Sobre corrupción y transparencia

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Miguel Angel Cabezas de Herrera.
Síndico de Cuentas de Castilla la Mancha
Presidente de la Fundación FIASEP

 SOBRE CORRUPCION Y TRANSPARENCIA

Vivimos en una sociedad convulsa. A la extraordinaria crisis económica que padecemos; la peor desde el crack del 29, se une una profunda crisis de valores, de la que casi nadie habla, seguramente por la sobresaturación de malas noticias económicas. En un acertadísimo símil médico, el profesor Sampedro ha afirmado recientemente que nuestro mundo occidental está “ al borde del infarto social”[1] . En este contexto de crisis económica y de valores, los casos de corrupción llenan los medios de comunicación, con una enorme repercusión, hasta tal punto que, de acuerdo con la última encuesta del CIS, los políticos constituyen el tercer problema del país, por detrás del paro y la crisis económica. En una democracia, que es el único sistema político, con todos sus defectos, capaz de garantizar derechos y deberes y una convivencia social en paz, esto es gravísimo, y merece alguna reflexión.

Señalaba Jorge Semprún en “El hombre Europeo”, escrito con el ex primer ministro francés Villepin y parafraseando a Husserl, que “El máximo peligro para Europa es el hastío”[2]. Pues bien, es evidente que los primeros síntomas ya se han dejado notar, y de qué manera. El desinterés por los asuntos públicos es cada vez mayor en las generaciones más jóvenes, lo que se traduce en un alto índice de abstención electoral. Véase el ejemplo de la última convocatoria regional francesa. Pero seamos francos; además del asunto de la corrupción, sobre el que volveré después, ¿puede haber interés cuando la participación de los ciudadanos en la vida política es mínima y está mediatizada por la imposición de listas electorales cerradas y bloqueadas que impiden una elección directa, subordinando las personas elegidas al poder de los partidos?

Aunque este no es el asunto central de estas reflexiones, me parece importante traerlo a colación por cuanto, en situaciones de hastío e indignación más o menos generalizadas, son muy frecuentes las tentaciones de “cirujanos de hierro”, de las que nuestra historia no tan lejana está plagada, lo mismo que de pescadores populistas en río revuelto. Tan dañinos los unos como los otros. ¿Significa esto una reivindicación de la política? Rotundamente sí; de la Política con mayúsculas, de la res pública en la concepción clásica. Y de la democracia como sistema de convivencia eficaz, como el verdadero gobierno de los mejores, como auténtica participación ciudadana, con partidos pero sin partitocracia. En la profunda crisis de valores a la que empecé refiriéndome, este es el  primer valor a recuperar.

Pero volvamos a la corrupción. Como decía, raro es el día que no nos desayunamos con un nuevo escándalo financiero; sobornos, cohechos; tramas corruptas y un largo etcétera de figuras delictivas que parecería más bien de países autoritarios con escaso desarrollo en lugar de naciones  económicamente muy desarrolladas y con una democracia teóricamente avanzada. La corrupción no distingue ideologías y están saliendo a la luz casos que van más allá de amaños o cacicadas locales. Es cierto, como algunos afirman, que la gran mayoría de nuestros gestores públicos , la inmensa mayoría de  los casi 60.000 alcaldes y concejales españoles, de los cientos de dirigentes autonómicos y de la Administración central del Estado, administran los bienes públicos con diligencia y honradez. Es justo reconocerlo. Pero ello no resta ni un ápice de las consideraciones sobre la extraordinaria gravedad de la situación. Por la importancia de las causas abiertas, cuantitativa(¡las cifras!) y cualitativamente(las personas y los métodos). Y porque es un virus que es necesario atajar.

¿Es España un país culturalmente proclive a la corrupción?. Coincido con Víctor Lapuente Giné [3]en  señalar rotundamente que no. Dice Lapuente: “Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan «malas» culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.”

Más que de cultura tendríamos que hablar de formación, de educación en valores. Vuelvo al principio. La crisis verdaderamente grave no es la económica, siendo esta sangrante sobre los más desfavorecidos, sino la de valores. Hoy el dinero se ha convertido en el dios todopoderoso, capaz de controlar incluso al legítimo poder político, pervirtiendo el sistema desde su raíz(¡Ah, Montesquieu!) . Al egoísmo social acuñado por Adam Smith como base del mercado se ha sumado o superpuesto un egoísmo individual feroz, de supervivencia para unos, de acumulación para otros (el primero consecuencia del segundo). Y así nos va. Ahora que está tan de moda eso que pomposamente se ha dado en llamar “pactos de Estado”, hagamos uno para la formación en valores, donde el primero en enseñar sea la creencia en la radical igualdad de todos los seres humanos, con todas sus consecuencias y en el destierro del dinero como valor universal. Esa sería una magnífica apuesta a medio y largo plazo.

