Las instituciones de control externo se reúnen en Oviedo para seguir impulsando su coordinación
Esta mañana ha tenido lugar en Oviedo una nueva reunión de la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas, con representantes del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo de las comunidades autónomas. El encuentro ha estado presidido por el consejero del Tribunal de Cuentas, Ángel Algarra Paredes, ejerciendo de anfitrión el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo Fernández.
La Comisión se ha celebrado para seguir impulsando la realización de nuevas fiscalizaciones de manera coordinada, bajo los principios de lealtad institucional, máxima eficiencia en las actuaciones y mutua colaboración.
En la sesión se ha conocido formalmente el informe de fiscalización de las universidades públicas españolas, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 29 de enero. Este trabajo trae causa de la iniciativa de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, por la que se instó a desarrollar un informe que diese continuidad al elaborado en su momento, referido al ejercicio 2003. El que ahora se hace público tiene como ámbito temporal el ejercicio 2012 y llega en un momento clave para el sistema universitario español, preludio de nuevas reformas normativas y organizativas.
El principal valor de este informe es el de servir como elemento de fiscalización conjunta de la organización, la actividad económico-financiera y la gestión del conjunto de las universidades públicas españolas. En esta línea, los órganos de control externo de las comunidades autónomas también han aprobado informes específicos en sus respectivos ámbitos que complementan y amplían el informe horizontal del Tribunal de Cuentas.
En la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas también se han abordado otros asuntos de interés común para todas las instituciones de control externo. Se han puesto en común directrices para acometer nuevas fiscalizaciones horizontales sobre la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público autonómico español, así como sobre otros aspectos relativos a los contratos públicos.
Finalmente, se ha vuelto a insistir en la necesidad de que todas las comunidades autónomas que aún no lo han hecho adopten las modificaciones legislativas necesarias, por parte de sus respectivos parlamentos, para que la rendición de las cuentas generales se produzca no más tarde del 30 de junio del año siguiente al que corresponden, de manera que los resultados de la fiscalización se puedan presentar con mayor cercanía a la fecha de referencia.
Los acuerdos adoptados vuelven a poner de manifiesto la voluntad de las instituciones de control externo de reforzar los mecanismos de coordinación, no ya como un deber legal, sino también como una obligación inherente a su propio funcionamiento, en aras de un mayor grado de calidad, eficacia y eficiencia en sus trabajos de fiscalización.
