Las entidades públicas que no rindan a la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) serán sancionadas
Las entidades públicas que no rindan a la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) serán sancionadas, según recoge la última modificación que ha realizado el Parlamento de Canarias a la Ley que regula el funcionamiento de esta institución, por la que se podrá actuar en relación a aquellas administraciones y otras entidades del sector público que no colaboren en el ejercicio de las funciones de fiscalización externa con el objetivo de potenciar el control de las cuentas públicas.
La Cámara Regional ha añadido a la Ley de la Audiencia de Cuentas el artículo 44 que señala que cuando las administraciones no faciliten información al órgano de control externo autonómico “podrán ser requeridas del deber legal de hacerlo. Si, producido el requerimiento, en el plazo de quince días no se atiende el mismo, la Audiencia de Cuentas lo pondrá en conocimiento de las Tesorería de la Comunidad Autónoma, que procederá a retener el 2% de los pagos que puedan corresponder a la administración o entidad incumplidora. Cumplida la obligación legal de colaborar, se levantará la retención de pagos”.
El presidente de la ACC, Rafael Díaz, explica que este nuevo artículo confiere a la Audiencia de Cuentas de Canarias la posibilidad de que se actúe respecto de aquellas entidades públicas que no cumplen con las exigencias requeridas, lo que redundará en que la actividad de control sea más eficaz.
En este sentido, valora la sensibilidad mostrada por el Parlamento de Canarias ante el papel fiscalizador que desempeña la institución y considera que esta nueva facultad, además de suponer un avance en el ejercicio de la actividad de control, pretende adaptarse a las exigencias que plantean los ciudadanos con el fin de garantizar que el manejo que se hace desde el sector público de los recursos sea el más adecuado.
Asimismo, Díaz recuerda que los informes de fiscalización emitidos por las instituciones de control externo además de ser instrumentos importantes que deben servir a los gestores públicos para mejorar la toma de decisiones, puesto que en ellos se muestra la situación económico-financiera de las entidades y si su funcionamiento ha sido adecuado y eficaz, también son elementos esenciales que permiten a toda la sociedad conocer la gestión desarrollada y exigir, en su caso, responsabilidades a quienes manejan fondos públicos.