Mientras tanto, ¿qué hacemos con la corrupción? Si no es un fenómeno cultural, podríamos decir que es institucional. Eso es alentador, porque las instituciones pueden cambiarse más fácilmente que la cultura. Y, sobre todo, con más celeridad. Antes me referí a la partitocracia y a los vicios del sistema electoral. Ese sería un desiderátum viable y algo se mueve cuando el propio presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha mencionado la necesidad de una reforma de la legislación electoral, para acercar a electores y elegidos. Algo es algo.

Pero hay otras reformas necesarias y posibles. Alguno pensará que estoy obviando el asunto de la lucha directa contra la corrupción. Acierta de pleno. No creo que haga falta recordar la misión de policía, jueces y fiscales; de nosotros mismos como órganos de control externo o de fiscalización de las cuentas públicas, como nos definen nuestras leyes. Pero unos y otros llegamos hasta donde llegamos. Y decimos y hacemos bastante. Les propongo un ejercicio: Cojan cualquiera de los casos de corrupción que llenan los medios y buceen en los informes del órgano de control correspondiente de los ejercicios precedentes. Seguro que encuentran alguna referencia a contratos fraccionados, desviaciones del presupuesto, falta de concurrencia, y un largo etcétera. Otra cosa es que ese ejercicio lo hicieran, a tiempo, los obligados a ello.

Con independencia de que jueces, fiscales y órganos de control dispongan de más medios, lo cual no vendría mal, no soy de los que creen que éste sea un asunto de más leyes o mayor regulación. Vale la que tenemos, si se cumpliera. Un ejemplo: a pesar de la obligación de los ayuntamientos de rendir anualmente sus cuentas, sólo lo hace un bajísimo porcentaje. ¡Y hablamos sólo de rendir! Si  hablamos de cuentas auditadas debidamente, apaga y vámonos. En este sentido alguna reforma para exigir cuentas auditadas sería conveniente, pero me reafirmo en que no es cuestión de mayor regulación o de oficinas antifraude o, en definitiva, mayor burocracia, sino, junto a la educación en valores, de profilaxis o prevención.

En efecto, existe un variado conjunto de medidas, todas ellas al alcance de las instituciones, que pueden prevenir la corrupción, y que responden a un denominador común: TRANSPARENCIA (nótese que es la primera vez que utilizo el término, también muy de moda, pero poco puesto en práctica; lo hago así para ponerlo en valor). Este conjunto de medidas han sido enumeradas desde distintos ámbitos, especialmente desde la organización no gubernamental Transparencia Internacional y tienen como digo un carácter profiláctico pero que se está demostrando eficaz.

Hablaba antes de reformas institucionales como posibles y más rápidas. Cito sólo algunas como medidas de prevención de la corrupción. Promover la rotación de los funcionarios que ocupan puestos en áreas de riesgo; aplicar rigurosamente las normas sobre conflicto de intereses; reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso a la Administración. Lapuente Giné apunta una idea esencial: “que las decisiones se tomen conjuntamente por personas que representan intereses diferentes”( de nuevo Montesquieu).[4]

No quiero, por conocidas, repetir aquí toda esa panoplia de medidas que pueden y deben acometerse de manera urgente desde todas las administraciones públicas. Sé que me dirán enseguida, y no les falta razón, que con el poder hemos topado. Que no hay “voluntad política” Allá ellos.  Ahí esta la encuesta del CIS. Prefiero ser optimista. En cualquier caso, quiero hacer, por si acaso, una última reflexión, no por ello menos importante (el concepto, no lo que yo opine, por supuesto). Además de todo lo dicho, está la sociedad civil; el ciudadano, el que debiera ser protagonista y no lo es por las razones apuntadas; el pagano de la corrupción que esquilma las arcas públicas. Podrá o no haber voluntad política (¡qué poco me gusta el término!), pero los gobernantes y su voluntad pueden ser movidos, y  hasta removidos, por la voluntad popular, por la sociedad civil, especialmente en la era de Internet y de la globalización.

Ninguno de nosotros somos ángeles, ni tampoco los que nos gobiernan. Si así fuera, no harían falta controles, como ya dijo James Madison hace más de doscientos años. Pero en un gobierno de hombres sobre hombres, los controles y la prevención son necesarios. Y lo que se conoce como sociedad civil es quien mejor puede articular el control y la prevención. Estudiando, reflexionando, proponiendo, exigiendo y moviendo la voluntad política.

Forcemos entre todos, cada uno en nuestro ámbito, una mayor transparencia, una mayor accesibilidad a los asuntos públicos, una nueva jerarquía de valores. Habremos dado, sin duda, un gran paso contra la corrupción, en positivo. La historia es cíclica. Hay razones para la esperanza.