Todos los grupos parlamentarios navarros han aprobado una declaración defendiendo que la única institución que puede controlar la gestión económico-financiera de la comunidad es la Cámara de Comptos y apoyando de esta manera al Gobierno de Navarra, que se ha negado a facilitar la información requerida por el Tribunal de Cuentas para un informe sobre los planes económicos financieros y de ajuste de los ejercicios 2014 y 2015. Tras una primera negativa del consejero de Economía y Hacienda en marzo, el presidente del Tribunal de Cuentas remitió el pasado 4 de julio una carta a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, requiriendo nuevamente la información y dando para ello un plazo de quince días. El requerimiento apuntaba también que, en caso de no recibir dicha información, se aplicaría el artículo 30 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que concreta las sanciones para las administraciones que no faciliten los datos solicitados. El Gobierno de Navarra ha vuelto a negarse a facilitar la información.
Tanto el legislativo como el ejecutivo navarros han recordado que esta comunidad tiene un régimen privativo en materia económico-tributaria con una hacienda propia, capacidad de regulación de tributos y un pacto con el Estado que regula, entre otras cuestiones, la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado por las competencias no asumidas. Lógicamente, este régimen privativo se cierra con la capacidad exclusiva de controlar la gestión financiera a través de la Cámara de Comptos, como se recoge en el artículo 18 bis del Amejoramiento del Fuero.
La presidenta de la Cámara de Comptos se manifestó de la misma manera, afirmando que “el conflicto ahora planteado no deja de ser una confrontación más, estéril y sin sentido, derivada de un nuevo intento del Tribunal de Cuentas de fiscalizar las cuentas de Navarra, desconociendo su régimen foral y la fórmula pactada en el Amejoramiento. Frente a ello, el Gobierno y el Parlamento deben tener una postura unánime, contundente y clara, como siempre ha sido, en defensa de nuestra régimen privativo”. La postura de las instituciones navarras está avalada por dos informes jurídicos: uno de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra y el otro de la de la Cámara de Comptos.
Tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento y la Cámara de Comptos creen que esta situación se puede superar admitiendo que el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar directamente las cuentas de Navarra y obtener esa información a través del órgano fiscalizador de nuestra comunidad.
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en una recepción ofrecida el pasado 30 de mayo a los presidentes de las instituciones autonómicas del Estado
