio neto es negativo, por 219,8 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento.
- La liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario ajustado positivo de 552,1 millones de euros, y una variación neta de activos y pasivos financieros o aumento del endeudamiento, por 2.414,9 millones de euros.
- En cuanto a la evolución del resultado presupuestario, se observa una evolución positiva de reducción del déficit entre 2015 y 2017, que cambia de tendencia en los ejercicios 2018 y 2019 (por un incremento mayor en las obligaciones que en los derechos) y vuelve a disminuir en 2020 condicionado por los ingresos y gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia.
- En cuanto a la evolución de los ingresos, a pesar de no haberse modificado todavía el sistema de financiación autonómica que perjudica a la Comunitat Valenciana, los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 8 han experimentado una evolución positiva en los cinco últimos años, debido fundamentalmente al incremento de los ingresos por tributos cedidos. En el aumento de 2020 tienen un peso fundamental las transferencias corrientes recibidas de la Administración del Estado por el Fondo COVID-19.
- En el capítulo de la evolución de los gastos se observa que, después de la disminución del gasto real en 2016, se han encadenado aumentos hasta 2020, si bien este último está influido por la lucha contra la pandemia. Para conocer y comprender la evolución real del gasto y del déficit público de la Generalitat es necesario periodificar adecuadamente los gastos sanitarios que se han realizado efectivamente, pero que se trasladan contablemente a ejercicios presupuestarios posteriores por no tener crédito presupuestario suficiente.
- Después de un sustancial avance en 2016, la evolución del resultado presupuestario ajustado se deterioró en los años 2018 y 2019, con una mejora en 2020 debida a los fondos extraordinarios recibidos.
- En el ejercicio 2020 el resultado revisado presenta una evolución positiva, al disminuir el déficit respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, este aparente cambio de tendencia está motivado por la financiación adicional incondicionada recibida del Estado por el COVID-19, de 1.485,6 millones de euros, de forma que persiste el riesgo de que el déficit vuelva a aumentar cuando desaparezca la financiación adicional incondicionada, déficit difícil de equilibrar con el actual sistema de financiación autonómica.
LA INFRAFINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Como en otros ejercicios, la Sindicatura dedica un apartado de su informe a analizar la infrafinanciación autonómica y sus consecuencias. El ente fiscalizador apunta que, después de ocho años de espera, el 3 de diciembre de 2021 el Ministerio de Hacienda ha facilitado a las comunidades autónomas un primer documento con propuestas para la estimación de las necesidades relativas de gasto a partir de una nueva formulación de la variable “población ajustada”. A pesar de que la Sindicatura lo considera un primer paso hacia un nuevo modelo de financiación, apunta que todavía se desconoce la fórmula definitiva, el importe a repartir o si existirán fondos adicionales con varios criterios de reparto. Por otro lado, apunta el Informe, la Comunitat Valenciana tendrá que continuar exigiendo un resarcimiento de la parte de la deuda acumulada durante los últimos años a causa de la infrafinanciación, así como la implantación de un mecanismo transitorio que resuelva esta infrafinanciación durante el tiempo que transcurra hasta que se apruebe el nuevo modelo. En caso contrario, afirma el ente fiscalizador, la Administración de la Generalitat continuará viéndose sometida a la dificultad de conciliar simultáneamente el presupuesto adecuado de los gastos del estado de bienestar, el respeto a la estabilidad presupuestaria y un tratamiento ortodoxo de las previsiones de ingresos.
SOBRE EL ENDEUDAMIENTO
La deuda financiera asciende a 52.449,2 millones de euros. De este importe, 41.931,3 millones de euros corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial. El incremento experimentado durante 2020 se ha debido principalmente al aumento de las deudas con entidades de crédito (1.793,4 millones de euros) y a la deuda con el Estado por los mecanismos de financiación (1.298,8 millones de euros).
El endeudamiento según el Banco de España ha continuado creciendo y ha vuelto en el ejercicio 2020 a la senda ascendente en cuanto a porcentaje respecto del PIB, hasta alcanzar el 48,6%, y ha roto la tendencia de los ejercicios 2017-2019, a causa tanto del incremento de la deuda financiera como de la caída interanual del PIB del 9,6% en el ejercicio 2020.
En noviembre de 2021, la Sindicatura de Cuentas ha decidido ampliar su Programa Anual de Actuación con un informe específico sobre la deuda pública de la Comunitat Valenciana, respondiendo de inmediato a una petición de la comisión de investigación creada por las Corts Valencianas. Con este objeto se estudiará la evolución de la deuda hasta la actualidad y se calculará el efecto provocado por la infrafinanciación autonómica sufrida durante los últimos años.
EFECTOS EN EL SECTOR PÚBLICO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Durante los últimos años, la Sindicatura ha ido trasladando al volumen I del Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana una serie de advertencias de la comunidad científica sobre el cambio climático, el cénit en la extracción de combustibles fósiles y la escasez de los minerales necesarios para la transición energética. Con esto pretendemos alertar al Gobierno para que adapte con tiempo sus políticas de gasto y sus fuentes de ingresos ante los retos económicos y sociales relacionados con la necesaria desescalada económica para combatir la crisis climática y con el previsible decrecimiento impuesto por la reducción de la energía neta disponible per cápita.
Desgraciadamente, ya estamos sufriendo las consecuencias de estos desafíos. En este sentido, la comunidad científica advierte de que “las políticas para aplacar la crisis climática no tienen que centrarse en el alivio de los síntomas, sino en abordar su causa raíz: la sobreexplotación de la Tierra” y consideran que la preservación medioambiental no es compatible con el crecimiento económico, por lo que hay que planificar un decrecimiento.
SOBRE LA NECESIDAD DE AUMENTAR LOS RECURSOS DEDICADOS A LA CIBERSEGURIDAD
La total dependencia de los sistemas de información y de las comunicaciones que existe en la gestión pública hace que nuestras Administraciones sean cada vez más vulnerables ante los ciberataques, puesto que la implantación de una administración electrónica avanzada tiene, como contrapartida de su eficiencia, un fuerte aumento de la superficie de exposición ante las ciberamenazas, mayores riesgos de ciberseguridad y una mayor probabilidad de que se produzca una perturbación significativa en estos sistemas de la Generalitat debida a un ciberataque, que cada vez son más sofisticados y destructivos, y una interrupción en los servicios prestados a los ciudadanos. Por este motivo, la transformación digital tiene que ir inseparablemente unida a la ciberseguridad.
OTROS CONTENIDOS Y DISPONIBILIDAD DEL INFORME
Además de la fiscalización de la Cuenta General, el Informe recopila la fiscalización de entidades específicas de la Administración valenciana, cuyos informes individuales ya se han publicado a lo largo del segundo semestre de 2021: Autoridad de Transporte Metropolitano de València, Agencia Tributaria Valenciana, Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Sociedad Anónima de Medios de Comunicación, Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones y Certificación, SAU, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA, Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones y Certificación, SAU, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana y Consorcio Hospital Provincial de Castelló.
Los cinco volúmenes del Informe de la Cuenta General, así como los informes específicos, están disponibles para la descarga y consulta en el enlace:
